Judicial
Ahuachapaneco se muda a la capital para buscar una mejor vida y termina procesado por extorsión tras pedirle la hora a un hombre en una farmacia
En busca de un mejor trabajo, un hombre originario de Ahuachapán llegó a San Salvador sin imaginar que iba a terminar siendo procesado injustamente por el supuesto cobro de una exrtorsión cuando se desempeñaba como auxiliar de parrilla.
Con apenas 19 años, José V., vivió un largo proceso judicial que lo pudo haber condenado injustamente hasta con 20 años de prisión, sin embargo, el juzgador creyó en su declaración de inocencia y que todo se trató de una confusión.
Durante el año 2016, el joven comenzó a trabajar en un negocio de carne asada ubicado sobre la 5 avenida norte de San Salvador, logrando obtener ingresos para sobrevivir en la capital y ayudar a su familia en el interior del país.
Fueron 10 meses en los que José comenzó a ver el progreso en su vida, esto fue hasta que una falla en su teléfono celular lo llevó a iniciar una conversación con un desconocido que le valió para ser considerado un extorsionista.
El reloj marcaba las 11:00 de la mañana del 2 de abril de 2017 cuando minutos antes de entrar a trabajar José pasó por una farmacia, contiguo al restaurante, para recargar su celular que observó tenía una hora equivocada.
Queriendo solucionar el error, José se acercó a un hombre que estaba al otro lado de la calle y le preguntó la hora, actualizó el dispositivo y siguió con normalidad a su trabajo donde inició con la jornada laboral que repentinamente fue cortada por policías.
Sin explicarle con exactitud los delitos que supuestamente había cometido lo arrestaron. En la delegación fue señalado junto a otros dos sujetos identificados como Juan L., y Erick C., ambos de 22 años; de cobrar una extorsión frente al restaurante.
José se contaminó en la escena de extorsión
Durante todo el proceso judicial, los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron al cocinero como la pieza clave de la extorsión, esto pese a que era Eric y Juan los que aparecían en todas las entregas controladas realizadas por el caso.
Respecto a José, este tuvo la mala fortuna de aparecer en el operativo que iba a dar con la captura de los dos extorsionistas con quien el ahuachapaneco intercambió palabras para poder corregir el fallo de su celular.
El cruce de palabras entre uno de los extorsionistas y José fue interpretado por los agentes como que el segundo estaba dando las indicaciones finales para hacer efectivo el cobro del dinero.
Finalmente, la entrega del dinero se dio por parte de un agente encubierto que terminó deteniendo a los dos extorsionistas que intentaron escapar, pero fue en vano ya que minutos más tarde se reencontraron con José en la delegación.
En el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, el juez a cargo del proceso decidió absolver de toda responsabilidad a José, mientras que los otros dos señalados fueron condenados a 10 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Por: El Salvador Times.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
