Judicial
Condenan a 30 años de prisión a un sujeto: 20 por el delito de homicidio tentado y 10 por robo
Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) estuvo a punto de perder la vida a manos de cinco miembros de una pandilla, quienes abordaron el microbús del transporte colectivo de la ruta 11-C justo en donde se conducía el elemento de la institución de seguridad pública. Uno de los sujetos ya ha sido condenado y en su último intento de conseguir salir librado, dijo ser inocente.
El hecho ocurrió el pasado 25 de julio de 2015, cuando el agente, tras quedar medio moribundo por la golpiza, logró escapar de sus atacantes. Luego de un operativo, sus compañeros lograron detener a dos de los cinco sujetos que habían decidido asesinar a “Luna” -la clave que recibió el policía en el desarrollo del proceso judicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) los acusó de tres delitos: homicidio agravado en grado de tentativa, robo y privación de libertad.
Por ello, durante la audiencia de vista pública celebrada este septiembre de 2018, Samuel Ernesto Beltrán Martínez, alias «Huezo», indicó entre lágrimas al juez del Tribunal 1° de Sentencia: “Soy expandillero, pero nunca cometí ningún delito. Se han confundido y están acusando a la persona equivocada”, agregó en el momento del derecho a la última palabra en el juicio.
Sin embargo, no logró convencer al juez, pues las pruebas que fueron presentadas por la FGR ayudaron a que tomara una postura ante el caso. Beltrán Martínez fue encontrado culpable por dos de los tres delitos, por lo que recibió 30 años de prisión, 20 por el delito de homicidio tentado y 10 por el de robo y fue absuelto por el delito de privación de libertad.
Mientras que el 18 de julio de 2017, el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador condenó a Walter Noé Contreras Pérez, el otro de los capturados que atentó contra la vida del agente. Este imputado fue condenado a 18 años de prisión, por el homicidio tentado y por privarlo de libertad.
El caso por el que fueron procesados
A eso de las 2:30 de la tarde del 25 de julio de 2015, “Luna” se trasladaba en el microbús que hace su recorrido desde San Marcos hasta el centro de San Salvador. Junto a él iban seis pasajeros más.
Cuando el automotor fue estacionado por su motorista en las afueras del centro comercial San Jacinto, situado en la décima avenida Sur de la calle antigua a San Marcos, se subieron los cinco sujetos, dos de ellos menores de edad.
“Luna” observó que ninguno ocupó los asientos del microbús pese a que había varios vacíos, por lo que tuvo la idea de bajarse en la parada siguiente conocida como “Alpina”. Decisión que fue bloqueada con palabras intimidantes al momento de ponerse de pie: “Aquí ningún hijo de puta se queda”.
Luego de las expresiones emitidas por uno de los hombres, el agente recibió un primer golpe en su rostro. Tras ese llegaron patadas y más golpes con puños cerrados. Ante esto, “Luna” intentó defenderse y fue cuando otro de los pandilleros logró ver que portaba un arma de fuego en su cintura.
El agente fue despojado de su pistola calibre 9 milímetros propiedad de la corporación policial. Además, le robaron un celular valorado en $30, además $200 en efectivo y sus documentos personales.
Los atacantes le ordenaron al motorista que se dirigiera hacia la terminal del Sur para dejar a los pasajeros en esa zona y que después los transportara hacia la colonia 10 de Octubre, situada en San Marcos.
Así fue. Los seis pasajeros lograron bajarse del automotor, mas no “Luna”. Los pandilleros le negaron su salida y volvieron a agredirlo físicamente.
Los fuertes golpes hicieron que el policía cayera desmayado en el piso del microbús. Al despertar se encontraba en un terreno baldío de la carretera hacia Comalapa. Logró escuchar que los sujetos aseguraban que él estaba muerto, por lo que tres de ellos indicaron que irían a buscar unas palas para cavar su tumba.
Al abrir los ojos logró observar que los otros dos sujetos se encontraban alejados de él, por lo que recobró sus últimas energías y logró ponerse de pie. Con todas sus fuerzas empezó a correr hasta lograr salir a la calle y escapar de los sujetos.
Una patrulla policial que circulaba por la zona fue el medio de transporte que le sirvió llegar hasta un centro médico para que pudiera ser atendido debido a la gravedad de sus lesiones.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
