Judicial
Aspirante a fiscal general en 2012 es acusado de agredir sexualmente a sus dos hijos
Un aspirante a fiscal general en 2012 es acusado por su exesposa de agredir sexualmente a sus dos hijos, de tres y cinco años, respectivamente. Sin embargo, el caso aún no ha encontrado resolución, pese a que ya han pasado más de cinco años desde que se interpuso de la denuncia, que la madre de los menores contó en exclusiva a El Salvador Times.
Camila (nombre cambiado por protección) comenzó a congregarse en 2007 en una iglesia evangélica, donde buscó apoyo tras un matrimonio fallido. Fue ahí que conoció a Carlos M., un pastor que como profesión obtuvo el título de abogado de la República, tras haber estudiado en una universidad privada Ciencias Jurídicas, de donde se graduó en 1993.
El también fundador de una iglesia en Santa Ana, en ese momento de 43 años de edad, logró conquistar el corazón de la mujer dos años menor que él, quien ya tenía a su lado a dos hijos procreados en su relación anterior.
Sin dudarlo, Carlos M. se casó con Camila y adoptó a los dos menores de edad. Con el paso del tiempo, la pareja procreó a dos hijos más, Julián y María (nombres también cambiados), esta última sería la menor de la familia.
“Yo lo veía a él predicando. Se presentó como una buena persona”, comentó Camila en exclusiva a El Salvador Times, quien declaró que en ese momento se consideraba triste y vulnerable por el fracaso de su primer matrimonio.
Luego de cinco años, en el que hubo la misma cantidad de separaciones, el matrimonio no funcionó por lo que ambos decidieron divorciarse, pese a que los feligreses cristianos aconsejaban a la mujer no hacerlo, pues caería en “pecado” debido a que eso “no era bien visto por Dios”.
Este proceso llevó a que Julián (de cinco años) y María (de tres) fueran “compartidos” entre ambos padres. El Juzgado 15° de Paz otorgó un régimen de visita tras un proceso de violencia intrafamiliar, por lo que cada 15 días Carlos M. llegaría a traer a los dos niños para llevarlos consigo a su casa, ubicada en una exclusiva residencial de San José Villanueva, en La Libertad.
“Él siempre iba a traer a los dos niños a mi casa”, explicó la madre de los menores de edad afectados por la separación de sus padres biológicos.
El año en que se separaron –en el 2012-, el sujeto buscó ser el fiscal general de la República, luego de que el 28 de marzo presentara su currículo ante la comisión política de la Asamblea Legislativa, cuando participó en el proceso de elección al cargo para el periodo 2012-2015.
Ansiedad, agresividad y berrinches, los comportamientos que despertaron sospechas
Según la versión de la madre, desde el 2012, Carlos M. llegaba a la vivienda de su expareja para pasar a traer a Julián y a María. Un año después, Camila notó un comportamiento extraño en la niña: cada vez que llegaba su padre lloraba, hacía berrinches y temblaba de temor.
“No quiero irme”, dijo en más de una ocasión la menor de edad, mientras abrazaba con fuerza a su madre. El intento de aferrarse a ella siempre fue en vano. Carlos M. siempre se la llevaba a su vivienda de San José Villanueva junto a su hermano Julián.
Según el relato de la madre, la noche del 2 de noviembre de 2013, Camila estaba poniéndole una pijama a su hija y cuando la estaba cambiando escuchó la frase que derrumbó su vida por completo: “mami, mi papi me toca”.
Una serie de cuestionamientos por parte de la mujer hizo que la niña le señalara la zona a la que se refería y supuestamente señaló su área genital. Por ello, tomó su teléfono celular y grabó en video lo que la pequeña víctima decía.
La madre la llevó a una psicóloga para que le ayudara a saber qué era lo que estaba pasando, pero la niña no contó mucho, pues dijo que le daba pena relatar lo sucedido a otra persona. La profesional le sugirió a la progenitora afectada que recurriera a la Fiscalía General de la República (FGR) para que iniciaran las investigaciones.
Tras hacer una serie de conclusiones, en donde supuestamente recordó haberle encontrado pornografía al hombre e incluso fotografías de orgías, la afectada tomó el consejo.
El 8 de noviembre de ese 2013, seis días después de las declaraciones de la niña, Camila interpuso la denuncia en contra de su exesposo bajo el delito de agresión sexual en menor o incapaz. Este crimen está contemplado como tal en los artículos 161 y 162 del Código Penal.
“No me gusta que mi papá ni sus amigos me toquen”
La acusación en contra de Carlos M. tomó más fuerza cuando la madre afectada lo culpó de supuestamente de haber agredido también a su hijo de cinco años de edad, el niño que junto a María iba forzadamente a la casa de su progenitor.
“No me gusta que mi papá ni sus amigos me toquen”, fue otra de las frases que Camila dice que escuchó por parte Julián, quien supuestamente señaló su área genital como el lugar donde el papá lo tocaba.
Además, la madre asegura que al igual que María el comportamiento del niño también fue similar. La agresividad, la hiperactividad, los llantos repentinos y la negatividad de irse junto a su padre estuvieron presentes antes de que le diera detalles a su madre.
Supuestamente, el menor detalló que el hombre los desnudaba en la vivienda situada en San José Villanueva, en su oficina (un bufete de abogados) o en la casa de una de las tías de los menores.
La atención psicológica que recibió el menor derivó en un peritaje, que supuestamente habría señalado que el menor mostraba una conducta sexual inapropiada y no acorde a su edad, según lo descrito por su madre.
La denuncia en el CONNA contra la madre
Según la madre, el acusado al ver el proceso legal en su contra decidió interponer el 7 de febrero de 2014 una denuncia en el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) contra la madre de Julián y María y contra los dos hijos adoptivos de este.
El hombre acusó a Camila de causar violencia psicológica contra sus dos hijos biológicos; mientras dijo que los dos hijos adoptados –mayores- maltrataban a los pequeños.
Según la madre, un peritaje de trabajo social indica que el sujeto tiene una inclinación hacia la pornografía y que además tiene un carácter de agresividad.
De acuerdo a Camila, con la denuncia del CONNA, el sujeto buscaba obtener la custodia total de los niños, pero la institución lo condenó administrativamente, luego de concluir en un informe que las supuestas víctimas habían sufrido acciones por parte de su padre y que estas atentan para su desarrollo.
Un proceso detenido
Pese a que los dichos de los dos menores son contundentes y la madre ha interpuesto la denuncia respectiva, el caso casi cinco años después sigue estancado.
La madre cuenta que el caso ha sido archivado en dos ocasiones, tras haber iniciado en los Juzgados de Zaragoza y Santa Tecla, ambos municipios de La Libertad.
De hecho, en el caso del ribunal 1° de Sentencia del Centro Judicial Integrado tecleño declararó inadmisible la acusación en contra de Morales M.
Por eso se decidió abrir el caso penal, pero bajo una acusación privada, en donde la FGR autoriza convertir en acción privada la acción pública. Ahora, el caso ha pasado al Centro Judicial “Isidro Menéndez” de San Salvador.
Actualmente, el Tribunal 6° de Sentencia resguarda desde hace un año el extenso expediente que comprende de 10 piezas.
Por: El Salvador Times
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
