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Judicial

Ginecólogo pagará $1,000 a una paciente a la que agredió cuando pasó consulta en su clínica particular

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POR: El Salvador Times.

Debido a diversos problemas causados por un tumor, Carmen (nombre cambiado por protección a la víctima) decidió contactar con un médico especializado en ginecología y obstetricia para iniciar un tratamiento y combatir su padecimiento. Así, en 2013 comenzó el tratamiento médico que, según ella, ayudaría a sanar sus males de salud.

Ese año acudió a una clínica privada ubicada en el barrio San Jacinto, al sur de San Salvador, en donde el doctor Fredy Alexander L. C., quien actualmente tiene 48 años, la atendió debido a su problemática. Desde ese año, la paciente frecuentaba el centro de atención.

El pasado 21 de enero de 2017, Carmen sintió dolores en uno de sus órganos reproductores, por lo que fue a visitar al ginecólogo. Ese día fue crucial para ella, pues de paciente pasó a ser víctima de una supuesta violación sexual.

De acuerdo a lo que la mujer expresó ante la Fiscalía General de la República (FGR) al momento de interponer la denuncia, el galeno inició la revisión de rutina, pero lo que le pareció extraño fue que luego de haberse colocado guantes en cada una de sus manos, se quitó uno de ellos y colocó gel en sus dedos.

Tras esta acción, la mujer sintió que Fredy Alexander L. C. la tocaba y hacía cosas inusuales con ella, lo que -según la denuncia- comprobó cuando se levantó y fue al baño a revisar sus genitales. Entonces supo que había sido violada, de acuerdo a lo declarado.

La mujer testificó además que el sujeto le tocó los pechos bajo la excusa de que la estaba examinando.

En la etapa de la audiencia preliminar, el juez de Instrucción determinó que cambiaría la tipificación del caso, por lo que el médico ya no fue procesado por violación –que abarca una pena máxima de 10 años de prisión- sino por el delito de otras agresiones sexuales, por lo que la sentencia máxima era de seis años de cárcel.

En la audiencia de vista pública, realizada por el Tribunal 2° de Sentencia, la fiscal del caso intentó sin éxito que el delito volviera a considerarse una violación, pero la jueza consideró que no «hubo acciones graves» cometidas por el galeno, quien en todo momento gozó de medidas alternas a la detención.

Luego de un desfile de pruebas, testimoniales, documentales y periciales, el Tribunal le impuso un beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por tres años.

“Le impusieron reglas de conducta, es decir que no se deberá acerca a la víctima, no debe cambiar de domicilio, tendrá que cancelar la fianza y presentarse cada cuatro meses a la unidad de Vigilancia Penitenciaria”, comentó la fiscal.

Tras el fallo, el médico quedó detenido mientras cancela la suma de $1,000 impuestos en concepto de acción civil; una vez se haga efectivo el pago, será puesto en libertad.

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15 años de cárcel para dos extorsionistas

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En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.

Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.

Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).

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Fiscalía lleva a juicio a 26 imputados por delitos de corrupción en alcaldía de Coatepeque

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.

Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.

El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.

El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.

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30 años de prisión para marero que asesinó a un policía

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Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.

De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.

«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.

En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.

El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.

Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.

El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.

La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.

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