Judicial
Diputado de ARENA es condenado por enriquecimiento ilícito de más de $445,000
El diputado de ARENA, Alberto Romero, fue condenado este lunes por enriquecimiento ilícito y deberá regresar al Estado $445,766.05.
La resolución de la audiencia probatoria fue emitida por Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, luego del juicio civil promovido por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los fiscales le probaron a la Cámara que Romero tuvo un incremento patrimonial no justificado y muy alejado de sus ingresos lícitos y salarios percibidos en el período del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2015.
En la demanda el ministerio público cuestionó a Romero un incremento patrimonial junto a su esposa Ana Lourdes Olmedo de Romero y su hija Lourdes Gabriela Romero de Marroquín, pero la cámara decidió exonerar a las familiares del legislador.
Romero enfrentó el juicio civil por enriquecimiento ilícito cuando fungió como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán, en representación del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
El proceso tiene su origen en 14 irregularidades consistentes en depósitos en cuentas bancarias, pago de tarjetas de crédito y cancelación de préstamos. A Romero los fiscales le reprocharon que haya pagado un crédito de $87,981.93, pero no se sabe la procedencia lícita del dinero.
En la audiencia probatoria los fiscales le expusieron a la Cámara que el demandado no pudo justificar el origen de esos fondos ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En la resolución emitida también se inhabilita al legislador ejercer cualquier cargo público por un período de 10 años, además está obligado a pagar el monto con el cual se enriqueció ilícitamente.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
