Judicial
Aspirante a fiscal general en 2012 es acusado de agredir sexualmente a sus dos hijos
Un aspirante a fiscal general en 2012 es acusado por su exesposa de agredir sexualmente a sus dos hijos, de tres y cinco años, respectivamente. Sin embargo, el caso aún no ha encontrado resolución, pese a que ya han pasado más de cinco años desde que se interpuso de la denuncia, que la madre de los menores contó en exclusiva a El Salvador Times.
Camila (nombre cambiado por protección) comenzó a congregarse en 2007 en una iglesia evangélica, donde buscó apoyo tras un matrimonio fallido. Fue ahí que conoció a Carlos M., un pastor que como profesión obtuvo el título de abogado de la República, tras haber estudiado en una universidad privada Ciencias Jurídicas, de donde se graduó en 1993.
El también fundador de una iglesia en Santa Ana, en ese momento de 43 años de edad, logró conquistar el corazón de la mujer dos años menor que él, quien ya tenía a su lado a dos hijos procreados en su relación anterior.
Sin dudarlo, Carlos M. se casó con Camila y adoptó a los dos menores de edad. Con el paso del tiempo, la pareja procreó a dos hijos más, Julián y María (nombres también cambiados), esta última sería la menor de la familia.
“Yo lo veía a él predicando. Se presentó como una buena persona”, comentó Camila en exclusiva a El Salvador Times, quien declaró que en ese momento se consideraba triste y vulnerable por el fracaso de su primer matrimonio.
Luego de cinco años, en el que hubo la misma cantidad de separaciones, el matrimonio no funcionó por lo que ambos decidieron divorciarse, pese a que los feligreses cristianos aconsejaban a la mujer no hacerlo, pues caería en “pecado” debido a que eso “no era bien visto por Dios”.
Este proceso llevó a que Julián (de cinco años) y María (de tres) fueran “compartidos” entre ambos padres. El Juzgado 15° de Paz otorgó un régimen de visita tras un proceso de violencia intrafamiliar, por lo que cada 15 días Carlos M. llegaría a traer a los dos niños para llevarlos consigo a su casa, ubicada en una exclusiva residencial de San José Villanueva, en La Libertad.
“Él siempre iba a traer a los dos niños a mi casa”, explicó la madre de los menores de edad afectados por la separación de sus padres biológicos.
El año en que se separaron –en el 2012-, el sujeto buscó ser el fiscal general de la República, luego de que el 28 de marzo presentara su currículo ante la comisión política de la Asamblea Legislativa, cuando participó en el proceso de elección al cargo para el periodo 2012-2015.
Ansiedad, agresividad y berrinches, los comportamientos que despertaron sospechas
Según la versión de la madre, desde el 2012, Carlos M. llegaba a la vivienda de su expareja para pasar a traer a Julián y a María. Un año después, Camila notó un comportamiento extraño en la niña: cada vez que llegaba su padre lloraba, hacía berrinches y temblaba de temor.
“No quiero irme”, dijo en más de una ocasión la menor de edad, mientras abrazaba con fuerza a su madre. El intento de aferrarse a ella siempre fue en vano. Carlos M. siempre se la llevaba a su vivienda de San José Villanueva junto a su hermano Julián.
Según el relato de la madre, la noche del 2 de noviembre de 2013, Camila estaba poniéndole una pijama a su hija y cuando la estaba cambiando escuchó la frase que derrumbó su vida por completo: “mami, mi papi me toca”.
Una serie de cuestionamientos por parte de la mujer hizo que la niña le señalara la zona a la que se refería y supuestamente señaló su área genital. Por ello, tomó su teléfono celular y grabó en video lo que la pequeña víctima decía.
La madre la llevó a una psicóloga para que le ayudara a saber qué era lo que estaba pasando, pero la niña no contó mucho, pues dijo que le daba pena relatar lo sucedido a otra persona. La profesional le sugirió a la progenitora afectada que recurriera a la Fiscalía General de la República (FGR) para que iniciaran las investigaciones.
Tras hacer una serie de conclusiones, en donde supuestamente recordó haberle encontrado pornografía al hombre e incluso fotografías de orgías, la afectada tomó el consejo.
El 8 de noviembre de ese 2013, seis días después de las declaraciones de la niña, Camila interpuso la denuncia en contra de su exesposo bajo el delito de agresión sexual en menor o incapaz. Este crimen está contemplado como tal en los artículos 161 y 162 del Código Penal.
“No me gusta que mi papá ni sus amigos me toquen”
La acusación en contra de Carlos M. tomó más fuerza cuando la madre afectada lo culpó de supuestamente de haber agredido también a su hijo de cinco años de edad, el niño que junto a María iba forzadamente a la casa de su progenitor.
“No me gusta que mi papá ni sus amigos me toquen”, fue otra de las frases que Camila dice que escuchó por parte Julián, quien supuestamente señaló su área genital como el lugar donde el papá lo tocaba.
Además, la madre asegura que al igual que María el comportamiento del niño también fue similar. La agresividad, la hiperactividad, los llantos repentinos y la negatividad de irse junto a su padre estuvieron presentes antes de que le diera detalles a su madre.
Supuestamente, el menor detalló que el hombre los desnudaba en la vivienda situada en San José Villanueva, en su oficina (un bufete de abogados) o en la casa de una de las tías de los menores.
La atención psicológica que recibió el menor derivó en un peritaje, que supuestamente habría señalado que el menor mostraba una conducta sexual inapropiada y no acorde a su edad, según lo descrito por su madre.
La denuncia en el CONNA contra la madre
Según la madre, el acusado al ver el proceso legal en su contra decidió interponer el 7 de febrero de 2014 una denuncia en el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) contra la madre de Julián y María y contra los dos hijos adoptivos de este.
El hombre acusó a Camila de causar violencia psicológica contra sus dos hijos biológicos; mientras dijo que los dos hijos adoptados –mayores- maltrataban a los pequeños.
Según la madre, un peritaje de trabajo social indica que el sujeto tiene una inclinación hacia la pornografía y que además tiene un carácter de agresividad.
De acuerdo a Camila, con la denuncia del CONNA, el sujeto buscaba obtener la custodia total de los niños, pero la institución lo condenó administrativamente, luego de concluir en un informe que las supuestas víctimas habían sufrido acciones por parte de su padre y que estas atentan para su desarrollo.
Un proceso detenido
Pese a que los dichos de los dos menores son contundentes y la madre ha interpuesto la denuncia respectiva, el caso casi cinco años después sigue estancado.
La madre cuenta que el caso ha sido archivado en dos ocasiones, tras haber iniciado en los Juzgados de Zaragoza y Santa Tecla, ambos municipios de La Libertad.
De hecho, en el caso del ribunal 1° de Sentencia del Centro Judicial Integrado tecleño declararó inadmisible la acusación en contra de Morales M.
Por eso se decidió abrir el caso penal, pero bajo una acusación privada, en donde la FGR autoriza convertir en acción privada la acción pública. Ahora, el caso ha pasado al Centro Judicial “Isidro Menéndez” de San Salvador.
Actualmente, el Tribunal 6° de Sentencia resguarda desde hace un año el extenso expediente que comprende de 10 piezas.
Por: El Salvador Times
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
