Judicial
Ginecólogo pagará $1,000 a una paciente a la que agredió cuando pasó consulta en su clínica particular
POR: El Salvador Times.
Debido a diversos problemas causados por un tumor, Carmen (nombre cambiado por protección a la víctima) decidió contactar con un médico especializado en ginecología y obstetricia para iniciar un tratamiento y combatir su padecimiento. Así, en 2013 comenzó el tratamiento médico que, según ella, ayudaría a sanar sus males de salud.
Ese año acudió a una clínica privada ubicada en el barrio San Jacinto, al sur de San Salvador, en donde el doctor Fredy Alexander L. C., quien actualmente tiene 48 años, la atendió debido a su problemática. Desde ese año, la paciente frecuentaba el centro de atención.
El pasado 21 de enero de 2017, Carmen sintió dolores en uno de sus órganos reproductores, por lo que fue a visitar al ginecólogo. Ese día fue crucial para ella, pues de paciente pasó a ser víctima de una supuesta violación sexual.
De acuerdo a lo que la mujer expresó ante la Fiscalía General de la República (FGR) al momento de interponer la denuncia, el galeno inició la revisión de rutina, pero lo que le pareció extraño fue que luego de haberse colocado guantes en cada una de sus manos, se quitó uno de ellos y colocó gel en sus dedos.
Tras esta acción, la mujer sintió que Fredy Alexander L. C. la tocaba y hacía cosas inusuales con ella, lo que -según la denuncia- comprobó cuando se levantó y fue al baño a revisar sus genitales. Entonces supo que había sido violada, de acuerdo a lo declarado.
La mujer testificó además que el sujeto le tocó los pechos bajo la excusa de que la estaba examinando.
En la etapa de la audiencia preliminar, el juez de Instrucción determinó que cambiaría la tipificación del caso, por lo que el médico ya no fue procesado por violación –que abarca una pena máxima de 10 años de prisión- sino por el delito de otras agresiones sexuales, por lo que la sentencia máxima era de seis años de cárcel.
En la audiencia de vista pública, realizada por el Tribunal 2° de Sentencia, la fiscal del caso intentó sin éxito que el delito volviera a considerarse una violación, pero la jueza consideró que no «hubo acciones graves» cometidas por el galeno, quien en todo momento gozó de medidas alternas a la detención.
Luego de un desfile de pruebas, testimoniales, documentales y periciales, el Tribunal le impuso un beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por tres años.
“Le impusieron reglas de conducta, es decir que no se deberá acerca a la víctima, no debe cambiar de domicilio, tendrá que cancelar la fianza y presentarse cada cuatro meses a la unidad de Vigilancia Penitenciaria”, comentó la fiscal.
Tras el fallo, el médico quedó detenido mientras cancela la suma de $1,000 impuestos en concepto de acción civil; una vez se haga efectivo el pago, será puesto en libertad.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
