Judicial
Empleados amenazaron de muerte al dueño de un bar cuando este llegó a cerrar la caja
Un bar fue la manzana de la discordia que separó a un grupo de socios, luego de una serie de pleitos que los llevaron hasta los tribunales. Ahora, la supuesta víctima pide la devolución de dinero invertido en el establecimiento.
Jorge (nombre modificado por seguridad) tiene 43 años de edad y es un administrador de empresas que decidió unir sus esfuerzos junto con un amigo, conocido como Emerson, con el objetivo de crear uno de los bares más prestigiosos de la colonia Escalón. Sin embargo dos empleados del establecimiento conocidos como Glenda P. y Wilfredo C. se encargaron de destruir toda relación empresarial.
Todo comenzó cuando Jorge y su amigo empresario se reunieron el 21 de junio de 2017 para inscribir la sociedad y formalizar sus planes de negocio. Ese día se acordó que su amigo quedaría como único propietario, mientras que él sería el suplente ya que había invertido el 50% del total de la inversión. El bar fue denominado “Guilty” y comenzó sus operaciones en octubre del 2017 en una plaza comercial ubicada sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, en San Salvador.
Los meses corrieron y las ganancias fueron llegando a las arcas de aquellos amigos, pero todo cambió cuando Jorge se presentó a las instalaciones del negocio para dar el cierre de las cajas y realizar el inventario de los productos. Era domingo 14 de enero de 2018, a las 2:00 de la mañana.
Estaba confiado en que nada malo saldría esa madrugada, pero a la entrada estaba Glenda, quien tenía un semblante molesto y un poco irritado. Ella había sido nombrada como administradora del local y momentos antes de que Jorge llegara había dado la orden de no dejarlo pasar, sin dar razón, algo que el socio desconocía.
Cuando se dio cuenta, Jorge les dijo que debían dejarlo entrar ya que era el dueño de la mitad de la inversión. Esto provocó que Glenda se enfureciera aún más y comenzara a insultarlo desmesuradamente hasta llegar a amenazarlo, mientras que llamaba a los guardias de seguridad.
Todo iba sucediendo muy rápido y de un momento a otro apareció Wilfredo, esposo de Glenda, quien también le comenzó a gritar señalando que lo mataría. Jorge no sabía con exactitud qué es lo que estaba pasando, pero optó mejor por irse antes de que todo se saliera de control.
Consternado por lo que había pasado esa madrugada decidió llamar a su socio, pero este jamás le contestó las constantes llamadas y mensajes de texto que diariamente eran enviados por el desesperado empresario.
Ante esto decidió interponer una denuncia en contra del matrimonio, ya que “se sentía ofendido” por lo sucedido y ha solicitado que se le devuelva la inversión, los bienes del establecimiento y el total de las ganancias obtenidas desde que se inició el negocio.
Ahora ellos serán procesados por el delito de amenazas, caso que se encuentra en el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, quien ha dado un plazo de tres meses para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda investigar y aclarar los hechos.
Tanto Glenda como Wilfredo se encuentran en libertad y deben de presentarse periódicamente a la instancia judicial a la espera de la fecha de la audiencia preliminar.
Por: El Salvador Times.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
