Judicial
Envían a juicio a los implicados en una red de sicarios denominados las “Viudas negras”
El juzgado de Instrucción de San Marcos envió a juicio a cuatro mujeres y tres hombres acusados de estar implicados en una red de sicarios denominados las “Viudas negras” la cual era liderada por Esmeralda Aravel Flores Acosta quien es la hermana de la viuda del pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista, Edgard López Bertrand, mejor conocido como Hermano Toby.
El juez considero que cuenta con las pruebas suficientes para que el caso pase a una etapa de sentencia, donde se determinara la pena que dicha red pagará por los delitos.
Según la Fiscalía General de la República (FGR) Flores Acosta obligaba a mujeres jóvenes, de 18 a 25 años de edad, a casarse con hombres de avanzada edad para luego asesinarlos y cobrar un seguro de vida con cantidades abundantes a nombre de las mujeres que enviudaban.
Por su parte, fiscales del caso remarcaron en que “se decrete una sentencia condenatoria, puesto que este caso de trata de personas. Es un caso que nos ha llamado a todos la atención porque inclusive estas personas han sido prácticamente víctimas de un esclavísmo moderno en todas sus fases”, explicó.
Las pruebas
Uno de los pilares que tiene la FGR es una testigo críteriado de clave Mónica, quien fue una de las mujeres que se casó con un empresario de Santa Ana con quien duró un mes hasta que este murió.
La testigo señaló que luego que su conyugue falleció cobró dos cheques por un monto de $30,000 y otro por $32,500, correspondientes a un seguro de vida; el dinero que luego era entregado a Flores Acosta. La FGR explicó que hay otro caso más de una mujer que cobró alrededor de $62,000.
La FGR cuenta con pruebas como videos, donde se puede observar cómo estas mujeres cobraban los seguros de vida en agencias bancarias, así como grabaciones donde golpean a las mujeres que eran sometidas por la red. Se presume que la red operó desde 2014 hasta 2016.
Por: El Salvador Times
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
