Judicial
FOTOS: Sujetos se dedicaban a vender «metanfetaminas» con pandilleros en Estados Unidos

El Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador instaló audiencia contra los procesados José Roberto Sorto Campos, María Isabel Soriano de Sandoval, Marta Beatriz Cubías Gómez, Catalina Sorto, Ana Mabel Rodríguez, Diego David Aristondo Aragón, Julián Villacorta y Carlos Alexander Sandoval Batres.
Los procesados son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de tráfico ilícitos de droga, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, provisión de armas, municiones, explosivos y artículos similares a las agrupaciones ilícitas o crimen organizado, entre otros.
Este día declararon dos testigos, quienes fueron víctimas de estas estructuras, quienes en su posición de agentes policiales se les aviso que se tenía conocimiento por las escuchas telefónicas que sujetos querían atentar contra ellos, manifestando uno de ellos que el 20 de febrero sufrió un atentado en San Miguel, donde sujetos le dispararon en varias ocasiones.
Se prevé que los testigos finalicen de declarar mañana, para que el jueves se puedan escuchar los audios de las intervenciones telefónicas, donde según la FGR, se evidenciara el contacto que tenían los miembros de esta supuesta estructura, con pandilleros en Estados Unidos, donde se dedican a vender metanfetaminas.
Judicial
Condenan a 45 años de prisión a sujeto por homicidio com arma blanca

Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Judicial
Detienen a sujeto tras agredir a su ex y a su propia hija pese a orden de alejamiento

Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
Judicial
Discusión entre mujeres en transporte público llega hasta los tribunales de Ilopango

Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.