Nacionales
INVESTIGACIÓN / Exfiscal Douglas Meléndez fabricó caso «Corruptela» obligando a seis testigos criteriados para que dieran testimonios falsos
A dos meses de haber dejado el cargo, el exfiscal Douglas Meléndez, ha sido denunciado junto al exdirector Anticorrupción, Jorge Orlando Cortez Díaz y los fiscales auxiliares que llevan el caso Corruptela Nefatlí Roberto Ábrego Rosales, Mario Antonio Huezo Cortez, Harold Iván Córdoba Solís, David Alfonso Ramírez Guevara, Héctor Nahúm Martínez García, Sergio Manrique Paredes Blanco, Noris Iván Quintanilla Navidad, Santos Inocente Seguro Mendoza y Carolina Beatriz Torres Hernández, ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) y sede judicial por diversos actos que transgreden las leyes, la ética y atentan contra la integridad de seis ciudadanos.
Es una denuncia de 17 páginas que puede traspapelarse fácilmente o pasar inadvertida para muchos, sin embargo, devela una posible trama de corrupción al interior de una de las principales instituciones públicas que combaten el delito.
Lo peor, es que sería la cabeza de la institución, más bien uno de los que dirigió la entidad, quien estaría detrás de una estructura oscura, que impondría la ley del más fuerte atropellando leyes, principios, valores, así como amenazando y poniendo en riesgo la trayectoria de personas honradas, de trabajadores salvadoreños que juraron hacer cumplir la ley, pero que fueron obligados a hacer todo lo contrario, es decir, mentir, inventar testimonios y delitos para hundir personas que posiblemente no eran del agrado del exfiscal Meléndez.
Fue el pasado 29 de enero cuando los seis testigos criteriados en el caso «Corruptela» decidieron acudir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para exponer las amenazas y vejámenes a los que fueron sometidos por el exfiscal Meléndez y los fiscales auxiliares que han sido denunciados
Cansados de tanto acoso y mentira, llegaron hasta esa oficina pública para exponer los ardides del exfiscal en contra de los implicados en el caso «Corruptela».
Con sus declaraciones, lo dibujaron como un funcionario totalmente corrupto, sin escrúpulos, que para lograr su cometido de impulsar otro «sonado caso de combate a la corrupción» no le importó obligar a seis de sus funcionarios para que rindieran testimonios falsos durante el proceso judicial que se sigue a su antecesor el también fiscal Luis Martínez, al empresario Enrique Rais y a decenas de señalados más de participar en esos ilícitos.
Los denunciantes, quienes se identificaron a sí mismos como cuatro fiscales y dos administrativos del Ministerio Público, concidieron en que Douglas Meléndez fabricó el caso de manera intencional y para intentar darle solidez obligó a los seis a declararse como testigos criteriados, a que inventaran los delitos que serían atribuidos a todos los que serían implicados y a admitir hechos constitutivos de delitos que no son ciertos, además, de elaborar los testimonios que brindarían ante los juzgadores que fueran designados para ventilar el proceso.
La gravedad de lo denunciado es tal, que solo cabe en el imaginario de una persona aferrada al show mediático -como solía hacer Meléndez con los casos que perseguía- quizá con la intención de mantener un perfil alto entre la percepción de la gente y así agenciarse nuevos periodos al frente de la institución.
Sin embargo, el dividido apoyo que tenía en la Asamblea Legislativa no le permitió mantenerse en el cargo y en su lugar fue nombrado Raúl Melara, en medio de una dura polémica que implicó recursos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia.
Fue el 5 de enero pasado cuando Meléndez debió dejar la silla principal de la Fiscalía porque así lo mandaba la ley. Solo fue cuestión de esperar un par de semanas para que los seis funcionarios decidieran exponer los abusos que sufrieron con su antiguo jefe, así como plantear la grave duda de que uno de sus casos emblemáticos es falso.
Hay gravísimos señalamientos contra el exfiscal a quien se señala directamente como el que habría orquestado todo el caso «Corruptela» sin pruebas ni testigos, según ha investigado Diario Digital Cronio. Y ahora será responsabilidad del nuevo Fiscal General determinar la veracidad de los hechos denunciados en honor a la verdadera justicia y legalidad.
