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Judicial

Benito Lara enfrentaría juicio por enriquecimiento ilícito de $201,000

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Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad en el gobierno de Mauricio Funes, debe ser enjuiciado por supuesto enriquecimiento ilícito, así ha resuelto la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de conocer un informe de la Sección de Probidad.

El caso de Lara, quien también fue diputado del FMLN, fue conocido en Corte Plena y con los votos de 11 magistrados se ordenó que se envíe el expediente a una cámara de lo civil de San Salvador para que se siga el proceso.

En la investigación que hizo la Sección de Probidad se determinó que Lara tuvo un incremento patrimonial no justificado por un monto de $201,000, información que fue detectada al revisar la declaración de patrimonio que presentó al cesar sus funciones.

Probidad estableció que la documentación analizada revela irregularidades que son suficientes para que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República le inicie un juicio civil que tiene su marco legal en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que data desde 1959 donde se aplica un régimen sancionatorio consistente en multas para que se devuelva al Estado el dinero obtenido de forma indebida.

Cuando Probidad verificó la documentación presentada previno a Benito Lara para que subsanara las irregularidades, pero al no poder justificar la procedencia lícita del dinero se presentó la recomendación para que Corte Plena ordenara el juicio civil.

Una vez el expediente llegue a la cámara que sea designada, la Fiscalía deberá presentar de forma oficial la demanda por supuesto enriquecimiento ilícito para que después Benito Lara a través de sus abogados presente sus argumentos y se programe la audiencia preparatoria que es la primera diligencia del juicio civil.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó enjuiciar por presunto enriquecimiento ilícito al exdiputado de ARENA, Alberto Armando Romero y al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Handal Vega.

El diputado Romero, debe responder por un incremento patrimonial no justificado de $158,959.08, mientras que a Handal Vega, le atribuyen un monto de $162,569.99.

Judicial

PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Judicial

Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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Judicial

FGR logra la primera condena de prisión perpetua en la historia del país

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Carlos Arturo Herrera Castro fue condenado a prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado y robo en perjuicio de Alexis López Córdova, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la información proporcionada, el día del crimen Herrera Castro atacó a López Córdova con piedras hasta causarle la muerte, con el objetivo de robarle su dinero.

El hecho ocurrió en mayo de 2026, en el cantón Teosinte, en Arcatao, Chalatenango Sur.

La sentencia fue emitida por el Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador y constituye, según la FGR, la primera condena de prisión perpetua en la historia del país.

La Fiscalía señaló que esta condena fue posible tras la reforma al artículo 27 de la Constitución y a las leyes penales secundarias, vigentes desde abril de 2026.

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