Judicial
Fiscal general afirma que resoluciones de Sala son “de obligatorio cumplimiento”
El Fiscal General, Raúl Melara, recordó con publicaciones en sus cuentas de redes sociales que en El Salvador existe un Estado de derecho que contiene dentro de sí un sistema de pesos y contrapesos entre poderes públicos y al que todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios, están obligados a someterse.
“La Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) es parte de ese sistema y por ende, sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento”, señaló.
Advirtió, además, que la institución que administra “se mantendrá siempre como garante de la legalidad”.
Ayer los magistrados resolvieron que los decretos que ha emitido en las últimas cinco semanas la Presidencia de la República son inválidos en lo referente a la facultad que se ha arrogado de retener y llevar a centros de contención a los ciudadanos que violen la cuarentena domiciliaria actualmente vigente.
“Los actos del Poder Ejecutivo como decretos o reglamentos no tienen validez alguna para limitar derechos fundamentales”, indicó la Sala en una resolución de seguimiento de los hábeas corpus donde se aclara que las retenciones realizadas por el Gobierno son ilegales.
Los magistrados señalaron que solo una “ley formal” puede amparar las retenciones, es decir, un decreto emitido por la Asamblea Legislativa.
El Gobierno ha reiterado que ciertos decretos Ejecutivos en el ramo de Salud Pública facultan a los cuerpos de seguridad realizar retenciones de quienes violen la cuarentena.
Sin embargo, la Sala invalidó esa postura y le ordenó al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, al Ministro de la Defensa, René Merino Monroy, y al Ministerio de Salud, Francisco Alabi, elaborar en “el plazo máximo de cinco días hábiles” un registro de las personas privadas de libertad por violación a la cuarentena.
Estos registros deben tener: datos de identificación de los retenidos, las condiciones en que fueron privadas de libertad (fecha, hora, lugar, motivos aducidos por la autoridad e identificación de quienes la realizaron), los lugares adonde fueron remitidos inmediatamente después de su privación de libertad y los lugares adonde fueron conducidos posteriormente.
Asimismo, la Sala ordenó al Ministro de Salud elaborar (en un plazo de tres días) la lista completa con nombres, cargos y centros de contención respectivos (ubicación o dirección, denominación y datos de contacto), de las personas que están administrando o que son responsables de cada uno de dichos lugares.
Después de esa resolución el presidente Nayib Bukele tuiteó que no iba acatar la resolución porque le estaba ordenando dejar morir a los salvadoreños.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que varios miembros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 51 años de cárcel tras ser encontrados culpables del delito de feminicidio agravado en perjuicio de una joven de 21 años.
Según las investigaciones, los imputados citaron a la víctima bajo engaños a una vivienda ubicada en el cantón Las Pillas, en San Ignacio, Chalatenango, donde fue atacada y posteriormente estrangulada. De acuerdo con la información fiscal, tras cometer el crimen, los responsables arrojaron el cuerpo a un pozo con el propósito de ocultar la evidencia.
El hecho ocurrió en octubre de 2021. Tras el desarrollo del proceso judicial, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres emitió las condenas correspondientes contra los involucrados.
A 12 años de prisión fueron condenados Tomás Quintanilla Brizuela y Domingo Najarro Domínguez por intentar asesinar a un menor de edad.
La pena se las impuso el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, tras revisar la prueba presentada por la Fiscalía General de la República durante en la vista pública.
El hecho ocurrió la noche del 29 de noviembre de 2023, en el cantón Santa Isabel, distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima, con régimen de protección, recibió una golpiza después de asistir a una fiesta bailable.
Los agresores en estado de ebriedad, se fueron con la víctima hacia una tienda del sector donde la atacaron, el día siguiente, al llegar a su vivienda, el adolescente fue llevado a un hospital para que fuera atendido por la gravedad de las lesiones, sobre todo en el abdomen.
El juicio contra nueve integrantes de la clica y programa Hollywood de la MS, procesados por el delito de feminicidio agravado, inició este sábado, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación fiscal, el 12 de octubre de 2021 los imputados citaron a la víctima a un inmueble ubicado en el cantón Las Pilas, en San Ignacio, Chalatenango. En ese lugar, presuntamente la acusaron de ser informante de las autoridades.
Según el fiscal del caso, la mujer fue agredida verbal y sexualmente y posteriormente estrangulada. La investigación también establece que los imputados arrojaron el cadáver a un pozo de la localidad, donde fue encontrado por las autoridades tres días después.
La Fiscalía indicó que cuenta con prueba documental, pericial y testimonial para sustentar la acusación, incluyendo declaraciones de varios testigos. Uno de ellos habría identificado la participación de los procesados en los hechos.
De los nueve imputados, siete se encuentran presentes en la vista pública: Francisco Avelar, Sergio Mauricio Murcia Reyes, Tito Armando Regalado Maldonado, Jesús Vásquez Rodríguez, Yonathan Armando Ardón Rivera, Víctor Manuel Rivera Vásquez y José Ignacio López Vásquez.
La institución señaló que estos dos últimos también enfrentan cargos por actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas. Asimismo, Óscar Arnoldo Huezo Mena, alias “Chiva”, y Giovanny de Jesús Vásquez Chavarría, alias “Curra”, fueron declarados rebeldes en el proceso y son procesados por los mismos delitos adicionales.
La representación fiscal informó que solicitará las penas máximas de prisión para los nueve acusados. La vista pública continuará el lunes con la declaración de otros testigos.
