Judicial
Ahuachapaneco se muda a la capital para buscar una mejor vida y termina procesado por extorsión tras pedirle la hora a un hombre en una farmacia
En busca de un mejor trabajo, un hombre originario de Ahuachapán llegó a San Salvador sin imaginar que iba a terminar siendo procesado injustamente por el supuesto cobro de una exrtorsión cuando se desempeñaba como auxiliar de parrilla.
Con apenas 19 años, José V., vivió un largo proceso judicial que lo pudo haber condenado injustamente hasta con 20 años de prisión, sin embargo, el juzgador creyó en su declaración de inocencia y que todo se trató de una confusión.
Durante el año 2016, el joven comenzó a trabajar en un negocio de carne asada ubicado sobre la 5 avenida norte de San Salvador, logrando obtener ingresos para sobrevivir en la capital y ayudar a su familia en el interior del país.
Fueron 10 meses en los que José comenzó a ver el progreso en su vida, esto fue hasta que una falla en su teléfono celular lo llevó a iniciar una conversación con un desconocido que le valió para ser considerado un extorsionista.
El reloj marcaba las 11:00 de la mañana del 2 de abril de 2017 cuando minutos antes de entrar a trabajar José pasó por una farmacia, contiguo al restaurante, para recargar su celular que observó tenía una hora equivocada.
Queriendo solucionar el error, José se acercó a un hombre que estaba al otro lado de la calle y le preguntó la hora, actualizó el dispositivo y siguió con normalidad a su trabajo donde inició con la jornada laboral que repentinamente fue cortada por policías.
Sin explicarle con exactitud los delitos que supuestamente había cometido lo arrestaron. En la delegación fue señalado junto a otros dos sujetos identificados como Juan L., y Erick C., ambos de 22 años; de cobrar una extorsión frente al restaurante.
José se contaminó en la escena de extorsión
Durante todo el proceso judicial, los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron al cocinero como la pieza clave de la extorsión, esto pese a que era Eric y Juan los que aparecían en todas las entregas controladas realizadas por el caso.
Respecto a José, este tuvo la mala fortuna de aparecer en el operativo que iba a dar con la captura de los dos extorsionistas con quien el ahuachapaneco intercambió palabras para poder corregir el fallo de su celular.
El cruce de palabras entre uno de los extorsionistas y José fue interpretado por los agentes como que el segundo estaba dando las indicaciones finales para hacer efectivo el cobro del dinero.
Finalmente, la entrega del dinero se dio por parte de un agente encubierto que terminó deteniendo a los dos extorsionistas que intentaron escapar, pero fue en vano ya que minutos más tarde se reencontraron con José en la delegación.
En el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, el juez a cargo del proceso decidió absolver de toda responsabilidad a José, mientras que los otros dos señalados fueron condenados a 10 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Por: El Salvador Times.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
