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Judicial

Agente del CAM que fue brutalmente golpeado por policías, ahora es acusado de amenazar a un testigo en su contra

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El imputado ha refutado cada acusación de la supuesta víctima y espera salir libre luego de presentar las pruebas ante el tribunal. La audiencia se realizará hasta abril del 2019.

Un hombre que testificó a favor de los policías que fueron sentenciados por golpear brutalmente en 2015 a Aldo Peña, el agente transgénero del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador (CAM), ahora lo acusa de haberlo amenazado de muerte. El imputado se declara ser inocente.

José O., de 46 años de edad, es un vendedor de comida en Ciudad Delgado. Desde hace algunos años, su vida cambió luego de ser testigo de cómo un grupo de policías golpearon a Aldo Peña Orellana, quien hasta ese entonces, desconocía que fuera transgénero y que pertenecía al CAM. Según su testimonio, este realizó en dos ocasiones intensiones de atentar contra su vida.

El 27 de junio de 2015, Alicia del Carmen, nombre legal de Aldo, junto con su compañera de vida, se subieron a un microbús de la ruta 4 luego de una larga jornada en la marcha del orgullo LGBTI y al momento de solicitar el alto en la parada de buses en Ciudad Delgado. El motorista optó por hacer caso omiso lo que provocó un altercado que llegó hasta la delegación policial, donde dijo que había sido amenazado.

«En vez de preguntarle qué es lo que pasaba, los agentes policiales lo empezaron a agredir. Lo tomaron del cuello, lo empezaron a golpear», relató la fiscal del caso días después del hecho.

Ese fue el inicio de un largo proceso judicial que culminó con el juzgamiento de dos de diez de sus victimarios, quienes solicitaron la colaboración de José a su favor, ya que este había sido testigo de los hechos.

Aldo, quien era víctima en ese proceso, y José no se conocían. La primera vez que se vieron fue dentro de una sala de audiencias donde cada uno dio su versión de ese incidente dentro de ese microbús. Al finalizar las diversas audiencias, José asegura que empezó a observar que, al testificar en su contra, podría estar en peligro. Por eso acusó penalmente a Aldo.

José señaló a las autoridades que fueron dos fechas diferentes en las cuales se vio amenazado por el agente del CAM. Una de esas fue el domingo 12 de marzo del 2016 a la 1:30 de la tarde.

Según el expediente judicial, José asegura que este se encontraba colocando una vela en honor a la muerte de su mamá dentro de la Catedral Metropolitana de San Salvador cuando de pronto logró observar a Aldo vestido con su uniforme del CAM, quien hacía gestos amenazantes mientras tentaba con sus manos su arma de fuego otorgada por la alcaldía.

La defensa de Aldo

Sin embargo, esta versión fue desmentida por el agente, quien especificó que la fecha, a la que la supuesta víctima hace referencia, sí estaba realizando labores de seguridad en el parque San Martín, pero que no portaba ningún tipo de arma ya que su licencia estaba vencida. “Si no tiene su licencia vigente la comandante de guardia tiene órdenes estrictas de no entregar armas”, destacó en su declaración.

Aldo aclaró que era imposible que José lo hubiera visto, ya que la zona en la que estaba trabajando estaba cubierta de láminas debido a las construcciones que se realizaban en ese entonces en el centro capitalino.

La segunda fecha que indicó José fue el 2 de abril a las 9:00 de la mañana, frente a su vivienda ubicada en una colonia de Ciudad Delgado. La relación de los hechos señaló ese día el imputado iba caminando hasta detenerse un periodo de tiempo frente y Jose asegura que Aldo le gritó: “¡Culero, hijo de la gran puta te tengo en la mira!”, mientras se agarraba de la cintura como quien simula tener su arma.

“Sentí miedo, ya que esas palabras eran de muerte”, dijo José a las autoridades. Pero nuevamente el agente del CAM especificó que no era cierta tal afirmación, ya que en esa fecha y hora se encontraba grabando un video en contra de la violencia hacia la comunidad LGBTI para una organización internacional.

Ante el juzgado él aseguró que la filmación se desarrolló en la carretera Troncal del Norte, la cual comenzó a las 9:00 de la mañana y que terminó a las 11:40 de la mañana.

El caso transitó por todas las instancias jurídicas hasta llegar al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, donde se espera que ambas partes aporten las pruebas pertinentes para que el juez pueda emitir una resolución. La vista pública se realizará en abril del próximo año.

Nota por El Salvador Times 

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Judicial

Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.

La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.

Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.

La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.

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Judicial

Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

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Foto: Cortesía

Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.

Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.

Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.

Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.

Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.

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Judicial

Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador

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El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.

La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.

El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.

El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.

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