Judicial
Agente del CAM que fue brutalmente golpeado por policías, ahora es acusado de amenazar a un testigo en su contra
El imputado ha refutado cada acusación de la supuesta víctima y espera salir libre luego de presentar las pruebas ante el tribunal. La audiencia se realizará hasta abril del 2019.
Un hombre que testificó a favor de los policías que fueron sentenciados por golpear brutalmente en 2015 a Aldo Peña, el agente transgénero del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador (CAM), ahora lo acusa de haberlo amenazado de muerte. El imputado se declara ser inocente.
José O., de 46 años de edad, es un vendedor de comida en Ciudad Delgado. Desde hace algunos años, su vida cambió luego de ser testigo de cómo un grupo de policías golpearon a Aldo Peña Orellana, quien hasta ese entonces, desconocía que fuera transgénero y que pertenecía al CAM. Según su testimonio, este realizó en dos ocasiones intensiones de atentar contra su vida.
El 27 de junio de 2015, Alicia del Carmen, nombre legal de Aldo, junto con su compañera de vida, se subieron a un microbús de la ruta 4 luego de una larga jornada en la marcha del orgullo LGBTI y al momento de solicitar el alto en la parada de buses en Ciudad Delgado. El motorista optó por hacer caso omiso lo que provocó un altercado que llegó hasta la delegación policial, donde dijo que había sido amenazado.
«En vez de preguntarle qué es lo que pasaba, los agentes policiales lo empezaron a agredir. Lo tomaron del cuello, lo empezaron a golpear», relató la fiscal del caso días después del hecho.
Ese fue el inicio de un largo proceso judicial que culminó con el juzgamiento de dos de diez de sus victimarios, quienes solicitaron la colaboración de José a su favor, ya que este había sido testigo de los hechos.
Aldo, quien era víctima en ese proceso, y José no se conocían. La primera vez que se vieron fue dentro de una sala de audiencias donde cada uno dio su versión de ese incidente dentro de ese microbús. Al finalizar las diversas audiencias, José asegura que empezó a observar que, al testificar en su contra, podría estar en peligro. Por eso acusó penalmente a Aldo.
José señaló a las autoridades que fueron dos fechas diferentes en las cuales se vio amenazado por el agente del CAM. Una de esas fue el domingo 12 de marzo del 2016 a la 1:30 de la tarde.
Según el expediente judicial, José asegura que este se encontraba colocando una vela en honor a la muerte de su mamá dentro de la Catedral Metropolitana de San Salvador cuando de pronto logró observar a Aldo vestido con su uniforme del CAM, quien hacía gestos amenazantes mientras tentaba con sus manos su arma de fuego otorgada por la alcaldía.
La defensa de Aldo
Sin embargo, esta versión fue desmentida por el agente, quien especificó que la fecha, a la que la supuesta víctima hace referencia, sí estaba realizando labores de seguridad en el parque San Martín, pero que no portaba ningún tipo de arma ya que su licencia estaba vencida. “Si no tiene su licencia vigente la comandante de guardia tiene órdenes estrictas de no entregar armas”, destacó en su declaración.
Aldo aclaró que era imposible que José lo hubiera visto, ya que la zona en la que estaba trabajando estaba cubierta de láminas debido a las construcciones que se realizaban en ese entonces en el centro capitalino.
La segunda fecha que indicó José fue el 2 de abril a las 9:00 de la mañana, frente a su vivienda ubicada en una colonia de Ciudad Delgado. La relación de los hechos señaló ese día el imputado iba caminando hasta detenerse un periodo de tiempo frente y Jose asegura que Aldo le gritó: “¡Culero, hijo de la gran puta te tengo en la mira!”, mientras se agarraba de la cintura como quien simula tener su arma.
“Sentí miedo, ya que esas palabras eran de muerte”, dijo José a las autoridades. Pero nuevamente el agente del CAM especificó que no era cierta tal afirmación, ya que en esa fecha y hora se encontraba grabando un video en contra de la violencia hacia la comunidad LGBTI para una organización internacional.
Ante el juzgado él aseguró que la filmación se desarrolló en la carretera Troncal del Norte, la cual comenzó a las 9:00 de la mañana y que terminó a las 11:40 de la mañana.
El caso transitó por todas las instancias jurídicas hasta llegar al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, donde se espera que ambas partes aporten las pruebas pertinentes para que el juez pueda emitir una resolución. La vista pública se realizará en abril del próximo año.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
Judicial
Admiten pruebas en contra de Guillermo Mata, ex diputado del FMLN
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
Judicial
30 años de cárcel para secuestrador de Apopa
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Sifredo Norberto Martínez Corquín, quien es acusado por el delito de secuestro agravado.
En diciembre del 2010, el imputado junto a otros pandilleros de la 18, privaron de libertad a la víctima que residía en Valle Verde, distrito de Apopa, y la mantuvieron secuestrada por varios días hasta que le quitaron la vida.
«El día 3 de diciembre de 2010, la víctima clave Fernanda, fue secuestrada en la colonia Valle Verde 3, del municipio de Apoya, por sujetos pertenecientes a la pandilla 18 que operaban en el sector, entre este grupo de pandilleros se encontraba el señor Sifredo Norberto Martínez Corquín, alias el Negro, quien colaboró en el traslado desde una casa a la otra donde estuvo privada de libertad la víctima, quien el día 4 de diciembre de 2010, lastimosamente fue asesinada y enterada por dichos pandilleros en la zona», indicó el fiscal del caso.
La fuente detalló que el cuerpo de la víctima fue localizado en el sector conocido como la Arenera, Apopa.
«El cadáver de clave Fernanda fue encontrado en el sector de la Arenera mutilado y enterrado casi un año después, en el 2011», señaló el fiscal.
Agregó «en virtud de ello, el Tribunal Quinto contra el crimen organizado juez 1 de San Salvador, consideró la prueba testimonial, documental y pericial declarando al imputado responsable penalmente, condenandolo a 30 años de prisión, por el delito de secuestro agravado».
Este pandillero también es procesado por otros delitos.