Judicial
Condenan a 45 años de cárcel a ocho policías por asesinato de tres pandilleros y un obrero en Zaragoza
El Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla condenó hoy a ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados por la Fiscalía de los delitos de homicidio agravado en perjuicio de cuatro víctimas y fraude procesal en perjuicio de la administración de justicia.
Asimismo, absolvió de toda responsabilidad a un subinspector a quien también la FGR vinculaba en este mismo caso, pero acusaba únicamente por incumplimiento de deberes.
El juicio se ventiló bajo la modalidad colegiada luego que la Cámara de lo penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla resolviera un recurso de apelación interpuesto por la FGR tras la realización del primer juicio en el caso a cargo del Tribunal 2do de Sentencia de Santa Tecla. En dicha resolución se ordenó la instalación de una nueva vista pública a cargo del Tribunal Primero de Sentencia.
Los nueve agentes fueron acusados de los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2016 en la colonia Villas de Zaragoza, La Libertad, cuando tuvieron conocimiento que un grupo de delincuentes estaban armados y asaltando a un camión repartido en la zona.
A raíz de dicha información, se movilizó a varios policías al lugar, y cuando los sospechosos advirtieron la presencia policial, huyeron. Según la Fiscalía, diferentes grupos de la PNC montaron un operativo de rastreo en la referida colonia ubicando a los sospechosos en una vivienda de dos plantas. Según las investigaciones, fue en ese lugar donde se desarrolló el suceso que dejó como saldo a cuatro personas muertas.
En su fallo, los jueces determinaron de manera unánime que los ocho agentes fueran condenados a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado bajo la modalidad de concurso ideal, aumentando en un tercio dicha pena, por lo que les fueron impuestos 40 años de prisión por ese ilícito.
Además, les sumaron cinco años por el delito de fraude procesal, haciendo un total de 45 años de prisión para cada uno de los ocho condenados. Los imputados, quienes habían permanecido en libertad, deberán ser remitidos a un centro penitenciario.
Para el Tribunal, la presunción de inocencia de los acusados fue desvirtuada por la prueba de cargo tanto pericial, documental y testimonial, en la cual se descartó que el hecho haya sido un enfrentamiento más bien se determinó que los policías tenían dominio de la escena y ejecutaron a las víctimas, así como también se demostró el abuso de superioridad y alevosía con la que cometieron los hechos en los cuales los defensores de los imputados no lograron demostrar ante los Jueces que los policías estaban en riesgo inminente.
El Tribunal señaló en su fallo que los agentes trataron de limpiar, manipular y alterar la escena donde sucedieron los hechos, lo cual demostró el comportamiento delictivo con el que actuaron.
La sentencia íntegra de este juicio será entregada a las partes procesales el próximo 28 de noviembre en la secretaria del Tribunal.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
