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Gobierno capacita a los salvadoreños como una de las estrategias para prevención de la migración irregular
El Gobierno le apuesta a la formación y capacitación de los jóvenes salvadoreños, con el objetivo de brindarles las herramientas necesarias para que puedan ingresar al mundo laboral y así evitar la migración irregular.
En razón de lo anterior, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal; junto al subdirector ejecutivo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), Benjamín Orozco, presidieron la clausura de cursos en beneficio de 54 personas, en Santiago Nonualco, departamento de La Paz.
“Desde la llegada del Gobierno del presidente Nayib Bukele, la cancillería trabaja por primera vez en la historia, en todo el ciclo de la migración, desde el origen, el tránsito, el destino y el retorno y es por ello que a ustedes queridos participantes, hoy graduandos, se les está inscribiendo en el programa de Movilidad Laboral que ya ha colocado a más de 5 mil personas en Estados Unidos”, dijo Portal.
La formación que recibieron los beneficiados fue en corte y confección, cocina internacional y cosmetología. Cada uno de los participantes también recibió un kit de apoyo, los cuales fueron donados por el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (Conmigrantes) y el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), según detalló la funcionaria.
De los 54 participantes que fueron graduados este día, 45 son mujeres y nueve son hombres, quienes recibirán el diploma que los certifica en diferentes áreas. Es importante mencionar que también se ha trabajado de la mano de CONAMYPE para inscribir a las graduadas en el programa Mujer Emprende, el cual les facilitará acceder a créditos para iniciar con sus emprendimientos.
“Desde que estamos implementando nuestra política de igualdad y equidad de género las mujeres han logrado mayores participaciones, más de 50 % capacitadas dentro de nuestros programas de formación inicial”, señaló el subdirector Orozco.
Según Orozco, durante el año 2022 INSAFORP capacitó 344 mil personas, de las cuales el 49 % fueron mujeres, con una inversión que superó los $35 millones, lo que demuestra que la formación es un pilar fundamental para El Gobierno. En el evento también participó la alcaldesa de Santiago Nonualco, Damaris Leiva.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
