Judicial
Envían a prisión a pareja ligada a estructura de narcotráfico con nexos con la MS
Instrucción formal con detención provisional por el delito de tráfico ilícito y tenencia ilegal de arma de fuego, se les decretó esta tarde de viernes a Luis Alfonso Amaya y su compañera de vida, Zaida Lisseth Candel Osorio, quienes se mantendrán en prisión mientras dure el proceso penal en su contra.
A la pareja se le vincula con una estructura de narcotráfico.
En la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, se validaron las pruebas de cargo presentadas por fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Narcotráfico en contra ambos.
Alfonso Amaya es considerado líder de una estructura de narcotráfico que transporta droga desde Costa Rica y Panamá, y que tiene nexos con la MS.
La pareja fue detenida el pasado 22 de febrero en su casa de habitación en residencial Bosques de Santa Elena Sur, Antiguo Cuscatlán, donde se les incautó siete kilos de cocaína y otras 10 porciones de diferente tamaño, con un valor total de 197 mil 449 dólares con 90 centavos.
Varias armas de fuego también fueron incautadas en otras 4 viviendas propiedad del incriminado.
En otro proceso penal, Alfredo Amaya Pineda, hermano de Alfonso Amaya, fue detenido el 5 de octubre del año 2022 en la colonia Santa Clara de Cojutepeque, después de encontrársele también enterrados en su casa de habitación 39 de kilos de cocaína.
Ese día también se capturó a su esposa Alba Iris de Amaya, a ambos se les procesa por el delito de Tráfico Ilícito.
Estos dos últimos incriminados están a la espera de que enfrenten un juicio.
El día de la detención de Alfonso Amaya, el Fiscal General de la República aseveró: “Hemos dado un duro golpe a esta estructura criminal porque con la captura de los hermanos Alfonso Amaya y Juan Alfredo Amaya estamos cortando el flujo de cocaína que ellos manejaban y que tenía ramificaciones hasta la mara salvatrucha”.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
