Judicial
Gobierno Suizo ordena el cierre definitivo de las investigaciones contra Enrique Rais por Lavado de dinero, fraude y Corrupción de funcionarios en El Salvador
Durante más de un año la Fiscalía Federal Suiza investigaron el caso del empresario Enrique Rais en El Salvador, en donde el Fiscal General, Douglas Meléndez, ha puesto todas sus fuerzas para lograr su captura por unos delitos los cuales la Fiscalía Federal de Suiza aseguran son totalmente falsos, tal como lo dejó ver en una resolución notificada a sus abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP.
Fue el pasado 8 de Noviembre de 2018 que se emitió una resolución en la cual el Gobierno Suizo informa sobre el cierre de las investigaciones penales en contra del empresario Enrique Rais por los delitos los cuales ellos aseguran fueron falsamente denunciados en El Salvador: Lavado de dinero, Fraude y Corrupción de Funcionarios en El Salvador.
Según abogados del empresario estas denuncias son las mismas que de manera ilegal fueron fabricadas y actualmente hay un proceso abierto en el Juzgado 8 de Instrucción, así mismo una doble persecución disfrazada en el juzgado 4 de paz.
El Gobierno Suizo, siendo un ejemplo a nivel mundial de democracia y respeto a las leyes de derechos humanos permitieron que Rais presentara todos los documentos de descargo, algo muy diferente a lo que ocurrió en El Salvador, en donde la Fiscalía tuvo una persecución en su contra en donde se pretendía encarcelar al empresario para que no pudiera defenderse de una manera justa.
“Ha quedado demostrado la parcialidad con la que actua el Fiscal General Douglas Melendez” comentó el empresario.
La denuncia fue presentada el 20 de Noviembre 2017 por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, al igual que como lo hicieron en El Salvador.
“Me denunciaron en Suiza apoyado ilegitimamente apoyado por el Fiscal General Douglas Meléndez, quien en un acto sin precedentes intentó influir en las autoridades suizas”
El siguiente video prueba que el propio Fiscal General Douglas Meléndez, llamó al Fiscal Suizo para intentar influir en él.
El Ministerio Público de la Confederación Suiza ordenó el cierre definitivo de la investigación.
Así mismo el empresario informó que iniciaran denuncias internacionalmente contra las autoridades que han coartado fraudulentamente su derecho de defensa.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
