Judicial
Decretan tres años de trabajo comunitario a colaborador de la pandilla 18
Colaborador de la pandilla 18 fue condenado a tres años de trabajos comunitarios luego de haber sido encontrado culpable de cargar en sus bolsillos 34 porciones de marihuana. Tras varias horas de alegatos el juez consideró que la cantidad “no es excesiva” para mantenerlo en prisión.
A sus 25 años, José Francisco Martínez Díaz, mejor conocido como “Darky”, tenía clara la sensación de estar encerrado en una prisión. Su pecado fue haberse juntado con pandillero de la 18 Sureños, con quienes se reunía a cualquier hora en la colonia Altavista en Tonacatepeque.
Con el tiempo, el panadero de profesión se había ganado la confianza de los criminales y antes de que fuera arrestado colaboraba vendiendo droga, pero hasta el momento habían pasado desapercibidas sus fechorías.
«Darky» fue capturado el 10 de abril del 2018 a las 7:25 de la noche. José había quedado de juntarse con sus compinches en un parque de la colonia luego de salir de su faena en la panadería. Los minutos pasaron y el grupo comenzó a disfrutar hasta que de pronto apareció una patrulla por la calle principal lo que provocó que estos salieran despavoridos por todo del lugar.
Los policías inmediatamente salieron corriendo detrás de los sujetos, pero los pasajes estrechos y veredas le permitieron escapar. Al único que se le acabó la buena suerte fue a José, que sin perder tiempo ya estaba sometido con su cara postrada en el suelo.
A pesar de la fuerza con la que estaba detenido, luchó con todas sus fuerzas para soltarse una y otra vez; pero esto solo provocaba que el policía ejerciera más fuerza hasta dejarlo inmovilizado.
Durante su registro se le encontró amarrado, a la cuerda de su calzoneta, una bolsa con 34 porciones de marihuana envueltas en bolsas plásticas que equivalen a 42 gramos con los que se podía elaborar hasta 85 cigarrillos.
Esto le bastó para que los policías lo llevaran hasta una delegación de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC), donde permaneció detenido; paralelamente, el perito realizó un análisis químico que comprobaron que la yerba era marihuana.
El juicio
Las investigaciones judiciales llegaron hasta el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, donde se realizó el juicio a través de una videoconferencia, ya que esta recluido en el penal de Quezalpeque, conocido por albergar a pandillero de la pandilla 18.
La representación fiscal reafirmó al juez que el día de la captura este se encontraba junto con pandilleros por lo que directamente fue asociados con la clica.
Esto fue algo que incomodó al abogado defensor, quien señaló que esto no había sido comprobado por la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que esto “se salió de contexto” justificando que el hecho de estar reunido con los pandilleros no lo convierte en uno de ellos.
Luego de un par de horas de desfile probatorio –entre testigos y documentos- el panadero utilizó la última palabra para decir que era inocente y que “había sido objeto de persecución” por las autoridades.
El juez del tribunal dio por cerrado el espacio para los debates y tras varios minutos de análisis decretó que sería condenado a purgar tres años de trabajo de utilidad pública debido a que la cantidad de droga que cargaba esa noche “no era excesiva”; así como por tratarse de una “droga blanda” que no tiene más afectación psicológica.
Esto quiere decir que el panadero y colaborador de la pandilla fue puesto en libertad y deberá realizar dichos trabajos en un lugar que lo disponga el Tribunal de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
