Judicial
El viernes será audiencia contra implicados en accidente de rastra contra 30 vehículos en bulevar Los Próceres
El Juzgado Décimo Segundo de Paz desarrollará el próximo viernes 31 de marzo a las 9:00 de la mañana, la audiencia inicial contra tres implicados en un accidente de tránsito entre una rastra contra 30 vehículos. El hecho que dejó al menos dos fallecidos y una veintena de lesionados ocurrió el pasado 14 de marzo en el bulevar Monseñor Romero y la incorporación al bulevar Los Próceres, en San Salvador.
Los implicados son Carlos Alberto Portillo Vásquez, conductor de la rastra, quien según el requerimiento fiscal es acusado por los delitos de homicidio culposo, lesiones y conducción peligrosa; Álvaro Ibañez Ticas, el representante legal de la empresa Andrade SA de CV y Raúl Antonio Andrade Hernández, dueño de la empresa, quien radica en Estados Unidos. Tanto Ibañez Ticas como Andrade Hernández son acusados por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.
Según las autoridades, el percance vial registrado al mediodía del 14 de marzo fue producto de la excesiva velocidad y la sobrecarga de 7.9 toneladas que la rastra llevaba, lo que provocó que Portillo Vásquez perdiera el control del vehículo de carga colisionando con el resto de automotores.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Edwin Otoniel Vargas Flores, de 41 años de edad, quien se conducía en el vehículo que quedó totalmente comprimido por la rastra y el subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Luis Alfredo Deodanes, quien murió en el hospital debido a la gran cantidad de fracturas y daños en ambos pulmones.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
