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Judicial

Aspirante a fiscal general en 2012 es acusado de agredir sexualmente a sus dos hijos

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Un aspirante a fiscal general en 2012 es acusado por su exesposa de agredir sexualmente a sus dos hijos, de tres y cinco años, respectivamente. Sin embargo, el caso aún no ha encontrado resolución, pese a que ya han pasado más de cinco años desde que se interpuso de la denuncia, que la madre de los menores contó en exclusiva a El Salvador Times.

 

Camila (nombre cambiado por protección) comenzó a congregarse en 2007 en una iglesia evangélica, donde buscó apoyo tras un matrimonio fallido. Fue ahí que conoció a Carlos M., un pastor que como profesión obtuvo el título de abogado de la República, tras haber estudiado en una universidad privada Ciencias Jurídicas, de donde se graduó en 1993.

 

El también fundador de una iglesia en Santa Ana, en ese momento de 43 años de edad, logró conquistar el corazón de la mujer dos años menor que él, quien ya tenía a su lado a dos hijos procreados en su relación anterior.

 

Sin dudarlo, Carlos M. se casó con Camila y adoptó a los dos menores de edad. Con el paso del tiempo, la pareja procreó a dos hijos más, Julián y María (nombres también cambiados), esta última sería la menor de la familia.

 

“Yo lo veía a él predicando. Se presentó como una buena persona”, comentó Camila en exclusiva a El Salvador Times, quien declaró que en ese momento se consideraba triste y vulnerable por el fracaso de su primer matrimonio.

 

Luego de cinco años, en el que hubo la misma cantidad de separaciones, el matrimonio no funcionó por lo que ambos decidieron divorciarse, pese a que los feligreses cristianos aconsejaban a la mujer no hacerlo, pues caería en “pecado” debido a que eso “no era bien visto por Dios”.

 

Este proceso llevó a que Julián (de cinco años) y María (de tres) fueran “compartidos” entre ambos padres. El Juzgado 15° de Paz otorgó un régimen de visita tras un proceso de violencia intrafamiliar, por lo que cada 15 días Carlos M. llegaría a traer a los dos niños para llevarlos consigo a su casa, ubicada en una exclusiva residencial de San José Villanueva, en La Libertad.

 

“Él siempre iba a traer a los dos niños a mi casa”, explicó la madre de los menores de edad afectados por la separación de sus padres biológicos.

 

El año en que se separaron –en el 2012-, el sujeto buscó ser el fiscal general de la República, luego de que el 28 de marzo presentara su currículo ante la comisión política de la Asamblea Legislativa, cuando participó en el proceso de elección al cargo para el periodo 2012-2015.

 

Ansiedad, agresividad y berrinches, los comportamientos que despertaron sospechas

 

Según la versión de la madre, desde el 2012, Carlos M. llegaba a la vivienda de su expareja para pasar a traer a Julián y a María. Un año después, Camila notó un comportamiento extraño en la niña: cada vez que llegaba su padre lloraba, hacía berrinches y temblaba de temor.

 

“No quiero irme”, dijo en más de una ocasión la menor de edad, mientras abrazaba con fuerza a su madre. El intento de aferrarse a ella siempre fue en vano. Carlos M. siempre se la llevaba a su vivienda de San José Villanueva junto a su hermano Julián.

 

Según el relato de la madre, la noche del 2 de noviembre de 2013, Camila estaba poniéndole una pijama a su hija y cuando la estaba cambiando escuchó la frase que derrumbó su vida por completo: “mami, mi papi me toca”.

 

Una serie de cuestionamientos por parte de la mujer hizo que la niña le señalara la zona a la que se refería y supuestamente señaló su área genital. Por ello, tomó su teléfono celular y grabó en video lo que la pequeña víctima decía.

