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PDDH certifica que detención contra Enrique Rais fue arbitraria, pues se basó en escuchas telefónicas ilegales
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Apolonio Tobar, en cumplimiento de su deber de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos y acatando especialmente la resolución previamente emitida por Naciones Unidas, a favor del empresario suizosalvadoreño, Enrique Rais, se pronunció declarando que al Sr. Rais se le violentaron sus derechos humanos al debido proceso legal, por inobservancia del principio de legalidad y seguridad jurídica, a la libertad personal, por detención ilegal; así como el incumplimiento a la Ley de Escuchas Telefónicas.
El abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de Enrique Rais, en conversación con este medio, presentó y expuso la mencionada resolución emitida por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la cual manifiesta, el citado profesional, viene a reiterar lo previamente decidido por Naciones Unidas, que al conocer el caso de la persecución penal promovida con prueba ilegal, sobre todo con escuchas ilegales, en las que no existe autorización judicial para intervenir las comunicaciones del Sr. Rais, ni se capta ningún hecho irregular de éste, ni era sujeto de investigación, determinó que el empresario es víctima de abuso de poder y sufre una privación de libertad personal.
Un largo camino para obtener justicia. De acuerdo a Miranda Rubio, la denuncia por violación de derechos humanos en perjuicio del Sr. Rais, fue interpuesta ante PDDH, el día 12 de octubre de 2016, contra las actuaciones ilegales cometidas por la Fiscalía General de la República, en ese momento dirigida por el Exfiscal General Douglas Meléndez, las cuales fueron materializadas por medio de los ExDirectores del Centro de Escuchas, Froilán Coto y Sigfredo Campos Crespo; y por el Exjefe y fiscales de la Unidad de Crimen Organizado.
Sin embargo, el caso no avanzaba, pese a las múltiples solicitudes y peticiones de medidas cautelares, dada la gravedad de los hechos en perjuicio del Sr. Rais, ya que durante toda la administración de la Exprocuradora Raquel Caballero de Guevara, el expediente fue “engavetado” quedando en una inactividad total, lo cual queda documentado en propia resolución cuando el actual Procurador manifiesta que: “Cuando los abogados de los señores denunciantes comenzaron a presentar escritos solicitando el pronto despacho de esta investigación instruí de manera verbal que se ubicara el expediente, pero el mismo no se encontró en el trámite normal dentro del Sistema de Protección de Derechos Humanos; sino que con el tiempo fue encontrado en un mueble ubicado en una oficina que no está destinada al resguardo de expedientes(…)” -pág. 32 de la resolución.
De manera que tuvieron que pasar prácticamente cinco años para que se reconocieran las flagrantes violaciones a derechos humanos por parte de la PDDH. “Es hasta que llega el lic. Apolonio Tobar como Procurador, que como Defensa del Sr. Rais, nos informan del estado del expediente de investigación y posteriormente cuando Naciones Unidas declara que la privación de libertad sufrida por nuestro cliente es arbitraria y que infringe Pactos Internacionales que son leyes de El Salvador, la PDDH acatando la resolución internacional y dando cumplimiento a las obligaciones internacionales que tiene el país, viene a ratificar que la detención sufrida por el Sr. Rais es ilegal y que las causas penales en su contra se basaron en escuchas telefónicas ilegales, que ni siquiera tienen relación con él, sino que eran de otras personas, escuchas que fueron alteradas, junto a otras pruebas con el objetivo de involucrar al Sr. Rais.” -afirma el abogado Miranda Rubio. PDDH decide acatar la resolución de Naciones Unidas a favor de Enrique Rais.
En la resolución que tiene fecha 28 de junio de 2021, pero que fue notificada el pasado viernes 15 de los corrientes, la PDDH es categórica en afirmar que: “(…) a la luz de la teoría de los derechos humanos -que va más allá de lo estrictamente legal-, se puede concluir que en el proceso penal, promovido en contra de los señores José Aquiles Enrique Rais López… ha existido la violación a los derechos humanos denunciada por sus Apoderados Generales Judiciales por haberse utilizado prueba -en contra de los imputados- que debió haberse destruido, tal como lo establece el artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.”
