Judicial
Aspirante a fiscal general en 2012 es acusado de agredir sexualmente a sus dos hijos
Un aspirante a fiscal general en 2012 es acusado por su exesposa de agredir sexualmente a sus dos hijos, de tres y cinco años, respectivamente. Sin embargo, el caso aún no ha encontrado resolución, pese a que ya han pasado más de cinco años desde que se interpuso de la denuncia, que la madre de los menores contó en exclusiva a El Salvador Times.
Camila (nombre cambiado por protección) comenzó a congregarse en 2007 en una iglesia evangélica, donde buscó apoyo tras un matrimonio fallido. Fue ahí que conoció a Carlos M., un pastor que como profesión obtuvo el título de abogado de la República, tras haber estudiado en una universidad privada Ciencias Jurídicas, de donde se graduó en 1993.
El también fundador de una iglesia en Santa Ana, en ese momento de 43 años de edad, logró conquistar el corazón de la mujer dos años menor que él, quien ya tenía a su lado a dos hijos procreados en su relación anterior.
Sin dudarlo, Carlos M. se casó con Camila y adoptó a los dos menores de edad. Con el paso del tiempo, la pareja procreó a dos hijos más, Julián y María (nombres también cambiados), esta última sería la menor de la familia.
“Yo lo veía a él predicando. Se presentó como una buena persona”, comentó Camila en exclusiva a El Salvador Times, quien declaró que en ese momento se consideraba triste y vulnerable por el fracaso de su primer matrimonio.
Luego de cinco años, en el que hubo la misma cantidad de separaciones, el matrimonio no funcionó por lo que ambos decidieron divorciarse, pese a que los feligreses cristianos aconsejaban a la mujer no hacerlo, pues caería en “pecado” debido a que eso “no era bien visto por Dios”.
Este proceso llevó a que Julián (de cinco años) y María (de tres) fueran “compartidos” entre ambos padres. El Juzgado 15° de Paz otorgó un régimen de visita tras un proceso de violencia intrafamiliar, por lo que cada 15 días Carlos M. llegaría a traer a los dos niños para llevarlos consigo a su casa, ubicada en una exclusiva residencial de San José Villanueva, en La Libertad.
“Él siempre iba a traer a los dos niños a mi casa”, explicó la madre de los menores de edad afectados por la separación de sus padres biológicos.
El año en que se separaron –en el 2012-, el sujeto buscó ser el fiscal general de la República, luego de que el 28 de marzo presentara su currículo ante la comisión política de la Asamblea Legislativa, cuando participó en el proceso de elección al cargo para el periodo 2012-2015.
Ansiedad, agresividad y berrinches, los comportamientos que despertaron sospechas
Según la versión de la madre, desde el 2012, Carlos M. llegaba a la vivienda de su expareja para pasar a traer a Julián y a María. Un año después, Camila notó un comportamiento extraño en la niña: cada vez que llegaba su padre lloraba, hacía berrinches y temblaba de temor.
“No quiero irme”, dijo en más de una ocasión la menor de edad, mientras abrazaba con fuerza a su madre. El intento de aferrarse a ella siempre fue en vano. Carlos M. siempre se la llevaba a su vivienda de San José Villanueva junto a su hermano Julián.
Según el relato de la madre, la noche del 2 de noviembre de 2013, Camila estaba poniéndole una pijama a su hija y cuando la estaba cambiando escuchó la frase que derrumbó su vida por completo: “mami, mi papi me toca”.
Una serie de cuestionamientos por parte de la mujer hizo que la niña le señalara la zona a la que se refería y supuestamente señaló su área genital. Por ello, tomó su teléfono celular y grabó en video lo que la pequeña víctima decía.
La madre la llevó a una psicóloga para que le ayudara a saber qué era lo que estaba pasando, pero la niña no contó mucho, pues dijo que le daba pena relatar lo sucedido a otra persona. La profesional le sugirió a la progenitora afectada que recurriera a la Fiscalía General de la República (FGR) para que iniciaran las investigaciones.
Tras hacer una serie de conclusiones, en donde supuestamente recordó haberle encontrado pornografía al hombre e incluso fotografías de orgías, la afectada tomó el consejo.
El 8 de noviembre de ese 2013, seis días después de las declaraciones de la niña, Camila interpuso la denuncia en contra de su exesposo bajo el delito de agresión sexual en menor o incapaz. Este crimen está contemplado como tal en los artículos 161 y 162 del Código Penal.
“No me gusta que mi papá ni sus amigos me toquen”
La acusación en contra de Carlos M. tomó más fuerza cuando la madre afectada lo culpó de supuestamente de haber agredido también a su hijo de cinco años de edad, el niño que junto a María iba forzadamente a la casa de su progenitor.
“No me gusta que mi papá ni sus amigos me toquen”, fue otra de las frases que Camila dice que escuchó por parte Julián, quien supuestamente señaló su área genital como el lugar donde el papá lo tocaba.
Además, la madre asegura que al igual que María el comportamiento del niño también fue similar. La agresividad, la hiperactividad, los llantos repentinos y la negatividad de irse junto a su padre estuvieron presentes antes de que le diera detalles a su madre.
Supuestamente, el menor detalló que el hombre los desnudaba en la vivienda situada en San José Villanueva, en su oficina (un bufete de abogados) o en la casa de una de las tías de los menores.
La atención psicológica que recibió el menor derivó en un peritaje, que supuestamente habría señalado que el menor mostraba una conducta sexual inapropiada y no acorde a su edad, según lo descrito por su madre.
La denuncia en el CONNA contra la madre
Según la madre, el acusado al ver el proceso legal en su contra decidió interponer el 7 de febrero de 2014 una denuncia en el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) contra la madre de Julián y María y contra los dos hijos adoptivos de este.
El hombre acusó a Camila de causar violencia psicológica contra sus dos hijos biológicos; mientras dijo que los dos hijos adoptados –mayores- maltrataban a los pequeños.
Según la madre, un peritaje de trabajo social indica que el sujeto tiene una inclinación hacia la pornografía y que además tiene un carácter de agresividad.
De acuerdo a Camila, con la denuncia del CONNA, el sujeto buscaba obtener la custodia total de los niños, pero la institución lo condenó administrativamente, luego de concluir en un informe que las supuestas víctimas habían sufrido acciones por parte de su padre y que estas atentan para su desarrollo.
Un proceso detenido
Pese a que los dichos de los dos menores son contundentes y la madre ha interpuesto la denuncia respectiva, el caso casi cinco años después sigue estancado.
La madre cuenta que el caso ha sido archivado en dos ocasiones, tras haber iniciado en los Juzgados de Zaragoza y Santa Tecla, ambos municipios de La Libertad.
De hecho, en el caso del ribunal 1° de Sentencia del Centro Judicial Integrado tecleño declararó inadmisible la acusación en contra de Morales M.
Por eso se decidió abrir el caso penal, pero bajo una acusación privada, en donde la FGR autoriza convertir en acción privada la acción pública. Ahora, el caso ha pasado al Centro Judicial “Isidro Menéndez” de San Salvador.
Actualmente, el Tribunal 6° de Sentencia resguarda desde hace un año el extenso expediente que comprende de 10 piezas.
Por: El Salvador Times
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Judicial
Cadena perpetua para dos líderes de la MS-13 en San Salvador: Tribunal condena a 97 pandilleros de 10 clicas
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Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
