Judicial
Gobierno Suizo ordena el cierre definitivo de las investigaciones contra Enrique Rais por Lavado de dinero, fraude y Corrupción de funcionarios en El Salvador
Durante más de un año la Fiscalía Federal Suiza investigaron el caso del empresario Enrique Rais en El Salvador, en donde el Fiscal General, Douglas Meléndez, ha puesto todas sus fuerzas para lograr su captura por unos delitos los cuales la Fiscalía Federal de Suiza aseguran son totalmente falsos, tal como lo dejó ver en una resolución notificada a sus abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP.
Fue el pasado 8 de Noviembre de 2018 que se emitió una resolución en la cual el Gobierno Suizo informa sobre el cierre de las investigaciones penales en contra del empresario Enrique Rais por los delitos los cuales ellos aseguran fueron falsamente denunciados en El Salvador: Lavado de dinero, Fraude y Corrupción de Funcionarios en El Salvador.
Según abogados del empresario estas denuncias son las mismas que de manera ilegal fueron fabricadas y actualmente hay un proceso abierto en el Juzgado 8 de Instrucción, así mismo una doble persecución disfrazada en el juzgado 4 de paz.
El Gobierno Suizo, siendo un ejemplo a nivel mundial de democracia y respeto a las leyes de derechos humanos permitieron que Rais presentara todos los documentos de descargo, algo muy diferente a lo que ocurrió en El Salvador, en donde la Fiscalía tuvo una persecución en su contra en donde se pretendía encarcelar al empresario para que no pudiera defenderse de una manera justa.
“Ha quedado demostrado la parcialidad con la que actua el Fiscal General Douglas Melendez” comentó el empresario.
La denuncia fue presentada el 20 de Noviembre 2017 por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, al igual que como lo hicieron en El Salvador.
“Me denunciaron en Suiza apoyado ilegitimamente apoyado por el Fiscal General Douglas Meléndez, quien en un acto sin precedentes intentó influir en las autoridades suizas”
El siguiente video prueba que el propio Fiscal General Douglas Meléndez, llamó al Fiscal Suizo para intentar influir en él.
El Ministerio Público de la Confederación Suiza ordenó el cierre definitivo de la investigación.
Así mismo el empresario informó que iniciaran denuncias internacionalmente contra las autoridades que han coartado fraudulentamente su derecho de defensa.

Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
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Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.



















