Judicial
Cuatro pandilleros le asestaron 14 balazos en la espalda a un agente del CAM de Apopa para robarle su pistola
Con 14 disparos y por la espalda, así fue como un grupo de pandilleros de la 18 asesinaron a un agente del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) cuando realizaba sus labores de seguridad en Apopa. Ahora los hechores esperan un juicio en su contra. Uno de ellos pidió perdón ya que decidió congregarse en una iglesia.
Reynaldo Hernández Mejía, de 43 años de edad, era un agente del CAM que había dedicado varios años a la corporación y el día que fue asesinado él no vio directamente a los ojos a sus verdugos, un grupo de cuatro pandilleros que orquestaron minuciosamente la muerte solo para robarle su arma de fuego lo asesinaron por la espalda.
Esto ocurrió a las 2:15 de la tarde del 23 de noviembre del 2015 cuando Reynaldo se encontraba brindando seguridad a un grupo de empleados municipales que realizaban trabajos de bacheo frente al centro escolar de Popotlán, sobre la calle Fernando Ibáñez y avenida Sihuatán.
La calle había sido cerrada y con el sol en el punto más alto hacía mucho calor en lugar y él se había apoyado en una pared mientras observaba a los trabajadores y a las personas que transitaban.
Sin embargo, al otro extremo de la calle aguardaban dos pandilleros de la 18 Sureños, quienes se habían percatado de la distracción del agente. Se comunicaban susurrando con un secretismo tal que Reynaldo jamás previó lo que estaba por ocurrir.
Un testigo que estaba cerca de ellos alcanzó a escuchar una conversación.
“¡Hey! Estos locos tienen que hacer la pegada ya. Hoy que no viene la jura (policía)”, le dijo Guillermo M., alias “Mango”, a otro de sus compañeros.
“Ya vienen”, le contestó inmediatamente Fidel M., alias “Chino”.
Al fondo de la calle se acercaban otros tres que caminaban rápido hasta juntarse con los otros que ya estaban cerca de la víctima.
El ataque
Reynaldo comenzó a dar unos pasos y quedó de espaldas. Esto fue el pase para que los hombres, sin levantar sospechas, se prepararan para dar su mejor golpe.
Los pasos comenzaron lentos, pero a medida iban avanzando se hacían más apresurados. En ese momento, Fidel y Franklin M., alias “Chindondo”, sacaron de sus cinturas las armas de fuego para matarlo.
La tarde tranquila fue interrumpida por los disparos que comenzaron a sonar uno tras otro. Reynaldo se derrumbó hasta quedar boca abajo sobre la acera, mientras que los empleados a los que este cuidaba salieron desperdigados.
Por un par de segundos el silencio regresó, pero nuevamente las balas salieron del arma de William R., alias “Diablito”, quien fue el encargado de rematarlo. Ya conforme con lo ocurrido Guillermo A., alias “Mango”, se agachó y tomó del cadáver el arma de Reynaldo.
Luego de cinco horas de trabajo, el informe forense del Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que el agente del CAM presentaba 14 disparos en todo su cuerpo.
Tres enfrentan la justicia
Tiempo después, las investigaciones policiales dieron con dos testigos que habían presenciado el hecho y estos fueron los encargados de identificarlos hasta llegar a su captura. Posteriormente, fueron acusados de los delitos de homicidio y organizaciones terroristas.
Ambos concordaron que los asesinos eran pandilleros de la zona y que ese día era extraño verlos sobre una calle principal donde podían ser identificados
En la audiencia preliminar realizada en un juzgado de instrucción de San Salvador el 15 de enero del 2019, el abogado defensor de Franklin solicitó al juez que se modificara el delito de organizaciones terroristas para su defendido porque la Fiscalía General de la República (FGR) no había determinado la función dentro de la estructura y el rol que desempeñaron el día del asesinato.
En ese mismo momento, explicó que Fidel, otro de sus defendidos, no pudo haber participado en los hechos ya que tenía una lesión en su rodilla.
Ese mismo día Fidel se paró ante el tribunal y dijo: “Pido perdón. Me congrego en una iglesia y me he convertido. Tengo problemas en la rodilla y tengo pruebas de rayos equis».
Sin embargo, la Policía señaló que los sujetos tienen el cargo de ser palabreros en la urbanización Popotlán 1, en Apopa. Tres de los cuatro se encuentran resguardados en los centro penales que ellos solicitaron; el único que está ausente es Guillermo, quien aún es buscado por las autoridades.
Dentro de la vista pública se espera que testifiquen los dos testigos y el resto de las personas que estuvieron en la escena. El caso está en manos del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador que para febrero tiene prevista la audiencia.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
