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Gobiernos del FMLN no cumplieron con resolución de la Corte para sanear Sitio del Niño
El incendio que sucedió anoche en la ex fábrica de Baterías Record, cerrada desde el 2007 luego de denuncias de ex empleados y lugareños de que ahí se usaban materias altamente tóxicos, vuelve a poner en perspectiva que los anteriores gobiernos, sobre todo los dos del FMLN, nunca mostraron interés por eliminar la contaminación ambiental con plomo en la zona, que afecta un radio estimado den 1,500 metros cuadrados.
Fue en agosto de 2010 que el Ministerio de Medio Ambiente declaró estado de emergencia ambiental y, hasta en 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que esta institución gubernamental estaba obligada a retirar toda la escoria de plomo y la contaminación, algo que nunca fue hecho por el anterior gobierno del FMLN.
Según organizaciones de ambientalistas, al interior de la fábrica de Baterías Record todavía se encuentran depositadas en condiciones deficientes 33 mil toneladas métricas de plomo y depósitos conteniendo arsénico, selenio, ácido sulfúrico y otros elementos tóxicos de alta toxicidad para el medio ambiente y la salud humana.
Además, en el 2016 la Sala de lo Penal anuló el juicio en contra de tres imputados ligados con el caso, proceso que se reinició hasta en 2017 y sobre el que se desconocen avances y sentencias.
Tres de los imputados propietarios del lugar donde se fabricaban baterías para carros huyen de la justicia y contra quienes la Interpol emitió orden de captura internacional con difusión roja.
La jueza dos del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 397 años de prisión a Pedro Melara Romero, alias Caballo, por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, extorsión agravada, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, además de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Asimismo, Wilfredo Alonso Mancía Alberto, alias Frijol, fue condenado a 180 años de cárcel por proposición y conspiración en homicidio agravado, privación de libertad, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
De igual forma, Miriam Elizabeth Gutiérrez, alias La Miriam, recibió una pena de 109 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En total, otras 44 personas fueron sentenciadas con penas que van desde tres hasta 94 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, todos forman parte de la hengla Sexta Quebranta Huesos Locos Sureños, perteneciente a la pandilla 18 Sureños, que operaba en diversos sectores de San Salvador Centro.
Entre los condenados se encuentran cuatro líderes de la clica, entre ellos:
•José David Ayala Renderos, alias Morro, corredor de cancha de las canchas Modelo 2 y 3.
•Alias Caballo, como corredor de tribu.
•Hugo Armando Chávez Murcia y Jonathan Ernesto Hernández Vides, alias Yoster, ambos palabreros de la estructura.
Ismael Alexander Hernández Rivera, alias Saiper, es un pandillero de la 18S que venía en un vuelo comercial desde México.
Equipos policiales fueron notificados por la oficina de atención ciudadana de la terminal aeroportuaria.
Es miembro de la clica Tiny Locos Sureños del distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
Posee varios tatuajes de su pandilla.
Una pandillera de la MS fue condenada a 245 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Se trata de Claudia Margarita Juárez, quien era parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos.
Recibió la pena por parte del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, jueza dos.
Juárez fue hallada culpable de cobrar extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en el municipio de La Paz Este.
Tambien, Manuel Antonio Martínez Mena, alias ‘Yegua’, fue condenado a 240 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Juárez y Mena operaban como parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13.
El tribunal dio por acreditados 24 casos de extorsión, ocurridos entre 2018 y 2019, mediante los cuales las víctimas fueron obligadas a entregar sumas de dinero bajo amenazas.
