Judicial
Diputado de ARENA es condenado por enriquecimiento ilícito de más de $445,000

El diputado de ARENA, Alberto Romero, fue condenado este lunes por enriquecimiento ilícito y deberá regresar al Estado $445,766.05.
La resolución de la audiencia probatoria fue emitida por Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, luego del juicio civil promovido por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los fiscales le probaron a la Cámara que Romero tuvo un incremento patrimonial no justificado y muy alejado de sus ingresos lícitos y salarios percibidos en el período del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2015.
En la demanda el ministerio público cuestionó a Romero un incremento patrimonial junto a su esposa Ana Lourdes Olmedo de Romero y su hija Lourdes Gabriela Romero de Marroquín, pero la cámara decidió exonerar a las familiares del legislador.
Romero enfrentó el juicio civil por enriquecimiento ilícito cuando fungió como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán, en representación del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
El proceso tiene su origen en 14 irregularidades consistentes en depósitos en cuentas bancarias, pago de tarjetas de crédito y cancelación de préstamos. A Romero los fiscales le reprocharon que haya pagado un crédito de $87,981.93, pero no se sabe la procedencia lícita del dinero.
En la audiencia probatoria los fiscales le expusieron a la Cámara que el demandado no pudo justificar el origen de esos fondos ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En la resolución emitida también se inhabilita al legislador ejercer cualquier cargo público por un período de 10 años, además está obligado a pagar el monto con el cual se enriqueció ilícitamente.
Judicial
Tribunal inicia proceso penal contra 48 alumnos señalados de pertenecer a la «La Raza”

El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Judicial
Condenan a pandilleros de la MS por asesinato en torneo navideño en La Unión

Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.