Judicial
Director de Seguridad de la CSJ es señalado como responsable por fiesta de sindicalistas en sala de audiencias y es removido de su cargo
El director de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Humberto Lozano, fue removido de su cargo, por ser señalado como el responsable de la autorización de la fiesta desarrollada por el Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS) en la sala de audiencias 5-B, del Centro Judicial “Isidro Menéndez”.
De acuerdo a la información brindada por el secretario general del Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador (SEJES), Stanley Quinteros, a Lozano lo señalan por las acciones del pasado 25 de agosto, fecha en donde tres mujeres de un grupo musical bailaron y cantaron con poco vestuario.
Los miembros de SEJES no participaron en el evento, sino más bien los de SINEJUS. Incluso, algunos de los sindicalistas de esta última institución pasaron al frente a bailar con las mujeres.
“Como sindicatos consideramos que realmente no se está realizando los procedimientos correctos”, indicó Quinteros.
Además, comentó, en lugar de Lozano se nombrará al mayor Galoud, quien –según él- es yerno del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Armando Pineda Navas.
Fuentes judiciales señalaron que se iniciará un proceso de destitución para el personal del Órgano Judicial que participó en la fiesta
Por: Carmina Castro/ El Salvador Times
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
