Judicial
Envían a prisión a pareja ligada a estructura de narcotráfico con nexos con la MS
Instrucción formal con detención provisional por el delito de tráfico ilícito y tenencia ilegal de arma de fuego, se les decretó esta tarde de viernes a Luis Alfonso Amaya y su compañera de vida, Zaida Lisseth Candel Osorio, quienes se mantendrán en prisión mientras dure el proceso penal en su contra.
A la pareja se le vincula con una estructura de narcotráfico.
En la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, se validaron las pruebas de cargo presentadas por fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Narcotráfico en contra ambos.
Alfonso Amaya es considerado líder de una estructura de narcotráfico que transporta droga desde Costa Rica y Panamá, y que tiene nexos con la MS.
La pareja fue detenida el pasado 22 de febrero en su casa de habitación en residencial Bosques de Santa Elena Sur, Antiguo Cuscatlán, donde se les incautó siete kilos de cocaína y otras 10 porciones de diferente tamaño, con un valor total de 197 mil 449 dólares con 90 centavos.
Varias armas de fuego también fueron incautadas en otras 4 viviendas propiedad del incriminado.
En otro proceso penal, Alfredo Amaya Pineda, hermano de Alfonso Amaya, fue detenido el 5 de octubre del año 2022 en la colonia Santa Clara de Cojutepeque, después de encontrársele también enterrados en su casa de habitación 39 de kilos de cocaína.
Ese día también se capturó a su esposa Alba Iris de Amaya, a ambos se les procesa por el delito de Tráfico Ilícito.
Estos dos últimos incriminados están a la espera de que enfrenten un juicio.
El día de la detención de Alfonso Amaya, el Fiscal General de la República aseveró: “Hemos dado un duro golpe a esta estructura criminal porque con la captura de los hermanos Alfonso Amaya y Juan Alfredo Amaya estamos cortando el flujo de cocaína que ellos manejaban y que tenía ramificaciones hasta la mara salvatrucha”.
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
