Judicial
Empleados amenazaron de muerte al dueño de un bar cuando este llegó a cerrar la caja
Un bar fue la manzana de la discordia que separó a un grupo de socios, luego de una serie de pleitos que los llevaron hasta los tribunales. Ahora, la supuesta víctima pide la devolución de dinero invertido en el establecimiento.
Jorge (nombre modificado por seguridad) tiene 43 años de edad y es un administrador de empresas que decidió unir sus esfuerzos junto con un amigo, conocido como Emerson, con el objetivo de crear uno de los bares más prestigiosos de la colonia Escalón. Sin embargo dos empleados del establecimiento conocidos como Glenda P. y Wilfredo C. se encargaron de destruir toda relación empresarial.
Todo comenzó cuando Jorge y su amigo empresario se reunieron el 21 de junio de 2017 para inscribir la sociedad y formalizar sus planes de negocio. Ese día se acordó que su amigo quedaría como único propietario, mientras que él sería el suplente ya que había invertido el 50% del total de la inversión. El bar fue denominado “Guilty” y comenzó sus operaciones en octubre del 2017 en una plaza comercial ubicada sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, en San Salvador.
Los meses corrieron y las ganancias fueron llegando a las arcas de aquellos amigos, pero todo cambió cuando Jorge se presentó a las instalaciones del negocio para dar el cierre de las cajas y realizar el inventario de los productos. Era domingo 14 de enero de 2018, a las 2:00 de la mañana.
Estaba confiado en que nada malo saldría esa madrugada, pero a la entrada estaba Glenda, quien tenía un semblante molesto y un poco irritado. Ella había sido nombrada como administradora del local y momentos antes de que Jorge llegara había dado la orden de no dejarlo pasar, sin dar razón, algo que el socio desconocía.
Cuando se dio cuenta, Jorge les dijo que debían dejarlo entrar ya que era el dueño de la mitad de la inversión. Esto provocó que Glenda se enfureciera aún más y comenzara a insultarlo desmesuradamente hasta llegar a amenazarlo, mientras que llamaba a los guardias de seguridad.
Todo iba sucediendo muy rápido y de un momento a otro apareció Wilfredo, esposo de Glenda, quien también le comenzó a gritar señalando que lo mataría. Jorge no sabía con exactitud qué es lo que estaba pasando, pero optó mejor por irse antes de que todo se saliera de control.
Consternado por lo que había pasado esa madrugada decidió llamar a su socio, pero este jamás le contestó las constantes llamadas y mensajes de texto que diariamente eran enviados por el desesperado empresario.
Ante esto decidió interponer una denuncia en contra del matrimonio, ya que “se sentía ofendido” por lo sucedido y ha solicitado que se le devuelva la inversión, los bienes del establecimiento y el total de las ganancias obtenidas desde que se inició el negocio.
Ahora ellos serán procesados por el delito de amenazas, caso que se encuentra en el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, quien ha dado un plazo de tres meses para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda investigar y aclarar los hechos.
Tanto Glenda como Wilfredo se encuentran en libertad y deben de presentarse periódicamente a la instancia judicial a la espera de la fecha de la audiencia preliminar.
Por: El Salvador Times.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
