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Eugenio Chicas y familiares son condenados por enriquecimiento ilícito
El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas y su grupo familiar, se enriquecieron ilícitamente y deberán reintegrar al Estado $202,557.51, así resolvió la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.
En la demanda promovida por fiscales de la Unidad Anticorrupción habían solicitado que Chicas, junto a su esposa Blanca Steffany Ayala, la excónyuge Ana Lucía Ramírez y su hijo Carlos Ernesto Chicas González, fueran condenados a pagar $282,494.21.
El ministerio público pretendía que el exfuncionario fuera condenado a regresar $252,306.13 producto de 15 irregularidades, pero su abogado Abel Chavarría, manifestó que en la audiencia probatoria varias inconsistencias fueron desestimadas, por lo que deberá devolver más de $173,705.57.
Según el apoderado de Chicas, los fondos cuestionados son lícitos y acudirán con una apelación ante la Sala de lo Civil ya que la Cámara no tomó en cuenta la pericia de los demandados y las declaraciones de propia parte, es decir el testimonio rendido por Chicas.
La esposa de Chicas, Blanca Stefany Ayala Martínez fue condenada a devolver $11,282, su hijo, Carlos Ernesto Chicas González, $1,080.44 y su exesposa Ana Lucía Ramírez Ayala, $16,489.50.
Al final de la audiencia los demandados lograron desestimar $79,936.07. En el caso de Chicas, evitó reintegrar $49,784.62 y su exesposa fue exonerada de devolver $1,336.14.
En el fallo, las magistradas aplicaron el artículo 21 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, la cual menciona que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un lapso de diez años.
Así mismo hicieron valer el artículo 20 que ordena a un exfuncionario restituir al Estado el dinero con el cual se enriqueció ilícitamente, esa disposición dice que «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente».
Eugenio Chicas, según lo detallan los fiscales en la demanda, también fue secretario de comunicaciones del expresidente Salvador Sánchez Cerén entre el 2015 al 2018, diputado por el FMLN en la Asamblea Legislativa en los períodos 1994-1997 y 1997-2000 y del Parlamento Centroamericano.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.
