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Gobierno inaugura hospital temporal en Tecoluca para atender emergencia por el coronavirus
Autoridades del Gobierno del Presidente Nayib Bukele inauguraron este viernes un hospital temporal para pacientes de COVID-19 en el municipio de Tecoluca, San Vicente, en el marco de la emergencia por dicha pandemia.
El hospital temporal de Tecoluca atenderá a “pacientes con COVID-19 positivos que requieren un manejo médico leve o que son pacientes asintomáticos”, explicó el ministro de Salud, Francisco Alabi.
“Con esto tenemos más herramientas para garantizarle a los salvadoreños la atención ante esta pandemia”, agregó el funcionario, acompañado del ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera.
El titular de Obras Públicas informó que en la infraestructura temporal se invirtieron $412,000. Tendrá “capacidad para unos 250 pacientes. Se ha mejorado sistema eléctrico, tendrá incluso dormitorios para los médicos”, detalló.
El hospital, ubicado en la carretera Litoral, consta de cuatro módulos cada uno con una estación de enfermería, farmacia y un área bioinfecciosa, entre otros. Además, tiene un edificio administrativo y dormitorios para el personal de salud. También está equipado con sistema eléctrico propio, cisterna, aire acondicionado y un mecanismo de alarma en cada una de las camas de los pacientes.
“Este es un trabajo en conjunto, con el Ministerio de Obras Públicas, con todo el Gabinete de Salud Ampliado, con todo el aparato gubernamental, con la gestión del Presidente Nayib Bukele”, destacó el ministro Alabi, quien exhortó a los salvadoreños a continuar con la prevención ante la pandemia. “Necesitamos trabajar con la restricción domiciliar, con el distanciamiento social”, recomendó.
El Gobierno inaugurará este sábado otro hospital temporal en el municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután, que tendrá la capacidad para atender a otros 250 pacientes, informó el ministro Herrera. Además, informó que los planes incluyen “reconstruir, mejorar y adecuar los 30 hospitales nacionales del país”, así como la edificación del hospital más grande de América Latina en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
