Judicial
Envían a la cárcel a dos extorsionistas que delinquían en Santa Ana
La Fiscalía General de la República (FGR) notificó que dos hombres fueron condenados a cárcel por delitos de extorsiones, los cuales cometieron en diferentes puntos del departamento de Santa Ana.
En el primero de los casos, la FGR informó que Gerson Mauricio Carranza Guerrero, fue condenado a 15 años de cárcel por extorsionar a un comerciante en Santa Ana en 2021.
Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que Carranza Guerrero llegó al comercio de la víctima, y le estableció un pago mensual de $50, el cual con el tiempo fue incrementando hasta llegar a los $100 mensuales, todo esto para no atentar contra su vida.
La FGR señaló que fue procesado por el delito de extorsión continuada.
En otro caso similar, Juan Carlos Hernández Jaco fue condenado a 20 años de cárcel por el delito de extorsión.
Según los informes fiscales, Hernández Jaco llegó al negocio de la víctima ubicado en Santa Ana y en un primer momento le exigió $100 mensuales.
Con el tiempo llegó en una segunda ocasión, y le pidió $400 mensuales, a cambio de no matar a su familia y atentar contra la vida de él.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), Anastasio Membreño Martínez fue condenado a 42 años y 8 meses de prisión por violar y agredir sexualmente a una menor de edad. La víctima tenía 12 años cuando Membreño Martínez cometió los crímenes.
Las pruebas presentadas en juicio fueron suficientes para que el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Morazán, condenara a Membreño Martínez a 26 años y 8 meses por violación en menor e incapaz agravada y a 16 por agresión sexual en menor o incapaz agravada.
En juicio, el fiscal del caso comprobó que entre el 1 y 6 de junio de 2023, el procesado agredió y violó a la menor de edad en la casa de la víctima ubicada en la colonia Prado, del cantón El Norte, del distrito de San Francisco Gotera, en Morazán.
El hombre aprovechó que la menor se encontraba sola en la habitación para cometer los delitos.
La menor de edad le contó a una hermana y a su mamá lo que el procesado le había hecho y denunciaron el crimen a las autoridades. El procesado fue condenado en rebeldía.
El Juzgado Tercero de Paz de San Miguel ordenó la detención provisional para Diego Josael Calderón Hernández, quien es procesado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de tráfico ilícito.
«El 14 de enero se recibió información y se le dio la vigilancia a efecto de corroborar la información de que se iba a realizar un traslado de droga, y en efecto, el 15 de enero se verificó e incautó al imputado más de dos kilos de cocaína», explicó la fiscal del caso.
La misma fuente agregó que al efectuar la diligencias del caso, los resultados y pruebas presentadas al citado juzgado se ordenó la detención provisional del imputado.
La droga decomisada a Calderón Hernández tiene un valor de $50,473.58, informó la Fiscalía.
La detención del sospechoso fue dada a conocer por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien aseguró que fue intervenido por agentes de la División Antinarcóticos de la Policía.
«Este sujeto será procesado por el delito de tráfico ilícito y deberá responder ante las autoridades, sepan que en este país no hay cabida para ningún narcotraficante, los estamos combatiendo y no daremos ni un solo paso atrás», afirmó en esa ocasión el ministro.
Ese día de la captura, el hombre circulaba en un vehículo por el kilómetro 143 de la carretera Panamericana, sector de la colonia Carrillo, en San Miguel.
A 69 años de cárcel fue condenado un pandillero Juan Carlos Saravia Salamanca, homeboy de la MS, por los delitos de homicidio agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con las investigaciones, los asesinatos fueron cometidos en el 2016 en San Miguel.
A una de las víctimas la privó de libertad y la llevó a otra zona en donde le quitó la vida. El cuerpo fue localizado días después.
Las privaciones de libertad ocurrieron en el 2015 en los distritos de Jucuarán y El Tránsito, agregó la fiscalía. La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo Contra El Crimen Organizado de San Miguel.
