Judicial
Acción iniciada en contra de Enrique Rais, no era un asunto penal, sino mercantil, afirman abogados defensores, por lo que Juez dicta sobreseimiento definitivo a favor
Los abogados defensores del señor Enrique Rais, informaron a este medio, que fueron notificados de resolución pronunciada por el Juzgado 3° de Instrucción de San Salvador, mediante la cual resolvió admitir la falta de competencia en atención a la materia, ya que en realidad la causa promovida por la Fiscalía General de la República, se trata de un asunto de naturaleza mercantil y no de índole penal.
La Sentencia que fue pronunciada por el Juez el día nueve de octubre del presente año, en su fallo establece: “SOBRESEASE DEFINITIVAMENTE a los procesados JOSÉ AQUILES ENRIQUE RAIS LÓPEZ, HUGO ERNESTO BLANCO RAIS y JOSÉ MAURICIO SALVADOR ARRIETA GÁLVEZ, por la comisión del delito calificado provisionalmente de FALSEDAD IDEOLÓGICA previsto y sancionado en el Artículo 284 del Código Penal, en perjuicio de la FE PÚBLICA y subsidiariamente en perjuicio de las Sociedades CINDESOL INC. y TRADESAL INC., representadas por el Licenciado René Alberto Medrano.”
Recientemente la Cámara Tercera de lo Penal, había revocado las medidas de las cuales gozaba Enrique Rais y ordenado su detención provisional, lo que fue señalado mediante sendos comunicados por el propio empresario, quien manifestó que se estaba instrumentalizando al sistema judicial, con el afán inescrupuloso de exigirle sumas de dinero, de las que no existía ninguna obligación ni siquiera mercantil que comprobara su existencia, con esta decisión la orden de detención queda sin efecto y se le da la razón a los abogados de Rais, que “el caso era una fabricación para afectar a su cliente, en la que está involucrado un interés de competencia desleal de un reconocido empresario.”
De acuerdo a los abogados de Rais, el caso penal que se promovió contra su cliente, cuenta con múltiples ilegalidades, en principio la denuncia la formula en el 2016, el abogado Diego Balmore Escobar, a quien se identifica como amigo cercano del entonces Fiscal General Douglas Meléndez Ruiz; por este caso la agente fiscal Giovvana Jiménez citó a Enrique Rais, haciéndole creer que lo intimaría de la denuncia, el día 22 de agosto de 2016, sin embargo fue arbitrariamente detenido por otros hechos en un caso que también está cuestionado por el uso de prueba ilegal, por intervenciones teléfonicas ilícitas.
Después de la cita que no llegó a concretarse, el expediente quedó en total inactividad de investigación, sin embargo medios digitales del empresario competidor mantuvieron durante tres años, la divulgación de notas difamatorias que hacían creer que Rais, había realizado falsamente una Junta Especial, para quedarse fraudulentamente con las acciones de la empresa MIDES. La fiscal del caso, durante los años 2017 y 2018, no desarrolla ninguna actividad y luego cuando presume que va a prescribir la acción, se apresura a presentar en el mes de mayo de 2019, la acusación contra Rais y otras tres personas, a pesar que ella tenía pruebas contundentes que las sociedades TRADESAL INC. y CINDESOL, INC., jamás ejercieron una acción mercantil para cobrar deuda alguna, ya que no tenían respaldos para hacerlo, pues Rais canceló el total del valor de las acciones de MIDES, adquiridas a plazo.
Con esta resolución “estamos comprobando que:
1) Ha existido una persecución penal ilegal contra Enrique Rais, montada por la Fiscalía, mientras estuvo bajo el mando de Douglas Meléndez; 2). Que en el fondo, se trataba de una acción fraudulenta por obtener beneficios económicos sobre deudas inexistentes, por lo que esta decisión es más importante aún para el Estado de Derecho y otras personas no sean víctimas de abogados inescrupulosos que usan el sistema penal, para fines económicos desleales; 3). Que estamos comprobando a la Cámara Penal que conoció antes del caso, lo injusto de la decisión que adoptó al decretarle una orden de detención al señor Rais, lo que motiva que a futuro se evalúe de mejor manera la forma en que se está utilizando la detención como la regla y no la excepción.” Afirmaron los abogados del empresario.
Apoderado de canadienses usó un poder falso.
