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Integración de los concejos plurales no tendrá variación
La redistribución municipal que fue aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa, y que será efectiva a partir del 1.º de mayo de 2024, no afectará la forma en que se integrarán los concejos municipales plurales a partir del resultado en las urnas.
Noel Orellana, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), detalló ayer que la única modificación que se tendrá es que ya no serán 262 concejos, sino 44.
Orellana mencionó en la entrevista del canal digital ITV que no se cambió la forma de integración de los gobiernos locales, por lo que la población seguirá eligiendo con voto directo en papeleta para los que emitan el sufragio en el país, y de manera electrónica para los residentes en el extranjero.
«Quien gane un municipio tendrá al alcalde, al síndico y al primer regidor. El resto de [los] regidores se va a distribuir conforme los votos de los demás partidos. Con eso estamos garantizando que los concejos municipales seguirán siendo plurales», detalló Orellana.
«Para los municipios siempre se usará el mecanismo de presentar una lista A, una lista B y hasta una lista C; siempre habrá representación de los partidos en los concejos plurales», añadió.
El magistrado agregó que también los centros de votación se mantendrán, ya que no hay razón para cambiarlos, totalizando 1,595 para emitir el sufragio en el territorio nacional.
«Vamos a mantener los mismos centros de votación que tradicionalmente hemos tenido. En 2021 tuvimos 1,595, y para 2024 se mantienen los mismos centros de votación», mencionó.
Sobre la reducción de escaños en la Asamblea Legislativa, y la fórmula para asignarlos, Orellana informó que el TSE está preparando el software respectivo, y se facilitará la tecnología en juntas receptoras de votos para que se tengan los resultados preliminares más rápido.
Añadió que se implementará la fórmula D’Hondt, que asigna escaños a los mejores cocientes electorales y descarta la asignación por residuos.
La presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, también recordó ayer a los partidos políticos que durante sus procesos de elecciones internas deben garantizar que como mínimo un 30 % de candidaturas sean de mujeres.
«Los partidos políticos legalmente inscritos por el TSE deberán de garantizar el 30 % de participación de mujeres en los procesos de elecciones internas para elegir las candidaturas a cargos de elección popular para las elecciones de 2024», agregó.
El plazo para las internas finaliza el 20 de julio, por lo que los partidos tienen un mes para ello.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
