Judicial
Ginecólogo pagará $1,000 a una paciente a la que agredió cuando pasó consulta en su clínica particular
POR: El Salvador Times.
Debido a diversos problemas causados por un tumor, Carmen (nombre cambiado por protección a la víctima) decidió contactar con un médico especializado en ginecología y obstetricia para iniciar un tratamiento y combatir su padecimiento. Así, en 2013 comenzó el tratamiento médico que, según ella, ayudaría a sanar sus males de salud.
Ese año acudió a una clínica privada ubicada en el barrio San Jacinto, al sur de San Salvador, en donde el doctor Fredy Alexander L. C., quien actualmente tiene 48 años, la atendió debido a su problemática. Desde ese año, la paciente frecuentaba el centro de atención.
El pasado 21 de enero de 2017, Carmen sintió dolores en uno de sus órganos reproductores, por lo que fue a visitar al ginecólogo. Ese día fue crucial para ella, pues de paciente pasó a ser víctima de una supuesta violación sexual.
De acuerdo a lo que la mujer expresó ante la Fiscalía General de la República (FGR) al momento de interponer la denuncia, el galeno inició la revisión de rutina, pero lo que le pareció extraño fue que luego de haberse colocado guantes en cada una de sus manos, se quitó uno de ellos y colocó gel en sus dedos.
Tras esta acción, la mujer sintió que Fredy Alexander L. C. la tocaba y hacía cosas inusuales con ella, lo que -según la denuncia- comprobó cuando se levantó y fue al baño a revisar sus genitales. Entonces supo que había sido violada, de acuerdo a lo declarado.
La mujer testificó además que el sujeto le tocó los pechos bajo la excusa de que la estaba examinando.
En la etapa de la audiencia preliminar, el juez de Instrucción determinó que cambiaría la tipificación del caso, por lo que el médico ya no fue procesado por violación –que abarca una pena máxima de 10 años de prisión- sino por el delito de otras agresiones sexuales, por lo que la sentencia máxima era de seis años de cárcel.
En la audiencia de vista pública, realizada por el Tribunal 2° de Sentencia, la fiscal del caso intentó sin éxito que el delito volviera a considerarse una violación, pero la jueza consideró que no «hubo acciones graves» cometidas por el galeno, quien en todo momento gozó de medidas alternas a la detención.
Luego de un desfile de pruebas, testimoniales, documentales y periciales, el Tribunal le impuso un beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por tres años.
“Le impusieron reglas de conducta, es decir que no se deberá acerca a la víctima, no debe cambiar de domicilio, tendrá que cancelar la fianza y presentarse cada cuatro meses a la unidad de Vigilancia Penitenciaria”, comentó la fiscal.
Tras el fallo, el médico quedó detenido mientras cancela la suma de $1,000 impuestos en concepto de acción civil; una vez se haga efectivo el pago, será puesto en libertad.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
