Judicial
FGR pide suspender proceso contra Muyshondt, Lüers y Arístides Valencia en caso Tregua
El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador, a petición fiscal, prorrogó para el 19 de junio de 2021 el plazo de instrucción del caso donde procesan al alcalde capitalino Ernesto Luis Muyshondt García Prieto, el exministro de Justicia y Seguridad, Benito Antonio Lara Fernández, el exministro de Gobernación, Ramón Arístides Valencia Arana, Wilson Alexander Alvarado Alemán y el periodista Arn Richard Lüers, conocido como Paolo Lüers y Mario Alberto Mijangos, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude procesal.
La solicitud de ampliar a seis meses más se debe a un escrito presentado por la representación fiscal para realizar más diligencias de investigación autorizadas por la jueza y por considerarla compleja y con múltiples eventos.
Entre las diligencias a desarrollar están reconocimientos en rueda de personas, inspecciones oculares, entrevistas a testigos ofrecidas por los imputados, vaciado de información de dispositivos electrónicos y solicitud de bitácoras de teléfonos, así como analizar videos. El plazo de instrucción original vence este 14 de diciembre.
La investigación del presente caso se originó debido a declaraciones de dos testigos criteriados de oportunidad denominados “Noé” y “Salomón”, quienes eran miembros activos de grupos terroristas en la época en que presuntamente ocurrieron los hechos. Estos señalaron que se mantenían negociaciones con beneficios bilaterales entre maras y dichos actores políticos que benefició a terroristas al interior de los centros penales y a los que estaban en libertad, presuntamente.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los delitos se cometieron durante el período de octubre de 2013 a febrero de 2015. Presuntamente los políticos, tanto del FMLN y ARENA, se habían reunido con miembros de tres estructuras terroristas en el marco de las elecciones presidenciales del 2014.
Presuntamente el FMLN, según los testigos, pagó a estos grupos un total de 433 mil dólares. Mientras que ARENA pagó 138 mil dólares, presuntamente con la intención de salir favorecidos en las elecciones de alcaldes y diputados en el año 2015.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
