Judicial
Ginecólogo pagará $1,000 a una paciente a la que agredió cuando pasó consulta en su clínica particular
POR: El Salvador Times.
Debido a diversos problemas causados por un tumor, Carmen (nombre cambiado por protección a la víctima) decidió contactar con un médico especializado en ginecología y obstetricia para iniciar un tratamiento y combatir su padecimiento. Así, en 2013 comenzó el tratamiento médico que, según ella, ayudaría a sanar sus males de salud.
Ese año acudió a una clínica privada ubicada en el barrio San Jacinto, al sur de San Salvador, en donde el doctor Fredy Alexander L. C., quien actualmente tiene 48 años, la atendió debido a su problemática. Desde ese año, la paciente frecuentaba el centro de atención.
El pasado 21 de enero de 2017, Carmen sintió dolores en uno de sus órganos reproductores, por lo que fue a visitar al ginecólogo. Ese día fue crucial para ella, pues de paciente pasó a ser víctima de una supuesta violación sexual.
De acuerdo a lo que la mujer expresó ante la Fiscalía General de la República (FGR) al momento de interponer la denuncia, el galeno inició la revisión de rutina, pero lo que le pareció extraño fue que luego de haberse colocado guantes en cada una de sus manos, se quitó uno de ellos y colocó gel en sus dedos.
Tras esta acción, la mujer sintió que Fredy Alexander L. C. la tocaba y hacía cosas inusuales con ella, lo que -según la denuncia- comprobó cuando se levantó y fue al baño a revisar sus genitales. Entonces supo que había sido violada, de acuerdo a lo declarado.
La mujer testificó además que el sujeto le tocó los pechos bajo la excusa de que la estaba examinando.
En la etapa de la audiencia preliminar, el juez de Instrucción determinó que cambiaría la tipificación del caso, por lo que el médico ya no fue procesado por violación –que abarca una pena máxima de 10 años de prisión- sino por el delito de otras agresiones sexuales, por lo que la sentencia máxima era de seis años de cárcel.
En la audiencia de vista pública, realizada por el Tribunal 2° de Sentencia, la fiscal del caso intentó sin éxito que el delito volviera a considerarse una violación, pero la jueza consideró que no «hubo acciones graves» cometidas por el galeno, quien en todo momento gozó de medidas alternas a la detención.
Luego de un desfile de pruebas, testimoniales, documentales y periciales, el Tribunal le impuso un beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por tres años.
“Le impusieron reglas de conducta, es decir que no se deberá acerca a la víctima, no debe cambiar de domicilio, tendrá que cancelar la fianza y presentarse cada cuatro meses a la unidad de Vigilancia Penitenciaria”, comentó la fiscal.
Tras el fallo, el médico quedó detenido mientras cancela la suma de $1,000 impuestos en concepto de acción civil; una vez se haga efectivo el pago, será puesto en libertad.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
