Judicial
Benito Lara enfrentaría juicio por enriquecimiento ilícito de $201,000
Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad en el gobierno de Mauricio Funes, debe ser enjuiciado por supuesto enriquecimiento ilícito, así ha resuelto la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de conocer un informe de la Sección de Probidad.
El caso de Lara, quien también fue diputado del FMLN, fue conocido en Corte Plena y con los votos de 11 magistrados se ordenó que se envíe el expediente a una cámara de lo civil de San Salvador para que se siga el proceso.
En la investigación que hizo la Sección de Probidad se determinó que Lara tuvo un incremento patrimonial no justificado por un monto de $201,000, información que fue detectada al revisar la declaración de patrimonio que presentó al cesar sus funciones.
Probidad estableció que la documentación analizada revela irregularidades que son suficientes para que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República le inicie un juicio civil que tiene su marco legal en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que data desde 1959 donde se aplica un régimen sancionatorio consistente en multas para que se devuelva al Estado el dinero obtenido de forma indebida.
Cuando Probidad verificó la documentación presentada previno a Benito Lara para que subsanara las irregularidades, pero al no poder justificar la procedencia lícita del dinero se presentó la recomendación para que Corte Plena ordenara el juicio civil.
Una vez el expediente llegue a la cámara que sea designada, la Fiscalía deberá presentar de forma oficial la demanda por supuesto enriquecimiento ilícito para que después Benito Lara a través de sus abogados presente sus argumentos y se programe la audiencia preparatoria que es la primera diligencia del juicio civil.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó enjuiciar por presunto enriquecimiento ilícito al exdiputado de ARENA, Alberto Armando Romero y al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Handal Vega.
El diputado Romero, debe responder por un incremento patrimonial no justificado de $158,959.08, mientras que a Handal Vega, le atribuyen un monto de $162,569.99.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
