Judicial
INFORME: Autoridades logran el 90% de condenas en el delito del narcomenudeo
La creación de las Secciones Antinarcóticos (SAN), la cualificación en el área de investigación y el trabajo coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR) ha permitido que las detenciones por el delito de narcomenudeo concluyan satisfactoriamente en condenas, informó hoy el vocero oficial inspector jefe Elvis Cisneros.
La creación de las Secciones Antinarcóticos (SAN), en el 2011 y diseminadas en las19 delegaciones policiales a nivel nacional es una medida clave al combate estratégico del narcomenudeo que se mueve principalmente en bares y comunidades.
El vocero oficial detalló durante una exposición denominada Radiografía del Narcomenudeo en el País, que el quiebre de dicho delito se percibe a partir del año 2015, donde el 90% de las capturas terminan en condenas de entre 8 a 20 años de cárcel, cerrando la brecha del 2011 al 2014, que reflejaba un 65% de condenas.
Desde el 2004 hasta 2014, la División Antinarcóticos (DAN), logró incautar 20 127 kilogramos valorados en el mercado negro en $261 651 millones, mientras que a partir del 2015 al 2018, las incautaciones aumentan a 26,919 kg lo que equivale a 349 947 000 millones de dólares, golpeando principalmente a los distribuidores del narcotráfico, apostándole también al combate frontal al narcomenudeo.
Las edades de las personas que consumen drogas como marihuana y cocaína- narcomenudeo- oscila según registros policiales entre menores de 18 años de edad hasta los 30. Durante el periodo del 2015 al 2018, la PNC ha capturado a 15 367 por el delito de posesión y tenencia de drogas y tráfico ilícito de drogas.
Elvis Cisneros expresó que entre el perfil del delincuente que mueve el narcomenudeo se encuentran delincuentes comunes, quienes no son afines a ninguna estructura criminal y al ser capturados inmediatamente la estructura queda desarticulada; estructuras familiares, transfiere el delito a otro familiar y pandilleros.
En ese sentido, el vocero oficial dijo que desde el 2014 al 2018 se han capturado en su totalidad 8 244 delincuentes por el delito de narcomenudeo, es decir por venta en menor escala y que es la que más afecta a la juventud.
Por otra parte, las detenciones por posesión y tenencia de drogas, que es por consumo, se registró del 2014 al 2018, 11 913 capturas. Las estadísticas de involucramiento de pandilleros por este delito es a la baja ya que estos delinquen en la venta más que en el consumo.
Finalmente, Elvis Cisneros recordó que gracias a esta cualificación policial la institución también ha logrado dar duros golpes al narcotráfico como la operación Jaque realizada el 28 de julio del 2016 dirigida a dos estructuras criminales de la mara MS13 como “San Cocos Locos y 300” en la zona occidental y central del país donde se efectuaron 83 allanamientos, 80 detenciones por tráfico ilícito de drogas en las cuales el 90% de estas terminaron en condenas.
La narcoactividad es otro delito que viene en descenso, como el homicidio, robo y hurto de vehículos, extorsiones, entre otros.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
