Judicial
Agente del CAM que fue brutalmente golpeado por policías, ahora es acusado de amenazar a un testigo en su contra
El imputado ha refutado cada acusación de la supuesta víctima y espera salir libre luego de presentar las pruebas ante el tribunal. La audiencia se realizará hasta abril del 2019.
Un hombre que testificó a favor de los policías que fueron sentenciados por golpear brutalmente en 2015 a Aldo Peña, el agente transgénero del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador (CAM), ahora lo acusa de haberlo amenazado de muerte. El imputado se declara ser inocente.
José O., de 46 años de edad, es un vendedor de comida en Ciudad Delgado. Desde hace algunos años, su vida cambió luego de ser testigo de cómo un grupo de policías golpearon a Aldo Peña Orellana, quien hasta ese entonces, desconocía que fuera transgénero y que pertenecía al CAM. Según su testimonio, este realizó en dos ocasiones intensiones de atentar contra su vida.
El 27 de junio de 2015, Alicia del Carmen, nombre legal de Aldo, junto con su compañera de vida, se subieron a un microbús de la ruta 4 luego de una larga jornada en la marcha del orgullo LGBTI y al momento de solicitar el alto en la parada de buses en Ciudad Delgado. El motorista optó por hacer caso omiso lo que provocó un altercado que llegó hasta la delegación policial, donde dijo que había sido amenazado.
«En vez de preguntarle qué es lo que pasaba, los agentes policiales lo empezaron a agredir. Lo tomaron del cuello, lo empezaron a golpear», relató la fiscal del caso días después del hecho.
Ese fue el inicio de un largo proceso judicial que culminó con el juzgamiento de dos de diez de sus victimarios, quienes solicitaron la colaboración de José a su favor, ya que este había sido testigo de los hechos.
Aldo, quien era víctima en ese proceso, y José no se conocían. La primera vez que se vieron fue dentro de una sala de audiencias donde cada uno dio su versión de ese incidente dentro de ese microbús. Al finalizar las diversas audiencias, José asegura que empezó a observar que, al testificar en su contra, podría estar en peligro. Por eso acusó penalmente a Aldo.
José señaló a las autoridades que fueron dos fechas diferentes en las cuales se vio amenazado por el agente del CAM. Una de esas fue el domingo 12 de marzo del 2016 a la 1:30 de la tarde.
Según el expediente judicial, José asegura que este se encontraba colocando una vela en honor a la muerte de su mamá dentro de la Catedral Metropolitana de San Salvador cuando de pronto logró observar a Aldo vestido con su uniforme del CAM, quien hacía gestos amenazantes mientras tentaba con sus manos su arma de fuego otorgada por la alcaldía.
La defensa de Aldo
Sin embargo, esta versión fue desmentida por el agente, quien especificó que la fecha, a la que la supuesta víctima hace referencia, sí estaba realizando labores de seguridad en el parque San Martín, pero que no portaba ningún tipo de arma ya que su licencia estaba vencida. “Si no tiene su licencia vigente la comandante de guardia tiene órdenes estrictas de no entregar armas”, destacó en su declaración.
Aldo aclaró que era imposible que José lo hubiera visto, ya que la zona en la que estaba trabajando estaba cubierta de láminas debido a las construcciones que se realizaban en ese entonces en el centro capitalino.
La segunda fecha que indicó José fue el 2 de abril a las 9:00 de la mañana, frente a su vivienda ubicada en una colonia de Ciudad Delgado. La relación de los hechos señaló ese día el imputado iba caminando hasta detenerse un periodo de tiempo frente y Jose asegura que Aldo le gritó: “¡Culero, hijo de la gran puta te tengo en la mira!”, mientras se agarraba de la cintura como quien simula tener su arma.
“Sentí miedo, ya que esas palabras eran de muerte”, dijo José a las autoridades. Pero nuevamente el agente del CAM especificó que no era cierta tal afirmación, ya que en esa fecha y hora se encontraba grabando un video en contra de la violencia hacia la comunidad LGBTI para una organización internacional.
Ante el juzgado él aseguró que la filmación se desarrolló en la carretera Troncal del Norte, la cual comenzó a las 9:00 de la mañana y que terminó a las 11:40 de la mañana.
El caso transitó por todas las instancias jurídicas hasta llegar al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, donde se espera que ambas partes aporten las pruebas pertinentes para que el juez pueda emitir una resolución. La vista pública se realizará en abril del próximo año.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
