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FOTOS: Conozca los perfiles de los cinco magistrados de la CSJ que estarán hasta el 2027
La tarde de este viernes, se llevó a cabo la Sesión Plenaria Ordinaria N°23, que tenía como punto único la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y de manera casi unánime los diputados de la Asamblea Legislativa, eligieron a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicica (CSJ), los cuales estarán al frente de la institución hasta noviembre de 2027.
Estos son los perfiles de los 5 magistrados:
Aldo Enrique Cáder Camilot, quien va como propietario, tiene 46 años de edad y actualmente en intendente de investigaciones de la Superintendencia de Competencias de la República, cargo que desempeña desde 2009. Tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad “José Simeón Cañas” (1996).
En 1997 formó parte de la Sala de lo Constitucional como colaborador jurídico en el área de Amparos donde trabajó 9 años. Tiempo después saltaría al cargo de coordinador en el área de inconstitucionalidades hasta fungir como secretario de esa misma instancia. Ha sido catedrático de Derecho Procesal Civil en la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y en la UCA.
Carlos Sergio Avilés Velásquez, tiene 56 años de edad, y se desempeña como propietario del Tribunal de Ética Gubernamental y fue propuesto por el Consejo Nacional de la Judicatura (CSJ) . Tiene diplomados en el tema de derecho internacional de los derechos humanos. Dentro de su experiencia laboral ha sido asesor jurídico de investigación desde 1995 hasta el 2000, esto lo llevó a ser colaborador jurídico en la Sala de lo Constitucional de la CSJ, trabajo que desempeñó hasta el hasta el 2010.
Fue nombrado como miembro de la Junta Directiva del Consejo de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) así como también del Instituto Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (ISNA). Fungió como magistrado suplente de la CSJ durante 2012 hasta el 2018.
Se graduó de Ciencias Jurídicas en la Universidad Alberto Masferrer y cuenta con un diplomado en Derecho internacional de los Derechos Humanos.
Carlos Ernesto Sánchez Escobar fue magistrado suplente en la CSJ en los periodos del 2015, cargo que desempeña hasta la fecha. Fungió como segundo magistrado de la Cámara Primero de lo penal de la primera sección del centro, así como de la cámara cuarta en Santa tecla. Su experiencia en las leyes lo llevó a desempeñarse como juez del tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador y en la cámara Cuarta de lo penal en el departamento de Sonsonate.
Cuenta con un master en Administración de Justicia Penal otorgado por la Universidad nacional de Costa Rica y es graduado en ciencias jurídicas de la Universidad de El Salvador (UES).
Marina Marenco de Torrento fue propuesta por la Federación de Asociaciones de abogados de El Salvador (FEDAES) y por 19 años estuvo al frente de la Procuraduría General de la República (FGR) en las áreas jurídicas, civil, comercial, adopción, custodia de menores y fue jefa del departamento jurídico.
Juez propietaria del juzgado Segunda de familia de San Salvador así como también en el departamento de Santa Ana desde 1994 hasta el 2001; llegó a ser magistrada suplente de Cámara de familia y a ser parte del Consejo de la Judicatura en 2016.
Dentro de su trayectoria académica, cuenta con una maestría en gerencia pública y justicia y seguridad otorgado por el Instituto de Investigación Ortega Gassett, en España. Es graduada en ciencias jurídicas de la UES.
Roberto Carlos Calderón Escobar fue propuesto por el CNJ y se desempeña como juez Décimo de Instrucción de San Salvador desde el 2016; así como juez del tribunal de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena y en el juzgado décimo de paz en San Salvador lo cual lo llevó hasta el juzgado especializado desde 2007 hasta el 2012.
Se convirtió en agente auxiliar del fiscal general de la república en la unidad de protección de la propiedad intelectual desde 1998 hasta 2003. Fue nombrado como miembro de la Asociación de jueces y magistrados de El Salvador y de la Asociación de jueces de paz.
Se convirtió en capacitador en seminarios especializados en derecho de propiedad intelectual, moral y patrimonial. Se graduó como licenciado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer y fue juramentado como abogado y notario.
Cuenta con un diplomado en derecho internacional de los Derechos Humanos y con una maestría judicial. Así como un postgrado en derecho constitucional y un seminario en acceso a la información pública en poder de los tribunales.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El modelo penitenciario impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está siendo adoptado por países como Perú, Costa Rica, Ecuador y Honduras, tanto en la administración de cárceles como en la construcción de nuevas instalaciones de alta seguridad, inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
En Ecuador, la cárcel El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, está en proceso de construcción y se espera que esté lista a finales de 2025. Esta prisión, diseñada al estilo de las megaprisiones salvadoreñas, tendrá capacidad para entre 700 y 800 internos de alta peligrosidad, según informó el Diario El Mercurio.
En Perú, la presidenta Dina Boluarte y el ex primer ministro Alberto Otárola manifestaron en marzo de 2024 su interés por replicar este modelo, y recientemente el alcalde de Lima solicitó asesoría técnica a El Salvador para construir una cárcel similar, en respuesta al aumento de la inseguridad.
Costa Rica también anunció la construcción de una megacárcel con capacidad para 5,000 reos, contando con la cooperación técnica salvadoreña, según declaró el ministro de Justicia Gerald Campos.
En Honduras, el gobierno de Roxana Castro implementa módulos de máxima seguridad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, siguiendo el modelo del Cecot.
Expertos en administración pública y seguridad destacan que este modelo ha transformado las cárceles salvadoreñas, con orden, disciplina, tecnología avanzada y programas innovadores como el Plan Cero Ocio, convirtiéndolo en un referente regional para el control efectivo y la rehabilitación en el sistema penitenciario.
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Protección Civil reporta más de 70 viviendas afectadas por lluvias y mantiene albergues activos en San Salvador y La Libertad
El director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que entre el 16 y el 26 de junio se han registrado alrededor de 70 viviendas afectadas por las lluvias en diferentes zonas del país. Del total, 40 presentan anegamientos, 28 tienen daños leves y dos han sufrido daños mayores.
Además, como resultado de las condiciones climáticas, se han contabilizado 192 árboles caídos, 31 deslizamientos de tierra, 176 vías obstruidas, dos ríos desbordados, cinco muros perimetrales dañados y 13 vehículos afectados.
Actualmente, tres albergues permanecen activos: dos en San Salvador y uno en La Libertad, donde se resguardan 66 personas (38 adultos y 28 menores), pertenecientes a 26 familias.
Amaya destacó que la institución mantiene una red nacional de 180 albergues preequipados, con capacidad para atender dignamente a más de 10,000 personas en caso de emergencia. En los centros activos se brindan servicios básicos como kits de higiene, insumos esenciales y alimentación. También se entregan paquetes alimentarios a las familias que han retornado a sus hogares.
El titular de Protección Civil hizo un llamado a la población a mantenerse alerta ante posibles riesgos en sus viviendas, especialmente si están ubicadas cerca de taludes, árboles de gran tamaño o estructuras vulnerables. Asimismo, recomendó tener preparada una mochila de emergencia con artículos esenciales, incluyendo documentos personales y de propiedad.
Finalmente, recordó que ante cualquier eventualidad, la ciudadanía puede comunicarse con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) a los números 2281-0888 o 7070-3307, disponibles las 24 horas del día.