Con esta decisión la PDDH contribuye a la orden emitida por Naciones Unidas, en el sentido que para reparar las violaciones sufridas por el Sr. Rais, en sus derechos humanos es fundamental que El Salvador adopte las medidas necesarias para remediar la situación del empresario, sin dilación alguna y ponerla de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo en su fallo la PDDH también reitera que la Fiscalía pretendió fundar las acusaciones contra Rais, con el uso de prueba ilegal. Douglas Meléndez: infractor de los derechos humanos de Enrique Rais. La PDDH, además de establecer las vulneraciones sufridas por el Sr.Rais, en cuanto al debido proceso legal, a la libertad personal, al derecho a la privacidad y secretividad de las telecomunicaciones, reconoció como responsable de las afectaciones ocasionadas a Rais, al Exfiscal general, Douglas Meléndez.
Precisamente desde el inicio de las acusaciones en su contra tanto el empresario como sus abogados sostuvieron no sólo que las órdenes de detención en su contra eran arbitrarias, sino que era víctima de una persecución penal que tenía un trasfondo comercial por sacarlo de sus negocios, principalmente los relacionados con la gestión de los desechos sólidos en Relleno Sanitario y que se fundamentó en pruebas ilegales y pruebas adulteradas.
De hecho, tanto el Juez 8º de Instrucción de San Salvador, Mario Mira Montes, como los fiscales del caso, ante lo incontestable de los argumentos y pruebas aportadas por la defensa de Enrique Rais tuvieron que reconocer que nunca contaron con autorización judicial para captar sus comunicaciones telefónicas y que la Técnico informática de Fiscalía, Ena Maricela Granados, alteró y falseó resultados para hacer parecer que unas líneas telefónicas eran utilizadas por Rais, cuando no era cierto.
De acuerdo, a Miranda Rubio, el Exfiscal general, Douglas Meléndez, fue denunciado por las actuaciones contra Rais, desde el mes de junio de 2019, sin embargo el también Exfiscal Raúl Melara, quien fue destituido por la Asamblea Legislativa por graves incumplimientos de deberes e ineptitud en el cargo, no permitió que las investigaciones en Fiscalía avanzaran, es decir que protegió a su predecesor, dejándolo impune. Sin embargo, la PDDH, además de reconocer la responsabilidad de Meléndez en las infracciones de derechos humanos, requiere al actual titular del Ministerio Público, licenciado Rodolfo Delgado Montes, par que verifique, investigue y sancione las actuaciones de aquellos funcionarios al interior de la oficina fiscal, involucrados en los hechos que concluyeron en infracción de los derechos humanos del Sr. Rais.
En lo que parece ser un nuevo episodio de maniobras legales para ganar más tiempo en los tribunales, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador se vio obligado a reprogramar diligencias clave en el proceso penal contra una estructura acusada de administración fraudulenta conformadas por los imputados Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverria Cabrera.
Los señalados están implicados en el desfalcos contras las empresas Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V. Un proceso donde Jorge Alberto Gaitán Castro es uno de los principales procesados en calidad de autor directo del delito.
Este proceso está caso conectado a la disputa internacional entre Terra Towers y la estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers, y a un expediente criminal abierto en otro tribunal salvadoreño en el cual se la ha decretado orden de detención a tres ejecutivos estadounidenses de la empresa de ese país: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri
Este último movimiento de la defensa hizo que ganaran por lo menos tres semanas. La decisión surge tras un cambio repentino en el equipo de defensa de cuatro de los principales procesados, una táctica que, aunque legal, suele ser señalada como una herramienta típica para dilatar el avance de la justicia.
El pasado 14 de abril, la sede judicial recibió un escrito donde nuevos abogados solicitaron ser nombrados como defensores particulares en sustitución de cualquier abogado nombrado anteriormente. Esta movida dejó fuera del tablero a siete abogados que ya venían ejerciendo la representación técnica de los imputados.
Bajo el argumento de «desconocer el proceso penal» y haber recibido el poder apenas el 8 de abril en la Ciudad de Guatemala, la nueva defensa pidió suspender la audiencia especial programada originalmente para el 16 y 17 de abril.
Audiencias al congelador.
La jueza a cargo, tras valorar el derecho irrenunciable a la defensa técnica, cedió ante las peticiones, provocando un retraso en el calendario judicial:
• Audiencia de Revisión de Medidas: Estaba prevista para el 17 de abril de 2026. Ahora, los imputados ganaron tres semanas, pues la cita se movió al 7 de mayo.
