Judicial
Diputado de ARENA es condenado por enriquecimiento ilícito de más de $445,000
El diputado de ARENA, Alberto Romero, fue condenado este lunes por enriquecimiento ilícito y deberá regresar al Estado $445,766.05.
La resolución de la audiencia probatoria fue emitida por Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, luego del juicio civil promovido por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los fiscales le probaron a la Cámara que Romero tuvo un incremento patrimonial no justificado y muy alejado de sus ingresos lícitos y salarios percibidos en el período del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2015.
En la demanda el ministerio público cuestionó a Romero un incremento patrimonial junto a su esposa Ana Lourdes Olmedo de Romero y su hija Lourdes Gabriela Romero de Marroquín, pero la cámara decidió exonerar a las familiares del legislador.
Romero enfrentó el juicio civil por enriquecimiento ilícito cuando fungió como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán, en representación del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
El proceso tiene su origen en 14 irregularidades consistentes en depósitos en cuentas bancarias, pago de tarjetas de crédito y cancelación de préstamos. A Romero los fiscales le reprocharon que haya pagado un crédito de $87,981.93, pero no se sabe la procedencia lícita del dinero.
En la audiencia probatoria los fiscales le expusieron a la Cámara que el demandado no pudo justificar el origen de esos fondos ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En la resolución emitida también se inhabilita al legislador ejercer cualquier cargo público por un período de 10 años, además está obligado a pagar el monto con el cual se enriqueció ilícitamente.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
