Judicial
62 miembros de pandillas son enviados a prisión por homicidio y extorsión, en San Miguel
Instrucción formal con detención provisional se les decretó ayer en la tarde a 62 miembros de pandillas que según las investigaciones forman parte de una estructura terrorista conformada por seis clicas que delinquían en los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión.
Las fiscales del caso de la Unidad Antiextorsiones de la sede de San Miguel explicaron que la resolución fue emitida después de la audiencia de imposición de medidas en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel.
Los incriminados, que fueron capturados la semana pasada con órdenes giradas por la Fiscalía General, responderán por nueve homicidios agravados, entre ellos el de un soldado, dos homicidios agravados tentados, 16 casos de extorsión agravada, y seis proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio. También se les imputan 11 casos de tráfico ilícito de droga y organizaciones terroristas.
A otros tres incriminados se les sustituyó la detención por otras medidas.
Entre los procesados hay 29 mareros que tienen calidad de reos ausentes, para quienes posteriormente se celebrará una audiencia para resolver su situación jurídica.
Por los homicidios que tendrán que responder está el cometido en contra del soldado Elías Santos Díaz Amaya y el de Juan Francisco Romero Reyes, atacados con disparos de arma de fuego el 2 de febrero de 2020, en el cantón La Joya del municipio de Yamabal.
El militar estaba de alta en el Destacamento Militar #4 de San Francisco Gotera.
Tampoco quedará impune el asesinato de Jesús Jiobani Amaya y otra víctima que sobrevivió y por el que serán procesados por homicidio agravado tentado; este caso se registró el 20 de mayo de 2020, en el cantón Volcán de Delicias de Concepción, del municipio de Morazán.
Las víctimas de extorsión de estos grupos criminales suman 16 de diferentes sectores, quienes han sido chantajeadas con cantidades semanales y mensuales que oscilan entre los $2,500.00, $800.00 y $50.00, efectuadas entre los años 2015 y 2020.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