• Juramentación de Peritos: Esta etapa crucial, donde se entregan los puntos de pericia para analizar el posible fraude, fue movida de inicios de mayo hasta los días 8 y 9 de junio de 2026.
Un caso de millones y empresas
El proceso, que se instruye bajo la referencia 166-2025-11/AC, gira en torno al delito de administración fraudulenta tipificado en el Art. 218 del Código Penal. Las víctimas son las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V.
Entre los procesados figuran Jorge Alberto Gaitán Castro, señalado como autor directo, junto a otros cómplices necesarios que ahora cuentan con nuevos defensores y más tiempo para preparar su estrategia antes de enfrentar al juez.
Mientras la defensa técnica argumenta la necesidad de un «plazo prudencial» para revisar los folios del expediente, el sistema de justicia salvadoreño vuelve a enfrentar el reto de balancear las garantías procesales con la celeridad que exigen las víctimas de delitos financieros. Por ahora, los informes al Ministerio de Hacienda y la entrega de copias del expediente son los únicos pasos que avanzan con firmeza en esta causa.
No es la primera vez que se reprograma una audiencia en este caso en beneficios de los sospechosos.
Durante la sesión plenaria 106, la Asamblea ratificó ayer —con 56 votos— la suscripción de un préstamo por $501.2 millones entre el Ejecutivo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital.
Este proyecto lo ejecutará el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), y se fundamenta en el uso eficiente de la innovación educativa mediante plataformas digitales y herramientas emergentes basadas en la inteligencia artificial, para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje al integrar tecnología y el acompañamiento de los docentes.
La petición del Ejecutivo a la Asamblea detalla que el programa será financiado con la modalidad de resultados específicos y medibles, es decir, los desembolsos que se efectúen dependerán de los avances en el aprendizaje, uso responsable y efectivo de la tecnología y el fortalecimiento institucional.
«En el programa se han identificado tres áreas de resultados que en un período de cinco años el BIRF estará monitoreando mediante un equipo de expertos», explicó en la comisión esta semana Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
La primera área de resultados a las que se refirió el funcionario se relaciona con mejorar el aprendizaje en los salones de clases, especialmente en la lectura y el desarrollo de matemáticas a través de una enseñanza estructurada, el empleo de recursos digitales y programas de refuerzo para estudiantes desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato.
En este apartado se ha integrado a los directores de los centros educativos para fortalecer su rol en el acompañamiento a los maestros.
La segunda área comprende fortalecer el sistema educativo mediante evaluaciones de aprendizaje, así como un mejor monitoreo y toma de decisiones, apoyadas por sistemas de información más robustos.
Mientras que la tercera promueve el uso de la tecnología, garantiza la conectividad, la entrega de dispositivos y plataformas digitales que apoyen el aprendizaje y el desarrollo de habilidades relevantes para la vida laboral.
«Para el logro de estos indicadores se requiere de insumos tecnológicos, materiales y recurso humano que el banco va a reconocer dentro del financiamiento», afirmó Herrera.
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un acercamiento con el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República Italiana, Sr. Giorgio Mulé, en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento de los lazos de cooperación y diálogo político entre El Salvador e Italia.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa expuso el proceso de transformación que impulsa El Salvador bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, haciendo referencia al contexto de crisis en materia de seguridad, economía y control territorial que enfrentó el país, así como a la implementación de una estrategia integral conformada por siete etapas, que ha permitido recuperar el orden, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y avanzar en procesos de reinserción social en las comunidades.
Asimismo, destacó que las reformas adoptadas en materia penal y procesal penal han sido herramientas necesarias para fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones y salvaguardar el bienestar de la población, en estricto apego al respeto de los derechos humanos. El Vicemandatario, extendió una invitación a Italia para participar como observador en los comicios electorales de 2027.
Por su parte, el Vicepresidente Giorgio Mulé expresó su interés en conocer con mayor profundidad las reformas impulsadas en El Salvador, particularmente en lo relativo a la legislación penal juvenil y al Código Penal, reconociendo además la transformación que el país ha experimentado en materia de seguridad y su impacto en la estabilidad del entorno regional.
En un ambiente de cordialidad y apertura, ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar promoviendo espacios de intercambio de experiencias y cooperación entre ambas naciones.
