Judicial
FGR pide que pandilleros sean condenados a 25 años de cárcel por 22 asesinatos en Vista al Lago
El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador continúa desarrollando por tercer día consecutivo el juicio contra una estructura de la MS-13 señalada de matar a 22 personas, entre las víctimas hay cuatro militares, un policía y pandilleros rivales.
Durante la realización de la audiencia de vista pública, realizada hoy, el fiscal del caso aseguró que están solicitando hasta 25 años de prisión por cada homicidio, se detalló que uno de los sospechosos sumaría cerca de 250 años de prisión, de ser condenados.
«Vamos para los alegatos finales en cuanto a los casos que se han dilucidado respecto a los homicidios agravados, privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Se va a establecer la participación de cada uno de los imputados en los hechos delictivos que se les acreditan penalmente», aseguró el fiscal del caso.
En este caso son procesados 32 personas entre pandilleros y sus colaboradores; según la Fiscalía, todos forman parte de una estructura delinque en la zona de la colonia Vista al Lago, en Ilopango.
Los asesinatos que les vinculan las autoridades ocurrieron entre los años 2008, 2009, 2013, 2015 y 2017. La Fiscalía asegura que de cada uno de los criminales tiene detallada su participación en los crímenes.
«Se ha establecido la participación de cada uno de los imputados y la acción que realizó en cada uno de los hechos que se les está imputando. Los identifican por sus alias y hay reconocimiento positivo por cada uno de los sujetos», explicó la fuente fiscal.
Las investigaciones policiales y fiscales han determinado que la forma de delinquir de estos mareros era, primero, interceptaban a las víctimas, las privaban de libertad y luego las llevaban a sectores desolados para matarlas, después los cuerpos eran enterrados en fosas clandestinas en Vista al Lago.
«Los asesinaban solo si creían que eran miembros de la pandilla contraria o por pertenecer a alguna institución de gobierno, o de seguridad», comentó el fiscal respecto al perfil de las víctimas.
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz, enjuiciará durante cuatro semanas al exalcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez y varios miembros de su exconcejo por delitos de corrupción.
A la vista pública que se realiza en la sede del centro judicial de Santa Tecla han comparecido siete de los acusados, otros cinco son procesados como ausentes, gracias a las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa al Código Procesal Penal, las cuales facultan enjuiciar a imputados prófugos.
La Fiscalía General de la República les atribuye los delitos de peculado e incumplimiento de deberes en el período 2012 al 2015.
Una de las fiscales dijo que se les cuestiona por tres proyectos. El primero tiene que ver con la compra de un terreno para construir un cementerio municipal y un parque ecológico.
El inmueble fue adquirido en $236,000, y en la compraventa acordada se tenía una extensión determinada, pero en la escritura aparece una menor cantidad de terreno.
Para el cementerio se desembolsó $50,000, pero al final no se hizo nada de ese proyecto y para el parque ecológico se gastaron $260,000.
También se le acusa al prófugo exalcalde Marvin Ulises Rodríguez «de mover dinero de las cuentas del FODES que venían directamente para la alcaldía, para su cuenta personal y del tesorero municipal de ese entonces, Edwin León», manifestó la representante del ministerio público.
Documentos y pericias concluyen que Rodríguez transfirió entre $60,000 y $70,000 de los fondos FODES a su cuenta personal y lo hizo a través de transacciones bancarias.
Al comenzar la vista pública, la Fiscalía expuso al tribunal colegiado que durante el desarrollo de la diligencia presentará testimonios, pericias y documentos para acreditar los actos de corrupción consumados por los 12 acusados.
Un joven de 18 años enfrenta una detención provisional tras intentar vender una motocicleta robada, sin la documentación correspondiente, a su verdadero propietario.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, César Iván H. adquirió la motocicleta el 23 de diciembre del año pasado por 600 dólares, sin realizar los trámites legales necesarios. Posteriormente, el 11 de enero, publicó el vehículo en la plataforma de Marketplace por 700 dólares.
El joven recibió el interés de un supuesto comprador y acordaron llevar a cabo la transacción en Soyapango. Sin embargo, durante la entrega, el comprador resultó ser el dueño legítimo de la motocicleta, quien había denunciado el robo y estaba trabajando con la Policía para recuperar su vehículo.
Como resultado de esta situación, César Iván H. fue detenido por las autoridades, quienes continúan investigando el caso.
La Fiscalía General de la República expuso al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador los alegatos finales en el juicio del exalcalde de la capital Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios por retener $5,492,588.48 de cuotas laborales.
Los fiscales hicieron una síntesis de cada uno de los elementos de prueba que durante el juicio fueron presentados y que a su juicio establece la participación de cada uno de los imputados.
Para Muyshondt, los fiscales pidieron condena de 22 años por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
Mientras que, 14 años para el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González, a quien le atribuyen apropiación y retención de cuotas laborales en perjuicio 45 trabajadores de la municipalidad e incumplimiento de deberes.
La Fiscalía solicitó 20 años para el extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, procesado de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes.
Mientras que para para Francisco José Rivera Chacón, señalado de apropiación indebida de retenciones tributarias, los fiscales pidieron 16 años.
La Fiscalía le expresó al tribunal que los testigos presentados fueron contundentes en manifestar la conducta dolosa de retener y apropiarse de los fondos.
Se mencionó que la directora de Finanzas y la pagadora de Desechos Sólidos, declararon que a través de correos electrónicos pidieron que se transfirieran los fondos para pagar las cuotas previsionales, pero Portillo Linares incumplió los procedimientos administrativos para el desembolso del dinero.
El ministerio público pidió a los jueces que se valore los documentos donde evidencia que a los empleados les hicieron las retenciones, pero nunca llegaron los desembolsos para pagar a diversas entidades, entre ellas las AFP e instituciones bancarias.
