Judicial
FGR acusa a Norman Quijano por negociar con pandillas y pide que se le decrete detención
Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA, fue acusado ayer en la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
La Fiscalía General de la República (FGR), acudió al tribunal superior para iniciarle el proceso penal luego que la Asamblea Legislativa le retirara la inmunidad de la que gozaba por ser diputado.
Los fiscales del Grupo contra la Impunidad que han hecho la investigación, solicitaron a la Cámara que someta a Quijano al proceso penal.
«Se solicita a la Cámara Primera de lo Penal que cite al justiciable para hacerle del conocimiento de los hechos que se le atribuyen y que se pronuncie sobre los abogados que deberán ejercer la defensa técnica y que se señale fecha y hora para la audiencia inicial».
El ministerio público al momento de judicializar el caso pidió que al realizarse la audiencia inicial se le decrete la detención provisional al ahora diputado del Parlacen.
Luego de recibir el expediente los magistrados deberán citar al imputado para que acuda a esa sede judicial y ser notificado de los delitos que la Fiscalía le atribuye, si decide no comparecer puede enviar a algún abogado que lo represente.
De lo contrario la Cámara deberá pedir a la Procuraduría General de la República que le asigne un defensor público, es probable que la abogada que lo defendió en el antejuicio seguido en la Asamblea Legislativa comparezca por ya estar nombrada.
La audiencia inicial se puede realizar sin la presencia de Quijano, pero si llega la fecha de audiencia preliminar y no comparece, será declarado rebelde por los magistrados y se archivarán las actuaciones hasta que acuda, ya que el curso de la instrucción no se suspende.
Antecedentes
Norman Quijano fue mencionado junto a otros políticos de ARENA y del FMLN en el caso conocido como «Operación Cuscatlán», en la sentencia de esa causa penal contra de 425 pandilleros de la Mara Salvatrucha, el Juez Especializado de Sentencia A de San Salvador, Godofredo Salazar, divulgó tres videos en los que se observa al excandidato a la presidencia por ARENA, Norman Quijano; al exministro de gobernación, Arístides Valencia, y al exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt, sosteniendo una reunión con jefes de pandillas.
Además, el expresidente de ARENA, Jorge Velado, ya fallecido, fue mencionado en ese juicio, el testigo criteriado «Noé» dijo que Velado estuvo en una reunión en la que participó el exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano, quien también ya murió.
Salazar, cuando emitió el fallo, dijo que la Fiscalía General de la República estaba obligada a investigar a los políticos señalados, agregó que se habían sentado a negociar con las pandillas, quienes son «gánster y mercenarios» y que «es inaudito cómo planificaron hechos delictivos».
En la acusación presentada por la Fiscalía, se le atribuye el fraude electoral porque supuestamente entregó casi $100,000 a miembros de pandillas con el fin de obtener beneficios electorales durante la campaña presidencial del año 2014, mientras que las agrupaciones ilícitas tienen que ver con las reuniones y el pacto que hizo con las pandillas.
El ministerio público señala a Quijano de dos delitos contemplados en el Código Penal y se ha ofrecido en el expediente los videos de las reuniones en las que se observa a Quijano negociando con miembros de las tres pandillas en la iglesia de una red de pastores.
Otros políticos procesados
El 24 de junio del año 2021, la Fiscalía presentó en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador la investigación final (dictamen de acusación) en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara; y los «mediadores» Paolo Lüers, Raúl Mijango y Wilson Alvarado, acusados también de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Al igual que Quijano, Fiscalía los acusa de haber negociado con cabecillas de maras votos para las elecciones presidenciales del 2014 y los comicios legislativos y municipales del 2015.
En contra de Quijano y los demás políticos la Fiscalía ha presentado escuchas telefónicas, videos donde los políticos aparecen reunidos con los cabecillas de las pandillas y la declaración de los criteriados «Noé» y «Salomón». Los testigos han dicho que el FMLN pagó $433,000 para que votaran por Salvador Sánchez Cerén en el 2014 y que ARENA entregó $100,000, Muyshondt habría entregado $69,000.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