En la denuncia interpuesta en la PDDH se recuerda que toda acción fiscal debe estar apegada a la legalidad e imparcialidad, entre otros principios básicos, sin embargo se asegura que esto no aplica en ningún momento al caso «Corruptela» que desde su origen no tuvo asidero para llevarse a cabo.
Los seis ciudadanos obligados a prestar testimonios falsos y acusar sin pruebas dejan claro a la PDDH que tras la no reelección de Meléndez, sobre todo, alejados de sus presiones y amenazas, decidieron renunciar al criterio de oportunidad, al que fueron obligados. Es decir, decidieron exponer la verdad sobre todo lo ocurrido pese a las consecuencias legales que esto les pueda acarrear conscientes que mintieron, aunque de forma obligada.
Los seis, se refieren al proceso judicial contra Martínez, Rais y los otros implicados: «Sabido es honorable jueza que toda violación al debido proceso legal repercute de forma directa en los actos de investigación, y que aquellos no pueden subsistir si derivan de un acto viciado».
De ahí que esperamos, como sociedad salvadoreña, el accionar del actual fiscal, Raúl Melara, que ordene una investigación, que se deduzcan responsabilidades y se castigue a los culpables fabricar casos y de manipular la Fiscalía.
Lo mismo esperamos del Juzgado Cuarto de Instrucción, de San Salvador, donde se lleva el caso «Corruptela».
Reconocido que los testimonios de los criteriados fue bajo amenazas y prefabricados por los fiscales del caso y sus jefaturas, ¿qué pasará con el caso «Corruptela»?
Los seis que denunciaron al exfiscal Meléndez y sus allegados de fabricar el caso han denunciado que debe conocerse la verdad. Argumentan que no hay pruebas ni testigos reales y que fueron obligados a acusar a los implicados en el proceso.
En sus escritos dejan entrever que el Juzgado Cuarto de Instrucción ya está informado de lo sucedido por lo que esperan se corrija esta situación.
Hay muchas preguntas obligadas que saltan en medio de este polémico caso y estas son algunas de ellas:
¿Qué debe proceder en un caso que desde el principio estuvo viciado? ¿Debería el juez de la causa invalidar todo el proceso?
¿Cuál debería ser el primer paso a tomar por el actual fiscal general Raúl Melara, luego de una revelación tan grande como la de estos seis ciudadanos que fueron obligados a criteriarse para inculpar a posibles inocentes?
Las dudas más fuertes surgen en torno a la figura del exfiscal Meléndez ¿qué procede hacer con el exfuncionario a quien se señala de haber actuado atropellando las leyes, amenazando ciudadanos y violentando su integridad y fabricando casos? ¿Cómo actuar con sus funcionarios más cercanos involucrados en este mismo proceso irregular?
¿Cómo es posible que una de las principales instituciones que combate el delito haya sido utilizada y sea señalada para cometer delitos, aprovechándose del poder que ejercía el anterior titular y sus auxiliares?
En este caso han sido seis funcionarios de la misma Fiscalía los afectados (cuatro fiscales y dos administrativos). Si esto ocurrió con estos funcionarios, ¿qué pasó con ciudadanos comunes que no tenían cómo hacer valer sus derechos con ante las mismas instituciones públicas?
«¡Amenazados y Encapuchados!». Esto sufrieron los criteriados del caso «Corruptela» obligados a mentir
En un hecho sin antecedentes, Diario Digital Cronio tuvo acceso a los escritos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y en la sede del Juzgado Séptimo de Paz donde llegaron los falsos criteriados a poner sus denuncias.
Aseguran que las presiones y amenazas recibidas no se comparan con las acciones de terror a las que fueron sometidas algunos de ellos.
Manifiestan en su escrito que unos fueron tomados a la fuerza y encapuchados para doblegarlos hasta aceptar ser los criteriados del proceso y a firmar declaraciones previamente elaboradas por los fiscales denunciados y sus jefaturas.
Aquí denotan que el exfiscal Meléndez tenía gente incondicional a su mando para cometer estas ilegalidades.
Hablan de una estructura irregular encabezada por el exfuncionario que actuaba al margen de la ley, así como se ha señalado previamente en otros medios de comunicación.
Piden se investigue y deduzcan responsabilidades. Se llegue a la verdad del caso «Corruptela», sobre todo, se limpie la imagen y el buen nombre de las personas que han sido dañadas al ser obligados a mentir.
