Judicial
Empresario pagó por 10 años la extorsión a una mujer que se hacia pasar como una de sus mejores clientas
Un empresario vivió un calvario a manos de pandilleros que por 10 años lo obligaron a pagar una extorsión que era cobrada por la compañera de vida del cabecilla de la estructura criminal quien se hacía pasar como una de sus más leales clientas.
Samuel (nombre modificado por seguridad) es un empresario que logró estabilizar el negocio del cual era propietario, su progreso alertó a los pandilleros quienes le exigieron el pago mensual de $1,000 a cambio de no atentar en su contra.
Por temor a que se cumplieran las amenazas, Samuel entregaba la cantidad exigida a una mujer que solo concía como Nancy que llegaba cualquier día del mes. La única alerta que este recibía era una llamada de la delincuente para que tuviera listo el dinero.
Los años comenzaron a pasar, el empresario llegó a perder la cuenta del monto total que había entregado a la estructura criminal y fue hasta que sus finanzas no dieron para más que decidió denunciar la extorsión.
Según el expediente judicial, las autoridades le explicaron que harían el arresto a través de la mujer mediante una entrega controlada por lo que tendría que estar informando sobre los movimientos de personas sospechosas que la acompañaran.
La denuncia de Samuel coincidio con una exigencia de los pandilleros quienes a través de uno de los empleados le solicitaron que para el 15 de enero de 2018 a las 3:00 de la tarde debía de entregar $600 en efectivo.
La petición de los delincuentes fueron el anzuelo perfecto para los elementos policiales que montaron un operativo que tendría una serie de dificultades ya que la forma de enrtega no sería la habitual.
El intento de escape en bus
Minutos antes de la hora señalada, Nancy llamó a Samuel para decirle que no llegaría al local sino que tendría que llevarlo a un punto de buses; el empresario aceptó pero le dijo que no podría ir personalmente por lo que enviaría a uno de sus empleados, algo a lo que accedió la extorsionista.
La mujer esperaba de pie en una acera, a lo lejos pudo ver como un hombre extraño se le acercaba con un paquete en las manos e inmediatamente se lo entregó sin decir ni una sola palabra. Ambos se retiraron del lugar, unos metros adelante Nancy se encontró con un hombre con quien abordó un bus.
Elementos de la corporación le dieron seguimiento a la pareja y coordinaron un control vehícular en la ruta por la que se conducía el bus con los sospechosos quienes al ver el dispositivo intentaron escapar.
Los agentes de la PNC lograron retener a la pareja e identificaron a la mujer como Nancy del Carmen B., de 31 años, a quien se le encontró $100; mientras que su acompañante fue reconocido como Marlon Fabricio G., de 31, que llevaba en sus bolsillo $500.
El efectivo decomisado fue cotejado con los números de serie de cada billete, confirmando que se trataba del mismo que el empresario había entregado.
Ambos imputados están procesados por el delito de extorsión y ahora se encuentran a la orden del juez del tribunal Sexto de sentencia de San Salvador quien deberá escuchar los alegatos de la defensa y de la representación fiscal para determinar la responsabilidad penal.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
