Judicial
Condenan a 45 años de cárcel a ocho policías por asesinato de tres pandilleros y un obrero en Zaragoza
El Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla condenó hoy a ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados por la Fiscalía de los delitos de homicidio agravado en perjuicio de cuatro víctimas y fraude procesal en perjuicio de la administración de justicia.
Asimismo, absolvió de toda responsabilidad a un subinspector a quien también la FGR vinculaba en este mismo caso, pero acusaba únicamente por incumplimiento de deberes.
El juicio se ventiló bajo la modalidad colegiada luego que la Cámara de lo penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla resolviera un recurso de apelación interpuesto por la FGR tras la realización del primer juicio en el caso a cargo del Tribunal 2do de Sentencia de Santa Tecla. En dicha resolución se ordenó la instalación de una nueva vista pública a cargo del Tribunal Primero de Sentencia.
Los nueve agentes fueron acusados de los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2016 en la colonia Villas de Zaragoza, La Libertad, cuando tuvieron conocimiento que un grupo de delincuentes estaban armados y asaltando a un camión repartido en la zona.
A raíz de dicha información, se movilizó a varios policías al lugar, y cuando los sospechosos advirtieron la presencia policial, huyeron. Según la Fiscalía, diferentes grupos de la PNC montaron un operativo de rastreo en la referida colonia ubicando a los sospechosos en una vivienda de dos plantas. Según las investigaciones, fue en ese lugar donde se desarrolló el suceso que dejó como saldo a cuatro personas muertas.
En su fallo, los jueces determinaron de manera unánime que los ocho agentes fueran condenados a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado bajo la modalidad de concurso ideal, aumentando en un tercio dicha pena, por lo que les fueron impuestos 40 años de prisión por ese ilícito.
Además, les sumaron cinco años por el delito de fraude procesal, haciendo un total de 45 años de prisión para cada uno de los ocho condenados. Los imputados, quienes habían permanecido en libertad, deberán ser remitidos a un centro penitenciario.
Para el Tribunal, la presunción de inocencia de los acusados fue desvirtuada por la prueba de cargo tanto pericial, documental y testimonial, en la cual se descartó que el hecho haya sido un enfrentamiento más bien se determinó que los policías tenían dominio de la escena y ejecutaron a las víctimas, así como también se demostró el abuso de superioridad y alevosía con la que cometieron los hechos en los cuales los defensores de los imputados no lograron demostrar ante los Jueces que los policías estaban en riesgo inminente.
El Tribunal señaló en su fallo que los agentes trataron de limpiar, manipular y alterar la escena donde sucedieron los hechos, lo cual demostró el comportamiento delictivo con el que actuaron.
La sentencia íntegra de este juicio será entregada a las partes procesales el próximo 28 de noviembre en la secretaria del Tribunal.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
