Judicial
Decretan tres años de trabajo comunitario a colaborador de la pandilla 18
Colaborador de la pandilla 18 fue condenado a tres años de trabajos comunitarios luego de haber sido encontrado culpable de cargar en sus bolsillos 34 porciones de marihuana. Tras varias horas de alegatos el juez consideró que la cantidad “no es excesiva” para mantenerlo en prisión.
A sus 25 años, José Francisco Martínez Díaz, mejor conocido como “Darky”, tenía clara la sensación de estar encerrado en una prisión. Su pecado fue haberse juntado con pandillero de la 18 Sureños, con quienes se reunía a cualquier hora en la colonia Altavista en Tonacatepeque.
Con el tiempo, el panadero de profesión se había ganado la confianza de los criminales y antes de que fuera arrestado colaboraba vendiendo droga, pero hasta el momento habían pasado desapercibidas sus fechorías.
«Darky» fue capturado el 10 de abril del 2018 a las 7:25 de la noche. José había quedado de juntarse con sus compinches en un parque de la colonia luego de salir de su faena en la panadería. Los minutos pasaron y el grupo comenzó a disfrutar hasta que de pronto apareció una patrulla por la calle principal lo que provocó que estos salieran despavoridos por todo del lugar.
Los policías inmediatamente salieron corriendo detrás de los sujetos, pero los pasajes estrechos y veredas le permitieron escapar. Al único que se le acabó la buena suerte fue a José, que sin perder tiempo ya estaba sometido con su cara postrada en el suelo.
A pesar de la fuerza con la que estaba detenido, luchó con todas sus fuerzas para soltarse una y otra vez; pero esto solo provocaba que el policía ejerciera más fuerza hasta dejarlo inmovilizado.
Durante su registro se le encontró amarrado, a la cuerda de su calzoneta, una bolsa con 34 porciones de marihuana envueltas en bolsas plásticas que equivalen a 42 gramos con los que se podía elaborar hasta 85 cigarrillos.
Esto le bastó para que los policías lo llevaran hasta una delegación de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC), donde permaneció detenido; paralelamente, el perito realizó un análisis químico que comprobaron que la yerba era marihuana.
El juicio
Las investigaciones judiciales llegaron hasta el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, donde se realizó el juicio a través de una videoconferencia, ya que esta recluido en el penal de Quezalpeque, conocido por albergar a pandillero de la pandilla 18.
La representación fiscal reafirmó al juez que el día de la captura este se encontraba junto con pandilleros por lo que directamente fue asociados con la clica.
Esto fue algo que incomodó al abogado defensor, quien señaló que esto no había sido comprobado por la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que esto “se salió de contexto” justificando que el hecho de estar reunido con los pandilleros no lo convierte en uno de ellos.
Luego de un par de horas de desfile probatorio –entre testigos y documentos- el panadero utilizó la última palabra para decir que era inocente y que “había sido objeto de persecución” por las autoridades.
El juez del tribunal dio por cerrado el espacio para los debates y tras varios minutos de análisis decretó que sería condenado a purgar tres años de trabajo de utilidad pública debido a que la cantidad de droga que cargaba esa noche “no era excesiva”; así como por tratarse de una “droga blanda” que no tiene más afectación psicológica.
Esto quiere decir que el panadero y colaborador de la pandilla fue puesto en libertad y deberá realizar dichos trabajos en un lugar que lo disponga el Tribunal de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
