Judicial
Conductor relacionado al atropello de joven en Perquín, en detención provisional por el delito de homicidio culposo
Luego que se diera a conocer la lamentable noticia sobre el fallecimiento de Karen Yasmín Argueta, de 19 años de edad, luego de ser embestida por un automovilista aprendiz en Perquín; la Fiscalía General de la República (FGR), informó que Óscar Antonio Viscarra Pérez, quien se presume atropelló a la joven, seguirá detenido mientras el proceso judicial en su contra avanza a la siguiente fase.
#FGRinforma | Este día se realizó audiencia inicial contra el imputado Oscar Antonio Viscarra Pérez por el delito de homicidio culposo en perjuicio de la joven Karen Yasmin Argueta Argueta. Se ordenó detención provisional.
La víctima falleció ayer en San Miguel. https://t.co/07lKL0QmS6
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) February 27, 2020
La joven fue atropellada el 23 de febrero en barrio El Centro, de Perquín, ddepartamento de Morazán y falleció jueves 27 de febrero, mientras recibía atención en el hospital San Juan de Dios, San Miguel.
A raíz del percance, Karen Yasmín perdió un pie; luego sufrió complicaciones médicas debido a coágulos de sangre en los pulmones.
El día del accidente, de acuerdo con comerciantes que presenciaron el momento, el presunto responsable andaba en prácticas de manejo y era acompañado de un adulto. La joven se encontraba en la acera del local donde trabajaba cuando todo ocurrió.
El hombre se quedó en la escena, pero al no portar la licencia, no aplica la Ley del Fondo de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT).
Agentes de Subdelegación de Tránsito Terrestre de la delegación de Morazán, manifestaron que la posible causa del atropello fue la inexperiencia del conductor.
Más información:
Fallece joven que fue atropellada y perdió una de sus piernas, en Perquín, Morazán
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