Adicionalmente los abogados de Enrique Rais, reiteraron que han iniciado las acciones penales contra la notario Karen Escamilla López, por la presunta comisión del delito de Falsedad Documental Agravada, al haber otorgado ilegalmente un poder sin contar René Medrano con todas las autorizaciones. Resulta que hacen parecer que Medrano tenía facultades y otorga un poder a otros abogados que se lo retornan a él para presentarse como apoderado de la sociedad TRADESAL INC., la pregunta es y si él ya tenía facultades para otorgarlo, por qué se crea un poder para que le sea devuelto al mismo. “Es evidente que algo no encaja allí y llegaremos al fondo de la verdad, ya que con ese poder se han sostenido casos penales contra nuestro defendido y otras personas” destacaron.
Precisamente se conoce que la notario Karen Escamilla, también está siendo procesada en el denominado caso corruptela y que en el año 2016 fue procesado por el Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador, por el delito de Falsedad Documental Agravada.
Axel Moisés Ramírez Jiménez fue condenado a cinco años de prisión por el delito de estafa en perjuicio de dos personas. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador emitió una orden de captura en su contra, debido a que fue procesado en ausencia.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) estableció que, en abril de 2025, una de las víctimas publicó en la plataforma Marketplace el alquiler de una vivienda ubicada en Ciudad Marsella, en San Juan Opico, La Libertad Centro.
Al ver la publicación, Ramírez Jiménez contactó a la persona y manifestó su interés en el inmueble. Mientras realizaban los trámites, la convenció de invertir en la compra de materiales de construcción.
El condenado le aseguró que disponía de un código de mayorista que le permitiría adquirir los materiales a bajo precio. La víctima creyó en la propuesta y le transfirió $1,635 para iniciar el supuesto negocio.
Días después, el imputado convenció al hermano de la primera víctima para que también invirtiera en ese rubro. El segundo afectado le transfirió $1,135.50.
Sin embargo, pese a haber entregado el dinero, los hermanos nunca recibieron los materiales de construcción ofrecidos ni la devolución de las cantidades transferidas.
En su resolución, el Tribunal Cuarto de Sentencia valoró las pruebas presentadas, las cuales vincularon a Ramírez Jiménez con el delito de estafa. Por ello, lo condenó a cinco años de prisión y ratificó la orden de captura para localizarlo y garantizar que cumpla la pena en un centro penal.
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon en la madrugada de este jueves una estructura que transportaba cocaína por mar desde Nicaragua hacia Guatemala, usando a El Salvador como país de tránsito. El operativo fue simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz, tres puntos de la costa pacífica que, según la investigación, servían de apoyo logístico a la ruta.
La red operaba con pescadores locales, que le facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. La FGR informó que la pesquisa arrancó en julio de 2024. Desde entonces se han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380, y seis embarcaciones. El cargamento no corresponde solo a esta madrugada: es el acumulado de la estructura en más de dos años de investigación.
#Narcotráfico | Golpe a estructura transnacional de tráfico de droga.
Durante la madrugada, la @FGR_SV junto a @PNCSV ejecutaron operativo simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz contra una red que transportaba cocaína por vía marítima desde Nicaragua hacia Guatemala, utilizando a El Salvador como país de tránsito con el apoyo de pescadores locales que les facilitaban combustible, GPS y embarcaciones.
Esta investigación inició en julio de 2024 y a la fecha a la estructura se le han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380.00, además de seis embarcaciones y doce personas capturadas previamente, quienes se sumarán a los detenidos de este operativo.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
En ese periodo ya habían sido capturadas 12 personas, que se sumarán a los detenidos del operativo de este jueves. La Fiscalía no precisó el total de la madrugada; medios que reprodujeron sus imágenes reportaron al menos tres hombres. Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.
El esquema encaja en el tránsito marítimo del Pacífico: la cocaína salía de Nicaragua, cruzaba aguas salvadoreñas y seguía hacia Guatemala, con apoyo en tierra para reabastecer lanchas y marcar la ruta. La presencia de la red en el occidente, el centro y el oriente costero indica una logística repartida, no un solo punto de embarque.
La FGR calificó el procedimiento como un golpe a una estructura transnacional. Hasta el cierre de esta nota no había difundido identidades, el peso incautado esta madrugada ni el destino judicial de cada detenido. Lo confirmado es el desmantelamiento del apoyo local y el balance de la investigación: casi dos toneladas de cocaína, seis lanchas y al menos 15 personas vinculadas al caso.
Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas. https://t.co/fbofZla2SV
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.
De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.
“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.
Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.
Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.
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