Judicial
FGR acusa a Norman Quijano por negociar con pandillas y pide que se le decrete detención
Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA, fue acusado ayer en la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
La Fiscalía General de la República (FGR), acudió al tribunal superior para iniciarle el proceso penal luego que la Asamblea Legislativa le retirara la inmunidad de la que gozaba por ser diputado.
Los fiscales del Grupo contra la Impunidad que han hecho la investigación, solicitaron a la Cámara que someta a Quijano al proceso penal.
«Se solicita a la Cámara Primera de lo Penal que cite al justiciable para hacerle del conocimiento de los hechos que se le atribuyen y que se pronuncie sobre los abogados que deberán ejercer la defensa técnica y que se señale fecha y hora para la audiencia inicial».
El ministerio público al momento de judicializar el caso pidió que al realizarse la audiencia inicial se le decrete la detención provisional al ahora diputado del Parlacen.
Luego de recibir el expediente los magistrados deberán citar al imputado para que acuda a esa sede judicial y ser notificado de los delitos que la Fiscalía le atribuye, si decide no comparecer puede enviar a algún abogado que lo represente.
De lo contrario la Cámara deberá pedir a la Procuraduría General de la República que le asigne un defensor público, es probable que la abogada que lo defendió en el antejuicio seguido en la Asamblea Legislativa comparezca por ya estar nombrada.
La audiencia inicial se puede realizar sin la presencia de Quijano, pero si llega la fecha de audiencia preliminar y no comparece, será declarado rebelde por los magistrados y se archivarán las actuaciones hasta que acuda, ya que el curso de la instrucción no se suspende.
Antecedentes
Norman Quijano fue mencionado junto a otros políticos de ARENA y del FMLN en el caso conocido como «Operación Cuscatlán», en la sentencia de esa causa penal contra de 425 pandilleros de la Mara Salvatrucha, el Juez Especializado de Sentencia A de San Salvador, Godofredo Salazar, divulgó tres videos en los que se observa al excandidato a la presidencia por ARENA, Norman Quijano; al exministro de gobernación, Arístides Valencia, y al exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt, sosteniendo una reunión con jefes de pandillas.
Además, el expresidente de ARENA, Jorge Velado, ya fallecido, fue mencionado en ese juicio, el testigo criteriado «Noé» dijo que Velado estuvo en una reunión en la que participó el exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano, quien también ya murió.
Salazar, cuando emitió el fallo, dijo que la Fiscalía General de la República estaba obligada a investigar a los políticos señalados, agregó que se habían sentado a negociar con las pandillas, quienes son «gánster y mercenarios» y que «es inaudito cómo planificaron hechos delictivos».
En la acusación presentada por la Fiscalía, se le atribuye el fraude electoral porque supuestamente entregó casi $100,000 a miembros de pandillas con el fin de obtener beneficios electorales durante la campaña presidencial del año 2014, mientras que las agrupaciones ilícitas tienen que ver con las reuniones y el pacto que hizo con las pandillas.
El ministerio público señala a Quijano de dos delitos contemplados en el Código Penal y se ha ofrecido en el expediente los videos de las reuniones en las que se observa a Quijano negociando con miembros de las tres pandillas en la iglesia de una red de pastores.
Otros políticos procesados
El 24 de junio del año 2021, la Fiscalía presentó en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador la investigación final (dictamen de acusación) en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara; y los «mediadores» Paolo Lüers, Raúl Mijango y Wilson Alvarado, acusados también de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Al igual que Quijano, Fiscalía los acusa de haber negociado con cabecillas de maras votos para las elecciones presidenciales del 2014 y los comicios legislativos y municipales del 2015.
En contra de Quijano y los demás políticos la Fiscalía ha presentado escuchas telefónicas, videos donde los políticos aparecen reunidos con los cabecillas de las pandillas y la declaración de los criteriados «Noé» y «Salomón». Los testigos han dicho que el FMLN pagó $433,000 para que votaran por Salvador Sánchez Cerén en el 2014 y que ARENA entregó $100,000, Muyshondt habría entregado $69,000.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