 

La madre la llevó a una psicóloga para que le ayudara a saber qué era lo que estaba pasando, pero la niña no contó mucho, pues dijo que le daba pena relatar lo sucedido a otra persona. La profesional le sugirió a la progenitora afectada que recurriera a la Fiscalía General de la República (FGR) para que iniciaran las investigaciones.

 

Tras hacer una serie de conclusiones, en donde supuestamente recordó haberle encontrado pornografía al hombre e incluso fotografías de orgías, la afectada tomó el consejo.

 

El 8 de noviembre de ese 2013, seis días después de las declaraciones de la niña, Camila interpuso la denuncia en contra de su exesposo bajo el delito de agresión sexual en menor o incapaz. Este crimen está contemplado como tal en los artículos 161 y 162 del Código Penal.

 

“No me gusta que mi papá ni sus amigos me toquen”

 

La acusación en contra de Carlos M. tomó más fuerza cuando la madre afectada lo culpó de supuestamente de haber agredido también a su hijo de cinco años de edad, el niño que junto a María iba forzadamente a la casa de su progenitor.

 

“No me gusta que mi papá ni sus amigos me toquen”, fue otra de las frases que Camila dice que escuchó por parte Julián, quien supuestamente señaló su área genital como el lugar donde el papá lo tocaba.

 

Además, la madre asegura que al igual que María el comportamiento del niño también fue similar. La agresividad, la hiperactividad, los llantos repentinos y la negatividad de irse junto a su padre estuvieron presentes antes de que le diera detalles a su madre.

 

Supuestamente, el menor detalló que el hombre los desnudaba en la vivienda situada en San José Villanueva, en su oficina (un bufete de abogados) o en la casa de una de las tías de los menores.

 

La atención psicológica que recibió el menor derivó en un peritaje, que supuestamente habría señalado que el menor mostraba una conducta sexual inapropiada y no acorde a su edad, según lo descrito por su madre.

 

La denuncia en el CONNA contra la madre

 

Según la madre, el acusado al ver el proceso legal en su contra decidió interponer el 7 de febrero de 2014 una denuncia en el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) contra la madre de Julián y María y contra los dos hijos adoptivos de este.

 

El hombre acusó a Camila de causar violencia psicológica contra sus dos hijos biológicos; mientras dijo que los dos hijos adoptados –mayores- maltrataban a los pequeños.

 

Según la madre, un peritaje de trabajo social indica que el sujeto tiene una inclinación hacia la pornografía y que además tiene un carácter de agresividad.

 

De acuerdo a Camila, con la denuncia del CONNA, el sujeto buscaba obtener la custodia total de los niños, pero la institución lo condenó administrativamente, luego de concluir en un informe que las supuestas víctimas habían sufrido acciones por parte de su padre y que estas atentan para su desarrollo.

 

Un proceso detenido

 

Pese a que los dichos de los dos menores son contundentes y la madre ha interpuesto la denuncia respectiva, el caso casi cinco años después sigue estancado.

 

La madre cuenta que el caso ha sido archivado en dos ocasiones, tras haber iniciado en los Juzgados de Zaragoza y Santa Tecla, ambos municipios de La Libertad.

 

De hecho, en el caso del ribunal 1° de Sentencia del Centro Judicial Integrado tecleño declararó inadmisible la acusación en contra de Morales M.

 

Por eso se decidió abrir el caso penal, pero bajo una acusación privada, en donde la FGR autoriza convertir en acción privada la acción pública. Ahora, el caso ha pasado al Centro Judicial “Isidro Menéndez” de San Salvador.

 

Actualmente, el Tribunal 6° de Sentencia resguarda desde hace un año el extenso expediente que comprende de 10 piezas.

Por: El Salvador Times

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Judicial

Demandarán a Manuel Flores por $250,000

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El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.

«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.

El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.

La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.

Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.

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Judicial

Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.

Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.

En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.

De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.

Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.

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Judicial

Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año

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Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).

Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.

Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.

En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.

Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.

Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.

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