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Judicial

Grupo de abogados denuncian penalmente al exfiscal Raúl Melara por omisión y Douglas Meléndez por armar pruebas en contra de Enrique Rais

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Este lunes, el apoderado legal del empresario Enrique Rais, Carlos Miranda, presentó en las instalaciones de las oficinas administrativas de la  Fiscalía General de la República (FGR), ubicada en la Sultana del municipio de Antiguo Cuscatlan del departamento de la Libertad, un escrito para pedir que se procese por una grave omisión al exfiscal Gral. de la República, Raúl Melara, ya que no acató una resolución del Grupo de Trabajo la Detención Arbitraria.

El exfiscal Raúl Melara, no acató las medidas de la resolución dada por la ONU, cometiendo el delito de omisión y por tal motivo los defensores del Sr. Enrique Rais, presentaron una denuncia demostrando que su representado ha sido procesado y perseguido ilegalmente y su derecho a la libertad física ha sido puesta en riesgo y podría ser arbitraria.

“Nosotros hemos comprobado que la fiscalía ha tenido una acción tendenciosa para perjudicar el control que nuestro representado tiene sobre la empresa MIDES, durante la administración de Duglas Melendez se fabricaron pruebas y se persiguió ilegalmente a nuestro defendido”. Así lo destacó su abogado Carlos Miranda.

El grupo de abogados destacaron que ya se encontraba un caso abierto en el que Rais, ya había sido sobre seguido en el juzgado 14 de paz y dicho caso fue citado en agosto del año 2016, ordenando una captura en que el Sr. Enrique Rais estaba esperando ser atendido por la fiscal del caso quien dicha fiscal del caso tuvo contacto con un ex abogado del Sr. Rais, el cual ha sido denunciado por patrocinio infiel.

En la documentación presentada solicitan al fiscal que revisen las actuaciones realizadas por la fiscalía y que se demuestre que hubieron intereses económicos que pretendieron despojar ilegalmente al Sr. Enrique Rais.

Según la información obtenida por parte del grupo de abogados abogados de Rais, hay  pruebas de la propia Fiscalía que la fiscal Giovvana Jiménez, arbitrariamente procedió a presentar un Requerimiento Fiscal contra el Sr. Rais, sobre un expediente que ya no estaba a su cargo, sino que había sido asignado a otra Unidad en la Fiscalía. Y ella, coordinada con un ex abogado de mi cliente y que está denunciado por patrocinio infiel comprobado en El Salvador y Suiza y otros abogados inescrupulosos ha mantenido a mi cliente en un caso, por el que su meta era exigirle más de Cincuenta millones de Dólares a nuestro cliente, eso es una “extorsión utilizando el Sistema Judicial” y no vamos a parar hasta que se haga justicia.

En una entrevista realizada y publicada por La Prensa Gráfica al ex abogado del Sr. Rais fue señalado de haber cometido fraudes procesales para afectar a dos personas, cuando la resolución de la PDDH, se ha referido a actuaciones institucionales. El Sr. Rais, se encuentra sometido a procesos judiciales, en los que por cierto se le han afectado a Él, sus derechos fundamentales como afirma Naciones Unidas y a pesar de ello, confiamos en que finalmente prevalecerá la justicia y se ratificará su inocencia. De manera que el Sr. Rais, no ha sido oído y vencido en juicio, por lo que de forma contundente exigimos a LA PRENSA GRÁFICA, que deje de realizar publicaciones tendenciosas en perjuicio del Sr. Rais y que solamente pretenden seguir manipulando la opinión pública (que ya no les cree) y generan una presión mediática que va en contra de la Independencia Judicial, sobre procesos en marcha.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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