Judicial
Condenan a 45 años de cárcel a ocho policías por asesinato de tres pandilleros y un obrero en Zaragoza
El Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla condenó hoy a ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados por la Fiscalía de los delitos de homicidio agravado en perjuicio de cuatro víctimas y fraude procesal en perjuicio de la administración de justicia.
Asimismo, absolvió de toda responsabilidad a un subinspector a quien también la FGR vinculaba en este mismo caso, pero acusaba únicamente por incumplimiento de deberes.
El juicio se ventiló bajo la modalidad colegiada luego que la Cámara de lo penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla resolviera un recurso de apelación interpuesto por la FGR tras la realización del primer juicio en el caso a cargo del Tribunal 2do de Sentencia de Santa Tecla. En dicha resolución se ordenó la instalación de una nueva vista pública a cargo del Tribunal Primero de Sentencia.
Los nueve agentes fueron acusados de los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2016 en la colonia Villas de Zaragoza, La Libertad, cuando tuvieron conocimiento que un grupo de delincuentes estaban armados y asaltando a un camión repartido en la zona.
A raíz de dicha información, se movilizó a varios policías al lugar, y cuando los sospechosos advirtieron la presencia policial, huyeron. Según la Fiscalía, diferentes grupos de la PNC montaron un operativo de rastreo en la referida colonia ubicando a los sospechosos en una vivienda de dos plantas. Según las investigaciones, fue en ese lugar donde se desarrolló el suceso que dejó como saldo a cuatro personas muertas.
En su fallo, los jueces determinaron de manera unánime que los ocho agentes fueran condenados a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado bajo la modalidad de concurso ideal, aumentando en un tercio dicha pena, por lo que les fueron impuestos 40 años de prisión por ese ilícito.
Además, les sumaron cinco años por el delito de fraude procesal, haciendo un total de 45 años de prisión para cada uno de los ocho condenados. Los imputados, quienes habían permanecido en libertad, deberán ser remitidos a un centro penitenciario.
Para el Tribunal, la presunción de inocencia de los acusados fue desvirtuada por la prueba de cargo tanto pericial, documental y testimonial, en la cual se descartó que el hecho haya sido un enfrentamiento más bien se determinó que los policías tenían dominio de la escena y ejecutaron a las víctimas, así como también se demostró el abuso de superioridad y alevosía con la que cometieron los hechos en los cuales los defensores de los imputados no lograron demostrar ante los Jueces que los policías estaban en riesgo inminente.
El Tribunal señaló en su fallo que los agentes trataron de limpiar, manipular y alterar la escena donde sucedieron los hechos, lo cual demostró el comportamiento delictivo con el que actuaron.
La sentencia íntegra de este juicio será entregada a las partes procesales el próximo 28 de noviembre en la secretaria del Tribunal.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
