Judicial
Condenan a 30 años de prisión a un sujeto: 20 por el delito de homicidio tentado y 10 por robo
Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) estuvo a punto de perder la vida a manos de cinco miembros de una pandilla, quienes abordaron el microbús del transporte colectivo de la ruta 11-C justo en donde se conducía el elemento de la institución de seguridad pública. Uno de los sujetos ya ha sido condenado y en su último intento de conseguir salir librado, dijo ser inocente.
El hecho ocurrió el pasado 25 de julio de 2015, cuando el agente, tras quedar medio moribundo por la golpiza, logró escapar de sus atacantes. Luego de un operativo, sus compañeros lograron detener a dos de los cinco sujetos que habían decidido asesinar a “Luna” -la clave que recibió el policía en el desarrollo del proceso judicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) los acusó de tres delitos: homicidio agravado en grado de tentativa, robo y privación de libertad.
Por ello, durante la audiencia de vista pública celebrada este septiembre de 2018, Samuel Ernesto Beltrán Martínez, alias «Huezo», indicó entre lágrimas al juez del Tribunal 1° de Sentencia: “Soy expandillero, pero nunca cometí ningún delito. Se han confundido y están acusando a la persona equivocada”, agregó en el momento del derecho a la última palabra en el juicio.
Sin embargo, no logró convencer al juez, pues las pruebas que fueron presentadas por la FGR ayudaron a que tomara una postura ante el caso. Beltrán Martínez fue encontrado culpable por dos de los tres delitos, por lo que recibió 30 años de prisión, 20 por el delito de homicidio tentado y 10 por el de robo y fue absuelto por el delito de privación de libertad.
Mientras que el 18 de julio de 2017, el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador condenó a Walter Noé Contreras Pérez, el otro de los capturados que atentó contra la vida del agente. Este imputado fue condenado a 18 años de prisión, por el homicidio tentado y por privarlo de libertad.
El caso por el que fueron procesados
A eso de las 2:30 de la tarde del 25 de julio de 2015, “Luna” se trasladaba en el microbús que hace su recorrido desde San Marcos hasta el centro de San Salvador. Junto a él iban seis pasajeros más.
Cuando el automotor fue estacionado por su motorista en las afueras del centro comercial San Jacinto, situado en la décima avenida Sur de la calle antigua a San Marcos, se subieron los cinco sujetos, dos de ellos menores de edad.
“Luna” observó que ninguno ocupó los asientos del microbús pese a que había varios vacíos, por lo que tuvo la idea de bajarse en la parada siguiente conocida como “Alpina”. Decisión que fue bloqueada con palabras intimidantes al momento de ponerse de pie: “Aquí ningún hijo de puta se queda”.
Luego de las expresiones emitidas por uno de los hombres, el agente recibió un primer golpe en su rostro. Tras ese llegaron patadas y más golpes con puños cerrados. Ante esto, “Luna” intentó defenderse y fue cuando otro de los pandilleros logró ver que portaba un arma de fuego en su cintura.
El agente fue despojado de su pistola calibre 9 milímetros propiedad de la corporación policial. Además, le robaron un celular valorado en $30, además $200 en efectivo y sus documentos personales.
Los atacantes le ordenaron al motorista que se dirigiera hacia la terminal del Sur para dejar a los pasajeros en esa zona y que después los transportara hacia la colonia 10 de Octubre, situada en San Marcos.
Así fue. Los seis pasajeros lograron bajarse del automotor, mas no “Luna”. Los pandilleros le negaron su salida y volvieron a agredirlo físicamente.
Los fuertes golpes hicieron que el policía cayera desmayado en el piso del microbús. Al despertar se encontraba en un terreno baldío de la carretera hacia Comalapa. Logró escuchar que los sujetos aseguraban que él estaba muerto, por lo que tres de ellos indicaron que irían a buscar unas palas para cavar su tumba.
Al abrir los ojos logró observar que los otros dos sujetos se encontraban alejados de él, por lo que recobró sus últimas energías y logró ponerse de pie. Con todas sus fuerzas empezó a correr hasta lograr salir a la calle y escapar de los sujetos.
Una patrulla policial que circulaba por la zona fue el medio de transporte que le sirvió llegar hasta un centro médico para que pudiera ser atendido debido a la gravedad de sus lesiones.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
