Judicial
FGR acusa a Norman Quijano por negociar con pandillas y pide que se le decrete detención
Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA, fue acusado ayer en la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
La Fiscalía General de la República (FGR), acudió al tribunal superior para iniciarle el proceso penal luego que la Asamblea Legislativa le retirara la inmunidad de la que gozaba por ser diputado.
Los fiscales del Grupo contra la Impunidad que han hecho la investigación, solicitaron a la Cámara que someta a Quijano al proceso penal.
«Se solicita a la Cámara Primera de lo Penal que cite al justiciable para hacerle del conocimiento de los hechos que se le atribuyen y que se pronuncie sobre los abogados que deberán ejercer la defensa técnica y que se señale fecha y hora para la audiencia inicial».
El ministerio público al momento de judicializar el caso pidió que al realizarse la audiencia inicial se le decrete la detención provisional al ahora diputado del Parlacen.
Luego de recibir el expediente los magistrados deberán citar al imputado para que acuda a esa sede judicial y ser notificado de los delitos que la Fiscalía le atribuye, si decide no comparecer puede enviar a algún abogado que lo represente.
De lo contrario la Cámara deberá pedir a la Procuraduría General de la República que le asigne un defensor público, es probable que la abogada que lo defendió en el antejuicio seguido en la Asamblea Legislativa comparezca por ya estar nombrada.
La audiencia inicial se puede realizar sin la presencia de Quijano, pero si llega la fecha de audiencia preliminar y no comparece, será declarado rebelde por los magistrados y se archivarán las actuaciones hasta que acuda, ya que el curso de la instrucción no se suspende.
Antecedentes
Norman Quijano fue mencionado junto a otros políticos de ARENA y del FMLN en el caso conocido como «Operación Cuscatlán», en la sentencia de esa causa penal contra de 425 pandilleros de la Mara Salvatrucha, el Juez Especializado de Sentencia A de San Salvador, Godofredo Salazar, divulgó tres videos en los que se observa al excandidato a la presidencia por ARENA, Norman Quijano; al exministro de gobernación, Arístides Valencia, y al exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt, sosteniendo una reunión con jefes de pandillas.
Además, el expresidente de ARENA, Jorge Velado, ya fallecido, fue mencionado en ese juicio, el testigo criteriado «Noé» dijo que Velado estuvo en una reunión en la que participó el exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano, quien también ya murió.
Salazar, cuando emitió el fallo, dijo que la Fiscalía General de la República estaba obligada a investigar a los políticos señalados, agregó que se habían sentado a negociar con las pandillas, quienes son «gánster y mercenarios» y que «es inaudito cómo planificaron hechos delictivos».
En la acusación presentada por la Fiscalía, se le atribuye el fraude electoral porque supuestamente entregó casi $100,000 a miembros de pandillas con el fin de obtener beneficios electorales durante la campaña presidencial del año 2014, mientras que las agrupaciones ilícitas tienen que ver con las reuniones y el pacto que hizo con las pandillas.
El ministerio público señala a Quijano de dos delitos contemplados en el Código Penal y se ha ofrecido en el expediente los videos de las reuniones en las que se observa a Quijano negociando con miembros de las tres pandillas en la iglesia de una red de pastores.
Otros políticos procesados
El 24 de junio del año 2021, la Fiscalía presentó en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador la investigación final (dictamen de acusación) en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara; y los «mediadores» Paolo Lüers, Raúl Mijango y Wilson Alvarado, acusados también de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Al igual que Quijano, Fiscalía los acusa de haber negociado con cabecillas de maras votos para las elecciones presidenciales del 2014 y los comicios legislativos y municipales del 2015.
En contra de Quijano y los demás políticos la Fiscalía ha presentado escuchas telefónicas, videos donde los políticos aparecen reunidos con los cabecillas de las pandillas y la declaración de los criteriados «Noé» y «Salomón». Los testigos han dicho que el FMLN pagó $433,000 para que votaran por Salvador Sánchez Cerén en el 2014 y que ARENA entregó $100,000, Muyshondt habría entregado $69,000.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
