Judicial
Ginecólogo pagará $1,000 a una paciente a la que agredió cuando pasó consulta en su clínica particular
POR: El Salvador Times.
Debido a diversos problemas causados por un tumor, Carmen (nombre cambiado por protección a la víctima) decidió contactar con un médico especializado en ginecología y obstetricia para iniciar un tratamiento y combatir su padecimiento. Así, en 2013 comenzó el tratamiento médico que, según ella, ayudaría a sanar sus males de salud.
Ese año acudió a una clínica privada ubicada en el barrio San Jacinto, al sur de San Salvador, en donde el doctor Fredy Alexander L. C., quien actualmente tiene 48 años, la atendió debido a su problemática. Desde ese año, la paciente frecuentaba el centro de atención.
El pasado 21 de enero de 2017, Carmen sintió dolores en uno de sus órganos reproductores, por lo que fue a visitar al ginecólogo. Ese día fue crucial para ella, pues de paciente pasó a ser víctima de una supuesta violación sexual.
De acuerdo a lo que la mujer expresó ante la Fiscalía General de la República (FGR) al momento de interponer la denuncia, el galeno inició la revisión de rutina, pero lo que le pareció extraño fue que luego de haberse colocado guantes en cada una de sus manos, se quitó uno de ellos y colocó gel en sus dedos.
Tras esta acción, la mujer sintió que Fredy Alexander L. C. la tocaba y hacía cosas inusuales con ella, lo que -según la denuncia- comprobó cuando se levantó y fue al baño a revisar sus genitales. Entonces supo que había sido violada, de acuerdo a lo declarado.
La mujer testificó además que el sujeto le tocó los pechos bajo la excusa de que la estaba examinando.
En la etapa de la audiencia preliminar, el juez de Instrucción determinó que cambiaría la tipificación del caso, por lo que el médico ya no fue procesado por violación –que abarca una pena máxima de 10 años de prisión- sino por el delito de otras agresiones sexuales, por lo que la sentencia máxima era de seis años de cárcel.
En la audiencia de vista pública, realizada por el Tribunal 2° de Sentencia, la fiscal del caso intentó sin éxito que el delito volviera a considerarse una violación, pero la jueza consideró que no «hubo acciones graves» cometidas por el galeno, quien en todo momento gozó de medidas alternas a la detención.
Luego de un desfile de pruebas, testimoniales, documentales y periciales, el Tribunal le impuso un beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por tres años.
“Le impusieron reglas de conducta, es decir que no se deberá acerca a la víctima, no debe cambiar de domicilio, tendrá que cancelar la fianza y presentarse cada cuatro meses a la unidad de Vigilancia Penitenciaria”, comentó la fiscal.
Tras el fallo, el médico quedó detenido mientras cancela la suma de $1,000 impuestos en concepto de acción civil; una vez se haga efectivo el pago, será puesto en libertad.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
