Judicial
Grupo de abogados denuncian penalmente al exfiscal Raúl Melara por omisión y Douglas Meléndez por armar pruebas en contra de Enrique Rais
Este lunes, el apoderado legal del empresario Enrique Rais, Carlos Miranda, presentó en las instalaciones de las oficinas administrativas de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicada en la Sultana del municipio de Antiguo Cuscatlan del departamento de la Libertad, un escrito para pedir que se procese por una grave omisión al exfiscal Gral. de la República, Raúl Melara, ya que no acató una resolución del Grupo de Trabajo la Detención Arbitraria.
El exfiscal Raúl Melara, no acató las medidas de la resolución dada por la ONU, cometiendo el delito de omisión y por tal motivo los defensores del Sr. Enrique Rais, presentaron una denuncia demostrando que su representado ha sido procesado y perseguido ilegalmente y su derecho a la libertad física ha sido puesta en riesgo y podría ser arbitraria.
“Nosotros hemos comprobado que la fiscalía ha tenido una acción tendenciosa para perjudicar el control que nuestro representado tiene sobre la empresa MIDES, durante la administración de Duglas Melendez se fabricaron pruebas y se persiguió ilegalmente a nuestro defendido”. Así lo destacó su abogado Carlos Miranda.
El grupo de abogados destacaron que ya se encontraba un caso abierto en el que Rais, ya había sido sobre seguido en el juzgado 14 de paz y dicho caso fue citado en agosto del año 2016, ordenando una captura en que el Sr. Enrique Rais estaba esperando ser atendido por la fiscal del caso quien dicha fiscal del caso tuvo contacto con un ex abogado del Sr. Rais, el cual ha sido denunciado por patrocinio infiel.
En la documentación presentada solicitan al fiscal que revisen las actuaciones realizadas por la fiscalía y que se demuestre que hubieron intereses económicos que pretendieron despojar ilegalmente al Sr. Enrique Rais.
Según la información obtenida por parte del grupo de abogados abogados de Rais, hay pruebas de la propia Fiscalía que la fiscal Giovvana Jiménez, arbitrariamente procedió a presentar un Requerimiento Fiscal contra el Sr. Rais, sobre un expediente que ya no estaba a su cargo, sino que había sido asignado a otra Unidad en la Fiscalía. Y ella, coordinada con un ex abogado de mi cliente y que está denunciado por patrocinio infiel comprobado en El Salvador y Suiza y otros abogados inescrupulosos ha mantenido a mi cliente en un caso, por el que su meta era exigirle más de Cincuenta millones de Dólares a nuestro cliente, eso es una “extorsión utilizando el Sistema Judicial” y no vamos a parar hasta que se haga justicia.
En una entrevista realizada y publicada por La Prensa Gráfica al ex abogado del Sr. Rais fue señalado de haber cometido fraudes procesales para afectar a dos personas, cuando la resolución de la PDDH, se ha referido a actuaciones institucionales. El Sr. Rais, se encuentra sometido a procesos judiciales, en los que por cierto se le han afectado a Él, sus derechos fundamentales como afirma Naciones Unidas y a pesar de ello, confiamos en que finalmente prevalecerá la justicia y se ratificará su inocencia. De manera que el Sr. Rais, no ha sido oído y vencido en juicio, por lo que de forma contundente exigimos a LA PRENSA GRÁFICA, que deje de realizar publicaciones tendenciosas en perjuicio del Sr. Rais y que solamente pretenden seguir manipulando la opinión pública (que ya no les cree) y generan una presión mediática que va en contra de la Independencia Judicial, sobre procesos en marcha.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
