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Judicial

Condenan a 20 años de cárcel a sujetos que mataron a un vendedor de tomates en el centro de San Salvador

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Jonathan Eduardo Velis Moreira y Bryan Elías Melgar Lucero fueron hallados culpables de haber colaborado en el asesinato de un vendedor de tomates en el centro de San Salvador, informaron fuentes judiciales.

Por su complicidad, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador los condenó a 20 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio del comerciante Alonso Domínguez Alfaro, asesinado el 2 de noviembre de 2017 cuando recibió unos 10 balazos.

Las investigaciones de la Fiscalía indicaron que eran las 4:00 de la tarde cuando el negociante se encontraba entre la 1ª. Calle Oriente y 4ª. Avenida Norte, esquina opuesta del estacionamiento Morazán, en la capital, cuando fue sorprendido por los criminales.

Policías que patrullaban la zona escucharon los disparos, por lo que iniciaron el registro de posibles sospechosos que caminaban en el sector, al tiempo que reportaron el homicidio.

Y aunque intentaron auxiliar al hombre confirmaron que sus signos vitales no respondían; los resultados de la investigación indican que seis sujetos participaron del homicidio, incluyendo a Moreira y Lucero que actuaron como vigilantes y acompañantes de los asesinos.

“En el desarrollo de la vista pública la Fiscalía presentó las pruebas testimoniales, documentales y periciales, con las que se pudo comprobar la existencia del delito y la coautoría en el homicidio de los dos acusados, quienes aunque no dispararon el arma de fuego contra la víctima, participaron en la comisión del delito, actuando como vigilantes del hecho y acompañando al homicida”, argumentó la Fiscalía respecto a la participación de los sujetos.

El taque armado ocurrió a espaldas del negociante, tres sujetos lograron huir, pero un sexto fue detenido, aparentemente, se trata de un menor de edad quien disparó el arma de fuego quien es procesado en otras instancias judiciales.

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Judicial

Sigfrido Reyes y su red enfrentan audiencia por acusaciones de corrupción

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En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.

A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.

Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.

La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.

El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.

Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.

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Judicial

«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas

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José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.

El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.

Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.

Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.

De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.

 

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Judicial

Seis años de cárcel para vendedor de droga

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Marlon Antonio Ramírez Arias fue condenado a seis años de cárcel tras ser detenido el 7 de junio de 2023 en los alrededores de la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, portando una mochila con marihuana y cocaína.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador le impuso la condena al encontrarlo culpable de posesión y tenencia con fines de tráfico.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo interceptaron alrededor de las 5:00 de la tarde, durante un patrullaje rutinario que realizaban en la zona.

En el acta de captura, los policías consignaron que, al observarlo actuar de forma sospechosa y nerviosa, le ordenaron que se detuviera para registrarlo.

Al momento de la intervención, le abrieron la mochila que portaba y le encontraron 30.5 gramos de marihuana y 0.4 gramos de cocaína, droga valuada en $50. También le incautaron bolsas plásticas y una balanza.

El condenado cumplirá su pena en la Penitenciaría Occidental de Santa Ana. Además, enfrenta otro proceso penal en un juzgado por delitos adicionales.

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