Judicial
Ahuachapaneco se muda a la capital para buscar una mejor vida y termina procesado por extorsión tras pedirle la hora a un hombre en una farmacia
En busca de un mejor trabajo, un hombre originario de Ahuachapán llegó a San Salvador sin imaginar que iba a terminar siendo procesado injustamente por el supuesto cobro de una exrtorsión cuando se desempeñaba como auxiliar de parrilla.
Con apenas 19 años, José V., vivió un largo proceso judicial que lo pudo haber condenado injustamente hasta con 20 años de prisión, sin embargo, el juzgador creyó en su declaración de inocencia y que todo se trató de una confusión.
Durante el año 2016, el joven comenzó a trabajar en un negocio de carne asada ubicado sobre la 5 avenida norte de San Salvador, logrando obtener ingresos para sobrevivir en la capital y ayudar a su familia en el interior del país.
Fueron 10 meses en los que José comenzó a ver el progreso en su vida, esto fue hasta que una falla en su teléfono celular lo llevó a iniciar una conversación con un desconocido que le valió para ser considerado un extorsionista.
El reloj marcaba las 11:00 de la mañana del 2 de abril de 2017 cuando minutos antes de entrar a trabajar José pasó por una farmacia, contiguo al restaurante, para recargar su celular que observó tenía una hora equivocada.
Queriendo solucionar el error, José se acercó a un hombre que estaba al otro lado de la calle y le preguntó la hora, actualizó el dispositivo y siguió con normalidad a su trabajo donde inició con la jornada laboral que repentinamente fue cortada por policías.
Sin explicarle con exactitud los delitos que supuestamente había cometido lo arrestaron. En la delegación fue señalado junto a otros dos sujetos identificados como Juan L., y Erick C., ambos de 22 años; de cobrar una extorsión frente al restaurante.
José se contaminó en la escena de extorsión
Durante todo el proceso judicial, los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron al cocinero como la pieza clave de la extorsión, esto pese a que era Eric y Juan los que aparecían en todas las entregas controladas realizadas por el caso.
Respecto a José, este tuvo la mala fortuna de aparecer en el operativo que iba a dar con la captura de los dos extorsionistas con quien el ahuachapaneco intercambió palabras para poder corregir el fallo de su celular.
El cruce de palabras entre uno de los extorsionistas y José fue interpretado por los agentes como que el segundo estaba dando las indicaciones finales para hacer efectivo el cobro del dinero.
Finalmente, la entrega del dinero se dio por parte de un agente encubierto que terminó deteniendo a los dos extorsionistas que intentaron escapar, pero fue en vano ya que minutos más tarde se reencontraron con José en la delegación.
En el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, el juez a cargo del proceso decidió absolver de toda responsabilidad a José, mientras que los otros dos señalados fueron condenados a 10 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
