Judicial
Dos agentes policiales son condenados a prisión por el delito de incumplimiento de deberes
Esta tarde de miércoles, dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron condenados por el delito de incumplimiento de deberes.
Según autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), Pedro Cortez y Joel Juárez recibieron una pena carcelaria de cuatro años.
Los dos policías fueron acusados y condenados por dicho delito luego que permitieron la entrada de mujeres a bartolinas para mantener relaciones sexuales con pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13).
De acuerdo con el reporte del caso, en agosto del año 2016 las mujeres fueron halladas manteniendo relaciones con sexuales con cabecillas de dicha estructura criminal.
En esa ocasión, hubo quienes aseguraron que el ingreso de mujeres, teléfonos celulares y otros ilícitos a las bartolinas era algo habitual y habían más de dos policías involucrados en esos actos.
De hecho, un día después del suceso, el sábado en la mañana, autoridades de la corporación realizaron un registro donde hallaron teléfonos celulares y otros objetos ilícitos.
Asimismo, en esa oportunidad se sostuvo que los involucrados cobraban entre 40 y 60 dólares por permitir el ingreso de mujeres para que tuvieran sexo con los encarcelados. Además, al momento de la captura a los oficiales se les decomisó alrededor de mil dólares, los cuales se presumía eran producto del negocio ilícito dentro de las bartolina de la PNC de San Vicente.
FGR San Vicente logró que 2 agentes fueran condenados a 4 años de prisión, por permitir la entrada de mujeres a bartolinas policiales, para mantener relaciones con miembros MS13.Los policías, Pedro Cortez y Joel Juárez, cometieron el delito de Incumplimiento de Deberes en 08/2016 pic.twitter.com/RECPGc1Shf
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 19 de julio de 2018
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
