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Gobierno continuó brindando tratamientos de calidad a los pacientes con enfermedades crónicas, pese a la pandemia
La atención en salud para pacientes con enfermedades crónicas no puede detenerse. Por ello, y pese a la pandemia, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), no ha cesado de brindar tratamientos de calidad a pacientes con padecimientos renales y oncológicos.
Cada día, un equipo de salud multidisciplinario brinda atención integral a pacientes renales. El ISSS realiza 250 hemodiálisis diarias, lo que permite a los pacientes mejorar su calidad de vida.
También los pacientes oncológicos han seguido sus tratamientos de forma continua en medio de la emergencia sanitaria. Solo en la Torre Oncológica se realizan 40 quimioterapias ambulatorias diarias. Durante 2020, el personal de salud del ISSS brindó más de 24 mil atenciones oncológicas de calidad.
Además, a través del Programa de Entrega Domiciliar de Medicamento, los pacientes con enfermedades crónicas y con dificultades de movilización reciben sus medicinas en las puertas de sus casas.
A pesar de las dificultades por la pandemia, y de los intentos de las bancadas de Arena y el Fmln por poner la administración del ISSS en manos de la Empresa Privada, los pacientes del ISSS y en especial estos importantes sectores poblacionales han recibido sus tratamientos de manera ininterrumpida, con el fin de garantizarles atención oportuna ante su padecimiento.
El ISSS es una institución clave que ha dado su apoyo al Ministerio de Salud, principalmente en el fortalecimiento del Hospital El Salvador, el más grande de Latinoamérica para atender la pandemia de COVID-19 y continúa brindado todos los servicios de salud en todas las especialidades.
El Gobierno del Presidente Bukele trabaja de forma articulada para garantizar la atención médica de calidad a la población salvadoreña.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
