Judicial
FGR pide que pandilleros sean condenados a 25 años de cárcel por 22 asesinatos en Vista al Lago
El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador continúa desarrollando por tercer día consecutivo el juicio contra una estructura de la MS-13 señalada de matar a 22 personas, entre las víctimas hay cuatro militares, un policía y pandilleros rivales.
Durante la realización de la audiencia de vista pública, realizada hoy, el fiscal del caso aseguró que están solicitando hasta 25 años de prisión por cada homicidio, se detalló que uno de los sospechosos sumaría cerca de 250 años de prisión, de ser condenados.
«Vamos para los alegatos finales en cuanto a los casos que se han dilucidado respecto a los homicidios agravados, privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Se va a establecer la participación de cada uno de los imputados en los hechos delictivos que se les acreditan penalmente», aseguró el fiscal del caso.
En este caso son procesados 32 personas entre pandilleros y sus colaboradores; según la Fiscalía, todos forman parte de una estructura delinque en la zona de la colonia Vista al Lago, en Ilopango.
Los asesinatos que les vinculan las autoridades ocurrieron entre los años 2008, 2009, 2013, 2015 y 2017. La Fiscalía asegura que de cada uno de los criminales tiene detallada su participación en los crímenes.
«Se ha establecido la participación de cada uno de los imputados y la acción que realizó en cada uno de los hechos que se les está imputando. Los identifican por sus alias y hay reconocimiento positivo por cada uno de los sujetos», explicó la fuente fiscal.
Las investigaciones policiales y fiscales han determinado que la forma de delinquir de estos mareros era, primero, interceptaban a las víctimas, las privaban de libertad y luego las llevaban a sectores desolados para matarlas, después los cuerpos eran enterrados en fosas clandestinas en Vista al Lago.
«Los asesinaban solo si creían que eran miembros de la pandilla contraria o por pertenecer a alguna institución de gobierno, o de seguridad», comentó el fiscal respecto al perfil de las víctimas.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
