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Froilán Coto, exdirector del Centro de Escuchas Telefónicas de la FGR, junto a otros fiscales, fabricaron caso para acusar al exfiscal Luis Martínez
El pasado lunes 22 de noviembre del presente año, Froilan Francisco Coto Cabrera, exdirector del Centro de Escuchas Telefónicas de la Fiscalía General de la República (FGR) y exjefe de la oficina fiscal de Apopa, compareció a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para ser entevistado como aspirante al cargo de fiscal general, donde evadió referirse a los señalamientos sobre situaciones irregulares suscitadas durante el desempeño de sus cargos en la institución fiscal.
A partir de lo evidenciado durante la ronda de entrevista a Froilan Coto, algunos exfuncionarios que también laboraron en la FGR se acercaron a este medio y bajo reserva de anonimato, se refirieron a dos temas puntuales sobre lo que fueron los últimos diez años dentro de la institución del hoy candidato a fiscal general, se trata de su activa participación en el plan orquestado por el exfiscal general Douglas Meléndez y el exjefe de la Unidad de Crimen Organizado Wil Walter Ruiz para fabricar un caso contra el anterior titular de la institución Luis Antonio Martínez, señalado de formar parte de una red de crimen organizado, acusacion que fue desvanecida por las diferentes Camaras y la Corte Suprema.
EL USO ILEGAL DEL CENTRO DE ESCUCHAS
El 2 de julio de 2015, el entonces Fiscal General, Luis Antonio Martínez, decidió separar a Sigfredo Alcides Campos Crespo del cargo como Director del Centro de Escuchas, debido a una serie de irregularidades detectadas en el funcionamiento al interior de la Unidad de Escuchas Telefónicas y en su lugar instaló a Froilan Francisco Coto, curiosamente a quien allá por el año 2013 el
titular de la FGR había señalado como sujeto de investigación mientras ejercía como jefe de la oficina fiscal de Apopa, en virtud de una denuncia del extravío de una suma de dinero incautada por Froilan Coto a una banda de extorsionistas.
El uso indebido de la herramienta de la interceptación de telecomunicaciones por parte del exdirector Campos Crespo, fue evidenciado por sus propias declaraciones brindadas mientras estaba siendo juzgado en calidad de imputado juntamente con Froilan Coto y con el exjefe de Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz por los delitos de intervenciones telefónicas ilícitas, uso ilegal de intervenciones telefónicas y fraude procesal, en perjuicio del empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais. Precisamente, en su intervención como “derecho del acusado a la última palabra” ante el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, Campos Crespo reconoció que estaba llevando a cabo intervenciones telefónicas en expedientes sin cumplir con los requisitos de la ley de escuchas y sin informar al fiscal general. Es importante resaltar que la causa para procesar al exfiscal Luis Martínez por el delito de omisión en la investigación se basó en declaraciones previas que indicaban que Campos Crespo había recibido órdenes superiores para no poner en conocimiento de ninguna unidad fiscal el material captado de las escuchas de un expediente, lo que no podría haber ocurrido en la realidad si el exfiscal Martínez desconocía totalmente la existencia de esas grabaciones.
Bajo el cargo de Director del Centro de Escuchas, Froilan Coto era el obligado a dar cumplimiento con la destrucción del materia captado y no judicializado en el plazo de seis meses contados desde la finalización de la intervención, obligación que la auditoría ejercida por la Procuraduría para la Defensa de los Derehos Humanos (PDDH) en el año 2016 constató que se estaba incumpliendo y así lo dejó plasmado:
Auditoría de la PDDH al Centro de Escuchas de la FGR durante el año 2016.
LA VENGANZA CONTRA EL EX FISCAL GENERAL LUIS MARTÍNEZ
De acuerdo a la fuente que habló con este medio, con la finalidad de mantenerse al frente del Centro de Escuchas, Froilan Coto se plegó totalmente a los intereses oscuros e ilegales del exfiscal general Douglas Meléndez, por una parte al permiter que la unidad de intervenciones se convirtiera prácticamente en un Centro de Espionaje y además participó en el plan para “fabricarle” un caso a partir de las escuchas telefónicas a su predecesor al frente de la FGR Luis Antonio Martínez.
La fuente es clara en manifestar que en ningún momento está defendiendo la forma en que Luis Martínez dirigió la institución, pues a su criterio también evidenció irregularidades sobre todo al momento en que públicamente llamaba a la tregua entre las pandillas y los gobiernos de Mauricio Funes y una parte del de Salvador Sánchez Cerén como “hipócrita”.
Pero que en cuanto al caso derivado de las escuchas, toda la trama fue fraguada en la FGR, pues el Fiscal General Douglas Meléndez quería mostrar un golpe de efecto sobre la corrupción, pero no como un auténtico combate contra la corrupción, sino a través de una acción ejemplarizante que tornara más disciplinada la institución a su favor.
El rol en estas acciones fraudulentas, por parte de Froilan Coto, según la fuente consistieron en utilizar y editar audios captados en diversas intervenciones telefónicas para fabricar un caso contra el Ex fiscal general y otros, presentándolos como parte de una red criminal y adicionalmente crear una “justificación” para validar audios editados, al manifestar que Campos Crespo había recibido orden de no remitirlos a ninguna unidad para investigación, mentira que se cae por su propio peso con la confesión realizada por este último donde reconoció que nunca le informó al Ex fiscal Luis Martínez de la existencia del material captado en ese expediente.
Memorando conteniendo información presuntamente falsa por parte del exdirector del Centro de Escuchas Froilan Coto para inculpar al Ex fiscal general Luis Martínez.
Por: La Noticia.
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
