Judicial
Condenan a 30 años de prisión a un sujeto: 20 por el delito de homicidio tentado y 10 por robo
Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) estuvo a punto de perder la vida a manos de cinco miembros de una pandilla, quienes abordaron el microbús del transporte colectivo de la ruta 11-C justo en donde se conducía el elemento de la institución de seguridad pública. Uno de los sujetos ya ha sido condenado y en su último intento de conseguir salir librado, dijo ser inocente.
El hecho ocurrió el pasado 25 de julio de 2015, cuando el agente, tras quedar medio moribundo por la golpiza, logró escapar de sus atacantes. Luego de un operativo, sus compañeros lograron detener a dos de los cinco sujetos que habían decidido asesinar a “Luna” -la clave que recibió el policía en el desarrollo del proceso judicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) los acusó de tres delitos: homicidio agravado en grado de tentativa, robo y privación de libertad.
Por ello, durante la audiencia de vista pública celebrada este septiembre de 2018, Samuel Ernesto Beltrán Martínez, alias «Huezo», indicó entre lágrimas al juez del Tribunal 1° de Sentencia: “Soy expandillero, pero nunca cometí ningún delito. Se han confundido y están acusando a la persona equivocada”, agregó en el momento del derecho a la última palabra en el juicio.
Sin embargo, no logró convencer al juez, pues las pruebas que fueron presentadas por la FGR ayudaron a que tomara una postura ante el caso. Beltrán Martínez fue encontrado culpable por dos de los tres delitos, por lo que recibió 30 años de prisión, 20 por el delito de homicidio tentado y 10 por el de robo y fue absuelto por el delito de privación de libertad.
Mientras que el 18 de julio de 2017, el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador condenó a Walter Noé Contreras Pérez, el otro de los capturados que atentó contra la vida del agente. Este imputado fue condenado a 18 años de prisión, por el homicidio tentado y por privarlo de libertad.
El caso por el que fueron procesados
A eso de las 2:30 de la tarde del 25 de julio de 2015, “Luna” se trasladaba en el microbús que hace su recorrido desde San Marcos hasta el centro de San Salvador. Junto a él iban seis pasajeros más.
Cuando el automotor fue estacionado por su motorista en las afueras del centro comercial San Jacinto, situado en la décima avenida Sur de la calle antigua a San Marcos, se subieron los cinco sujetos, dos de ellos menores de edad.
“Luna” observó que ninguno ocupó los asientos del microbús pese a que había varios vacíos, por lo que tuvo la idea de bajarse en la parada siguiente conocida como “Alpina”. Decisión que fue bloqueada con palabras intimidantes al momento de ponerse de pie: “Aquí ningún hijo de puta se queda”.
Luego de las expresiones emitidas por uno de los hombres, el agente recibió un primer golpe en su rostro. Tras ese llegaron patadas y más golpes con puños cerrados. Ante esto, “Luna” intentó defenderse y fue cuando otro de los pandilleros logró ver que portaba un arma de fuego en su cintura.
El agente fue despojado de su pistola calibre 9 milímetros propiedad de la corporación policial. Además, le robaron un celular valorado en $30, además $200 en efectivo y sus documentos personales.
Los atacantes le ordenaron al motorista que se dirigiera hacia la terminal del Sur para dejar a los pasajeros en esa zona y que después los transportara hacia la colonia 10 de Octubre, situada en San Marcos.
Así fue. Los seis pasajeros lograron bajarse del automotor, mas no “Luna”. Los pandilleros le negaron su salida y volvieron a agredirlo físicamente.
Los fuertes golpes hicieron que el policía cayera desmayado en el piso del microbús. Al despertar se encontraba en un terreno baldío de la carretera hacia Comalapa. Logró escuchar que los sujetos aseguraban que él estaba muerto, por lo que tres de ellos indicaron que irían a buscar unas palas para cavar su tumba.
Al abrir los ojos logró observar que los otros dos sujetos se encontraban alejados de él, por lo que recobró sus últimas energías y logró ponerse de pie. Con todas sus fuerzas empezó a correr hasta lograr salir a la calle y escapar de los sujetos.
Una patrulla policial que circulaba por la zona fue el medio de transporte que le sirvió llegar hasta un centro médico para que pudiera ser atendido debido a la gravedad de sus lesiones.
Por: El Salvador Times.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
