Judicial
Cuatro pandilleros le asestaron 14 balazos en la espalda a un agente del CAM de Apopa para robarle su pistola
Con 14 disparos y por la espalda, así fue como un grupo de pandilleros de la 18 asesinaron a un agente del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) cuando realizaba sus labores de seguridad en Apopa. Ahora los hechores esperan un juicio en su contra. Uno de ellos pidió perdón ya que decidió congregarse en una iglesia.
Reynaldo Hernández Mejía, de 43 años de edad, era un agente del CAM que había dedicado varios años a la corporación y el día que fue asesinado él no vio directamente a los ojos a sus verdugos, un grupo de cuatro pandilleros que orquestaron minuciosamente la muerte solo para robarle su arma de fuego lo asesinaron por la espalda.
Esto ocurrió a las 2:15 de la tarde del 23 de noviembre del 2015 cuando Reynaldo se encontraba brindando seguridad a un grupo de empleados municipales que realizaban trabajos de bacheo frente al centro escolar de Popotlán, sobre la calle Fernando Ibáñez y avenida Sihuatán.
La calle había sido cerrada y con el sol en el punto más alto hacía mucho calor en lugar y él se había apoyado en una pared mientras observaba a los trabajadores y a las personas que transitaban.
Sin embargo, al otro extremo de la calle aguardaban dos pandilleros de la 18 Sureños, quienes se habían percatado de la distracción del agente. Se comunicaban susurrando con un secretismo tal que Reynaldo jamás previó lo que estaba por ocurrir.
Un testigo que estaba cerca de ellos alcanzó a escuchar una conversación.
“¡Hey! Estos locos tienen que hacer la pegada ya. Hoy que no viene la jura (policía)”, le dijo Guillermo M., alias “Mango”, a otro de sus compañeros.
“Ya vienen”, le contestó inmediatamente Fidel M., alias “Chino”.
Al fondo de la calle se acercaban otros tres que caminaban rápido hasta juntarse con los otros que ya estaban cerca de la víctima.
El ataque
Reynaldo comenzó a dar unos pasos y quedó de espaldas. Esto fue el pase para que los hombres, sin levantar sospechas, se prepararan para dar su mejor golpe.
Los pasos comenzaron lentos, pero a medida iban avanzando se hacían más apresurados. En ese momento, Fidel y Franklin M., alias “Chindondo”, sacaron de sus cinturas las armas de fuego para matarlo.
La tarde tranquila fue interrumpida por los disparos que comenzaron a sonar uno tras otro. Reynaldo se derrumbó hasta quedar boca abajo sobre la acera, mientras que los empleados a los que este cuidaba salieron desperdigados.
Por un par de segundos el silencio regresó, pero nuevamente las balas salieron del arma de William R., alias “Diablito”, quien fue el encargado de rematarlo. Ya conforme con lo ocurrido Guillermo A., alias “Mango”, se agachó y tomó del cadáver el arma de Reynaldo.
Luego de cinco horas de trabajo, el informe forense del Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que el agente del CAM presentaba 14 disparos en todo su cuerpo.
Tres enfrentan la justicia
Tiempo después, las investigaciones policiales dieron con dos testigos que habían presenciado el hecho y estos fueron los encargados de identificarlos hasta llegar a su captura. Posteriormente, fueron acusados de los delitos de homicidio y organizaciones terroristas.
Ambos concordaron que los asesinos eran pandilleros de la zona y que ese día era extraño verlos sobre una calle principal donde podían ser identificados
En la audiencia preliminar realizada en un juzgado de instrucción de San Salvador el 15 de enero del 2019, el abogado defensor de Franklin solicitó al juez que se modificara el delito de organizaciones terroristas para su defendido porque la Fiscalía General de la República (FGR) no había determinado la función dentro de la estructura y el rol que desempeñaron el día del asesinato.
En ese mismo momento, explicó que Fidel, otro de sus defendidos, no pudo haber participado en los hechos ya que tenía una lesión en su rodilla.
Ese mismo día Fidel se paró ante el tribunal y dijo: “Pido perdón. Me congrego en una iglesia y me he convertido. Tengo problemas en la rodilla y tengo pruebas de rayos equis».
Sin embargo, la Policía señaló que los sujetos tienen el cargo de ser palabreros en la urbanización Popotlán 1, en Apopa. Tres de los cuatro se encuentran resguardados en los centro penales que ellos solicitaron; el único que está ausente es Guillermo, quien aún es buscado por las autoridades.
Dentro de la vista pública se espera que testifiquen los dos testigos y el resto de las personas que estuvieron en la escena. El caso está en manos del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador que para febrero tiene prevista la audiencia.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
