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ENTRE LA ESPADA Y LA PARED: Pastor Rivas acepta que conducía ebrio y evita someterse a prueba de cocaína

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Foto Red Informativa SV

El pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), Carlos Rivas, terminó por aceptar que conducía en estado de ebriedad el día que la Policía le detuvo durante la madrugada del pasado 18 de abril.

Centros Judiciales de El Salvador confirmó que el Juzgado 4° de Paz de San Salvador ordenó la suspensión condicional del procedimiento contra el pastor de 52 años, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de conducción peligrosa de vehículo automotor en perjuicio de la vida y la integridad personal.

Foto Centros Judiciales El Salvador.

Según el reporte, el viernes pasado por la mañana, la FGR solicitó al Juzgado se diera una salida alterna, como lo es la suspensión condicional del procedimiento, esto en virtud que el imputado a través de su abogado lo había solicitado.

«Para ese mismo día, a las 2 de la tarde, la jueza había autorizado la práctica de un examen toxicológico de intervención corporal a Rivas, consistente en la extracción de cabello a efecto de determinar si el imputado es consumidor crónico de cocaína», detalla el informe. Sin embargo, la prueba no se efectuó debido a que la Fiscalía había llegado a un acuerdo con Rivas y su defensa.

«La Fiscalía solicitó dejar sin efecto dicha diligencia… y solicitó una audiencia especial a la hora que estaba programado dicho examen. En la audiencia especial Carlos Rivas admitió haber manejado bajo los efectos de bebidas alcohólicas el día de la detención» agrega el escrito.

Ante ello, la jueza impuso la regla de conducta de abstenerse de beber bebidas embriagantes y sustancias prohibidas por el período de un año.

Según la acusación, Carlos Rivas fue detenido el día en cuestión entre el Pasaje las Arboledas y Boulevard Constitución de esta capital, por un agente que observó que el vehículo que manejaba el líder religioso ingresó al pasaje de forma rápida y sin poner las vías.

De acuerdo al expediente, Rivas no quiso practicarse la prueba de alcotest, ni colaboró con la experticia de protocolo médico legal de embriaguez.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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