Judicial
Empresario pagó por 10 años la extorsión a una mujer que se hacia pasar como una de sus mejores clientas
Un empresario vivió un calvario a manos de pandilleros que por 10 años lo obligaron a pagar una extorsión que era cobrada por la compañera de vida del cabecilla de la estructura criminal quien se hacía pasar como una de sus más leales clientas.
Samuel (nombre modificado por seguridad) es un empresario que logró estabilizar el negocio del cual era propietario, su progreso alertó a los pandilleros quienes le exigieron el pago mensual de $1,000 a cambio de no atentar en su contra.
Por temor a que se cumplieran las amenazas, Samuel entregaba la cantidad exigida a una mujer que solo concía como Nancy que llegaba cualquier día del mes. La única alerta que este recibía era una llamada de la delincuente para que tuviera listo el dinero.
Los años comenzaron a pasar, el empresario llegó a perder la cuenta del monto total que había entregado a la estructura criminal y fue hasta que sus finanzas no dieron para más que decidió denunciar la extorsión.
Según el expediente judicial, las autoridades le explicaron que harían el arresto a través de la mujer mediante una entrega controlada por lo que tendría que estar informando sobre los movimientos de personas sospechosas que la acompañaran.
La denuncia de Samuel coincidio con una exigencia de los pandilleros quienes a través de uno de los empleados le solicitaron que para el 15 de enero de 2018 a las 3:00 de la tarde debía de entregar $600 en efectivo.
La petición de los delincuentes fueron el anzuelo perfecto para los elementos policiales que montaron un operativo que tendría una serie de dificultades ya que la forma de enrtega no sería la habitual.
El intento de escape en bus
Minutos antes de la hora señalada, Nancy llamó a Samuel para decirle que no llegaría al local sino que tendría que llevarlo a un punto de buses; el empresario aceptó pero le dijo que no podría ir personalmente por lo que enviaría a uno de sus empleados, algo a lo que accedió la extorsionista.
La mujer esperaba de pie en una acera, a lo lejos pudo ver como un hombre extraño se le acercaba con un paquete en las manos e inmediatamente se lo entregó sin decir ni una sola palabra. Ambos se retiraron del lugar, unos metros adelante Nancy se encontró con un hombre con quien abordó un bus.
Elementos de la corporación le dieron seguimiento a la pareja y coordinaron un control vehícular en la ruta por la que se conducía el bus con los sospechosos quienes al ver el dispositivo intentaron escapar.
Los agentes de la PNC lograron retener a la pareja e identificaron a la mujer como Nancy del Carmen B., de 31 años, a quien se le encontró $100; mientras que su acompañante fue reconocido como Marlon Fabricio G., de 31, que llevaba en sus bolsillo $500.
El efectivo decomisado fue cotejado con los números de serie de cada billete, confirmando que se trataba del mismo que el empresario había entregado.
Ambos imputados están procesados por el delito de extorsión y ahora se encuentran a la orden del juez del tribunal Sexto de sentencia de San Salvador quien deberá escuchar los alegatos de la defensa y de la representación fiscal para determinar la responsabilidad penal.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
