Judicial
Benito Lara enfrentaría juicio por enriquecimiento ilícito de $201,000
Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad en el gobierno de Mauricio Funes, debe ser enjuiciado por supuesto enriquecimiento ilícito, así ha resuelto la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de conocer un informe de la Sección de Probidad.
El caso de Lara, quien también fue diputado del FMLN, fue conocido en Corte Plena y con los votos de 11 magistrados se ordenó que se envíe el expediente a una cámara de lo civil de San Salvador para que se siga el proceso.
En la investigación que hizo la Sección de Probidad se determinó que Lara tuvo un incremento patrimonial no justificado por un monto de $201,000, información que fue detectada al revisar la declaración de patrimonio que presentó al cesar sus funciones.
Probidad estableció que la documentación analizada revela irregularidades que son suficientes para que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República le inicie un juicio civil que tiene su marco legal en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que data desde 1959 donde se aplica un régimen sancionatorio consistente en multas para que se devuelva al Estado el dinero obtenido de forma indebida.
Cuando Probidad verificó la documentación presentada previno a Benito Lara para que subsanara las irregularidades, pero al no poder justificar la procedencia lícita del dinero se presentó la recomendación para que Corte Plena ordenara el juicio civil.
Una vez el expediente llegue a la cámara que sea designada, la Fiscalía deberá presentar de forma oficial la demanda por supuesto enriquecimiento ilícito para que después Benito Lara a través de sus abogados presente sus argumentos y se programe la audiencia preparatoria que es la primera diligencia del juicio civil.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó enjuiciar por presunto enriquecimiento ilícito al exdiputado de ARENA, Alberto Armando Romero y al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Handal Vega.
El diputado Romero, debe responder por un incremento patrimonial no justificado de $158,959.08, mientras que a Handal Vega, le atribuyen un monto de $162,569.99.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
