Judicial
Expárroco de Panchimalco es declarado inocente de abuso sexual
El martes Isaí Ernesto Mendoza Martínez, declaró ante el Juez Sexto de Sentencia que nunca fue abusado sexualmente por el expárroco de Panchimalco, José Antonio Molina Nieto, quien fue suspendido de por vida para ejercer el sacerdocio, luego que el arzobispo José Luis Escobar Alas, pidiera ante los tribunales del Vaticano que se le retiraran los hábitos por considerarlo culpable, aún sin haberlo escuchado ni vencido en juicio, según el religioso.
En tal sentido, el expárroco de la iglesia Santa Cruz de Roma, fue absuelto por la ley, mientras que los tribunales eclesiásticos ya lo han declarado culpable sustentados en las primeras declaraciones de la víctima y de otras dos hermanas gemelas que igualmente lo acusaron en un principio, pero que en el transcurso del proceso se retractaron.
“Doy las gracias a Dios, Él me puso esta prueba y Él me sacó”, expresó Molina Nieto, quien aseguró que nunca había visto a su acusador y que no fue sino hasta este martes que lo conoció, así como recordó que las hermanas gemelas se retractaron por escrito el año pasado.
“Recen siempre por mí, si Dios y el Santo Padre el Papa Francisco lo permiten volveré como Siervo Útil a servir a los más pobres. Panchimalco, gracias por su cariño que siempre me mostraron en estos 3 años 7 meses y 22 días de cargar calumnias. Dios sane las heridas que produjo todo este escándalo”, agregó el religioso.
Del mismo modo, Molina dijo que ya ha perdonado a las personas que le intentaron hacer daño. “Sepan que perdono a las gemelas y al desconocido (en referencia a Mendoza Martínez). No guardo rencor para nadie, todo ha sido para bien mío”, señaló el sacerdote.
Sin embargo, dijo lamentar que sus superiores religiosos no investigaron a profundidad las acusaciones y tomaron la decisión de suspenderlo aún sin escuchar su versión. Asimismo, señaló que ya no iba a dar declaraciones al respecto, y que esperaría que Escobar Alas y el cura Rafael Urrutia expliquen qué va a pasar con su futuro dentro de la iglesia ya que ellos fueron los que lo sancionaron.
“Todavía no se lo que viene, pero ya lo afrontaré con mayor paciencia y serenidad, quiero que sepan que yo no tengo odio, ni rencor, ni deseo de venganza con nadie”, manifestó.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
