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Fiscalía gira órdenes de captura contra exfuncionarios de Obras Públicas por corrupción en proyecto SITRAMSS
La Fiscalía General de la República giró está madrugada órdenes de captura contra exfuncionarios del ministerio de Obras Públicas involucrados en la corrupción del proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).
Entre los detenidos está Edwin Ernesto Flores, exdirector de Tránsito del VMT por cargos arbitrarios, «por haber utilizado la concesión del carril segregado para uso exclusivo del sitrams sin haber cumplido con diferentes disposiciones legales que obligaban que la Asamblea autorizara la concesión, esto a raiz de una sentencia de inconstitucionalidad», explicó el titular del ministerio público.
Por estos mismos hechos se acusa al exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, «porque no cumplió con el procedimiento necesario que se establece en la LACAP así como en la constitución para concesionar este bien público».
#CasoSITRAMS | Esta madrugada, la @FGR_SV giró orden de captura para exfuncionarios de la gestión de Sánchez Cerén y un empresario, por irregularidades en la ejecución del SITRAMS. pic.twitter.com/fuV99LzaJ1
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 13, 2022
Delgado explicó que tienen información que este exfuncionario se encuentra residiendo en la República mexicana y en caso de no ser ubicado siempre será procesado como reo ausente.
Dentro de este procedimiento también estan dos casos de extorsión. Uno de ellos en contra de Nelson Napoleón García, quien fue exviceministro de transporte en administración de Martínez, y en contra de Miguel Angel González Diaz Castaneda.
«Estas personas conminaron bajo actos de intimidación y coacción a que los transportistas, que prestaban servicio en esa arteria donde posteriormente se construyó la terminal y la vía, que básicamente entregaran sus líneas de transporte lo que les provocó un perjuicio económico e hicieron maniobras para que el ministerio de obras públicas no fuera condenado por las conseciones», detalló el fiscal general.
Subcontrataciones, anticipos inauditos y prórrogas no justificadas son algunas de las irregularidades que se han encontrado en el proyecto del Sitramss. La terminal se construyó con $5.7 millones de dólares provenientes de un préstamo de $45 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Sitramss solo llegó a poner en operación 37 unidades cuando tenia capacidad para más de 200 unidades.
En 2017, la Sala optó como medida provisional habilitar el carril para todos los automovilistas y en 2019 resolvió que el uso exclusivo del Sitramss violentó el artículo 120 de la Constitución de la República que establece que «toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación».
El máximo tribunal de justicia señaló que el uso exclusivo del carril segregado debió pasar por una concesión hecha por la Asamblea Legislativa.
El Sitramss ha sido un proyecto cuestionado por diversas anomalías; este dividió a los empresarios del transporte público, ya que un grupo afín a aquel Gobierno del FMLN creó en tiempo récord la sociedad Sistema Integrado de Prepago (Sipago) –diciembre de 2010– y dejaron fuera del negocio a transportistas que no estaban de acuerdo en cómo se ejecutaría el proyecto.
Ahora las terminales y paradas de buses son propiedad del Estado, pero todas las unidades de transporte fueron adquiridas por Sipago, las cuales no están operando.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
