Judicial
Expárroco de Panchimalco es declarado inocente de abuso sexual
El martes Isaí Ernesto Mendoza Martínez, declaró ante el Juez Sexto de Sentencia que nunca fue abusado sexualmente por el expárroco de Panchimalco, José Antonio Molina Nieto, quien fue suspendido de por vida para ejercer el sacerdocio, luego que el arzobispo José Luis Escobar Alas, pidiera ante los tribunales del Vaticano que se le retiraran los hábitos por considerarlo culpable, aún sin haberlo escuchado ni vencido en juicio, según el religioso.
En tal sentido, el expárroco de la iglesia Santa Cruz de Roma, fue absuelto por la ley, mientras que los tribunales eclesiásticos ya lo han declarado culpable sustentados en las primeras declaraciones de la víctima y de otras dos hermanas gemelas que igualmente lo acusaron en un principio, pero que en el transcurso del proceso se retractaron.
“Doy las gracias a Dios, Él me puso esta prueba y Él me sacó”, expresó Molina Nieto, quien aseguró que nunca había visto a su acusador y que no fue sino hasta este martes que lo conoció, así como recordó que las hermanas gemelas se retractaron por escrito el año pasado.
“Recen siempre por mí, si Dios y el Santo Padre el Papa Francisco lo permiten volveré como Siervo Útil a servir a los más pobres. Panchimalco, gracias por su cariño que siempre me mostraron en estos 3 años 7 meses y 22 días de cargar calumnias. Dios sane las heridas que produjo todo este escándalo”, agregó el religioso.
Del mismo modo, Molina dijo que ya ha perdonado a las personas que le intentaron hacer daño. “Sepan que perdono a las gemelas y al desconocido (en referencia a Mendoza Martínez). No guardo rencor para nadie, todo ha sido para bien mío”, señaló el sacerdote.
Sin embargo, dijo lamentar que sus superiores religiosos no investigaron a profundidad las acusaciones y tomaron la decisión de suspenderlo aún sin escuchar su versión. Asimismo, señaló que ya no iba a dar declaraciones al respecto, y que esperaría que Escobar Alas y el cura Rafael Urrutia expliquen qué va a pasar con su futuro dentro de la iglesia ya que ellos fueron los que lo sancionaron.
“Todavía no se lo que viene, pero ya lo afrontaré con mayor paciencia y serenidad, quiero que sepan que yo no tengo odio, ni rencor, ni deseo de venganza con nadie”, manifestó.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
