Judicial
Decretan tres años de trabajo comunitario a colaborador de la pandilla 18
Colaborador de la pandilla 18 fue condenado a tres años de trabajos comunitarios luego de haber sido encontrado culpable de cargar en sus bolsillos 34 porciones de marihuana. Tras varias horas de alegatos el juez consideró que la cantidad “no es excesiva” para mantenerlo en prisión.
A sus 25 años, José Francisco Martínez Díaz, mejor conocido como “Darky”, tenía clara la sensación de estar encerrado en una prisión. Su pecado fue haberse juntado con pandillero de la 18 Sureños, con quienes se reunía a cualquier hora en la colonia Altavista en Tonacatepeque.
Con el tiempo, el panadero de profesión se había ganado la confianza de los criminales y antes de que fuera arrestado colaboraba vendiendo droga, pero hasta el momento habían pasado desapercibidas sus fechorías.
«Darky» fue capturado el 10 de abril del 2018 a las 7:25 de la noche. José había quedado de juntarse con sus compinches en un parque de la colonia luego de salir de su faena en la panadería. Los minutos pasaron y el grupo comenzó a disfrutar hasta que de pronto apareció una patrulla por la calle principal lo que provocó que estos salieran despavoridos por todo del lugar.
Los policías inmediatamente salieron corriendo detrás de los sujetos, pero los pasajes estrechos y veredas le permitieron escapar. Al único que se le acabó la buena suerte fue a José, que sin perder tiempo ya estaba sometido con su cara postrada en el suelo.
A pesar de la fuerza con la que estaba detenido, luchó con todas sus fuerzas para soltarse una y otra vez; pero esto solo provocaba que el policía ejerciera más fuerza hasta dejarlo inmovilizado.
Durante su registro se le encontró amarrado, a la cuerda de su calzoneta, una bolsa con 34 porciones de marihuana envueltas en bolsas plásticas que equivalen a 42 gramos con los que se podía elaborar hasta 85 cigarrillos.
Esto le bastó para que los policías lo llevaran hasta una delegación de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC), donde permaneció detenido; paralelamente, el perito realizó un análisis químico que comprobaron que la yerba era marihuana.
El juicio
Las investigaciones judiciales llegaron hasta el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, donde se realizó el juicio a través de una videoconferencia, ya que esta recluido en el penal de Quezalpeque, conocido por albergar a pandillero de la pandilla 18.
La representación fiscal reafirmó al juez que el día de la captura este se encontraba junto con pandilleros por lo que directamente fue asociados con la clica.
Esto fue algo que incomodó al abogado defensor, quien señaló que esto no había sido comprobado por la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que esto “se salió de contexto” justificando que el hecho de estar reunido con los pandilleros no lo convierte en uno de ellos.
Luego de un par de horas de desfile probatorio –entre testigos y documentos- el panadero utilizó la última palabra para decir que era inocente y que “había sido objeto de persecución” por las autoridades.
El juez del tribunal dio por cerrado el espacio para los debates y tras varios minutos de análisis decretó que sería condenado a purgar tres años de trabajo de utilidad pública debido a que la cantidad de droga que cargaba esa noche “no era excesiva”; así como por tratarse de una “droga blanda” que no tiene más afectación psicológica.
Esto quiere decir que el panadero y colaborador de la pandilla fue puesto en libertad y deberá realizar dichos trabajos en un lugar que lo disponga el Tribunal de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