El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos de estabilización de dos taludes en residencial Palo Alto, Zaragoza, continúan. Estos trabajos forman parte del Plan Nacional de Mitigación 2026.
«Nos encontramos en Palo Alto donde estamos haciendo una obra más como parte del Plan Nacional de Mitigación. Se intervendrán dos taludes de grandes proporciones, uno es este que empezamos con varias actividades», dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
De acuerdo con las autoridades, ya se realizó el chapeo y perfilado del talud como parte de las primeras fases del proyecto de estabilización, por lo que continuarán con la construcción de muro soil nailing, drenajes profundos, aplicación de shotcrete, canaletas, aceras y revegetación del área.
«Por el tipo de suelo que tiene el talud si solo se hace lanzado fácilmente se puede venir el talud; por eso hay que hacer otro tipo de obras. Se realizaron estudios de suelo y por eso se están haciendo perforaciones para poderlo anclar, esta ronda los 5 mil metros cuadrados», añadió Rodríguez.
El segundo talud que también se intervendrá mide 6 mil metros cuadrados.
Durante una entrevista en el programa de radio La Tribu FM, el titular de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, detalló esta mañana que el programa Proceso Formativo continúa creciendo y ya beneficia a miles de estudiantes salvadoreños con oportunidades de formación universitaria y técnica.
Según explicó, en la actualidad alrededor de 17 mil jóvenes cursan estudios en 37 universidades y escuelas técnicas, mientras que para el próximo año se prevé incorporar a otros 20 mil estudiantes.
Además, señaló que 49 mil alumnos que se encuentran en su último año de bachillerato iniciarán el proceso para ingresar a la educación superior.
Gutman indicó que prácticamente todas las universidades del país participan en el programa, el cual busca incentivar la continuidad académica entre los jóvenes.
«Yo le quiero agradecer a don Alejandro porque este esfuerzo ningún funcionario de antes pudo haberlo hecho mejor que usted…Le insto muchísimo a los jóvenes que estas oportunidades deben aprovecharse porque solo son una vez en la vida», dijo uno de los oyentes durante la entrevista radial, que también es beneficiario de la Dirección de Integración.
El funcionario enfatizó que este esfuerzo forma parte de un cambio estructural impulsado en 2025, orientado a superar las limitaciones históricas que restringían el acceso a la educación superior para la mayoría de bachilleres.
Democracia Salvadoreña (DS) y Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) están obligados a participar en las próximas elecciones de 2027 si no quieren ser cancelados, por disposición de la Ley de Partidos Políticos.
Ambos institutos no participaron en los comicios de 2024, y de no competir en el siguiente proceso electoral sería causa de cancelación con base en el artículo 47 literal «d» de la mencionada ley, que establece que no competir en dos elecciones consecutivas conlleva a la cancelación.
Para el analista político Mauricio Rodríguez, la continuidad de ambos institutos políticos está comprometida por diversos factores, los cuales los encaminan a su desaparición.
«Desde mi perspectiva como analista político, los dos partidos políticos estarían desapareciendo por no alcanzar la votación requerida, ni tampoco el andamiaje que requiere», indicó Rodríguez.
Y añadió: «Me da la impresión de que estos dos partidos que son obligados por la Ley de Partidos Políticos podrían ser cancelados para las próximas elecciones, porque no tienen estructura, no tienen financiamiento; y, obviamente, tampoco existe la deuda [financiamiento público] para todos los partidos políticos».
Rodríguez también se refirió a los institutos que han decidido no participar en la elección presidencial, asegurando que así reconocen que no pueden competir con la figura del presidente Nayib Bukele, esto debido a que el mandatario ha construido un modelo en el que ha resuelto las necesidades básicas de la población.
«Reconocen el liderazgo del presidente Nayib Bukele, están conscientes de que en condiciones donde hay un líder que está prácticamente dominando en las encuestas, ellos al no tener nada que ofrecer ven disminuidas sus posibilidades de participación», sostuvo.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) confirmó recientemente por medio de su secretario de asuntos jurídicos, Nelson Alvarado, que no participarán en la elección presidencial.
Dijo que reconocen que el presidente Bukele tiene una aceptación de más del 90 %; pero indicó que presentarán candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y para miembros de los 44 concejos municipales.
