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Nacionales

Fiscal general apoya que se elimine el impuesto a la telefonía

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El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, aseguró que está de acuerdo en eliminar el impuesto de la telefonía que se usa  para financiar los temas de seguridad en el país. Sin embargo, cree que es necesario pero que se deben buscar mecanismos de obtener fondos que no afecten directamente a la población.

En ese sentido, sostiene que hay una afectación a la población porque está pagando de su bolsillo la seguridad en El Salvador, aunque paralelamente está la necesidad de alguna manera de tener esos fondos.

“Lo que yo diría es que se buscara la manera de obtener otros fondos que no salgan del bolsillo de la población. El dinero sí se necesita, pero no creería que a estas alturas estemos gravando a la población con este impuesto y se debería buscar otros mecanismos”, aseguró.

Reitera que no se puede estar cargando sólo al ciudadano todos los impuestos o contribuciones, ya que muchas veces el salvadoreño se siente demasiado cargado con todo este tipo de afectaciones.

“Creo que el nuevo Gobierno debe buscar otras vías de obtener fondos y que no necesariamente sean del ciudadano”, manifestó.

Sucesos

Identifican al sujeto que atropelló y mató a perro en San Salvador

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Ayer martes, circuló un video donde mostraba cuando un automovilista atropelló a un perro que estaba echado en una calle de la colonia Escalón, en San Salvador.

Ante esto, la unidad de bienestar animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció hoy mediante su cuenta oficial en Twitter que ya tiene todos los datos del carro y de la persona que atropelló y mató cruelmente al perrito.

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Judicial

Nueve condenados por delitos relativos al feminicidio de Karla Ayala

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El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para La Mujer de San Salvador condenó este día a imputados, vinculados con el caso del  feminicidio agravado en perjuicio de la agente Karla Mayarí Ayala Palacios.

El hecho se registró el 29 de diciembre de 2017 tras una fiesta navideña en el extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) y el cadáver fue hallado en septiembre de 2018 enterrado en el cantón Los Hornos de San Francisco Javier,  departamento de Usulután.

Al juicio fueron llevados trece sospechosos entre ellos quien fuere el jefe del GRP, subcomisionado Julio César Flores, quien estaba acusado de incumplimiento de eberes y fue sobreseído porque se logró comprobar que el dio la orden para que arrestaran a Juan Josué Castillo Arévalo, el principal sospechoso de la muerte de la agente Ayala.

“Ha quedado establecido que él dio las órdenes, coordinó que se le detuviera a Castillo, pero tampoco podía estar coordinado y persiguiendo al sospechoso”, dijo la jueza, al justificar la absolución del oficial.

Otros absueltos por falta de evidencia fueron Edwin Isaac Castillo Arévalo, Salvador Enrique Chávez y Víctor David Castillo Chávez.

Mientras que los condenados son los siguientes: Pedro Antonio Estrada Villalobos, a ocho años de cárcel y una responsabilidad civil de 3 mil dólares; Ovidio Antonio Pacheco Morales, a siete años y 3 mil dólares; Wilfredo Deras Hernández, a siete años y 3 mil dólares; Juan Antonio Linares Flores, a 4 años y 1,500 dólares; Josué Antonio Pérez Pineda, a 4 años y  1.500 dólares;  Alex Obdulo López Martínez a 4 años y 1,500 dólares; Edgar Alfonso Chavarría Castillo, a 3 años y mil dólares; y José Atilio Jiménez Castillo, a seis meses y 2 mil dólares.

Asimismo la corporación policial fue condenada al pago de 10 mil dólares en concepto de responsabilidad civil, por lo que la cantidad subsidiaria más la condena de cada uno de los sentenciados, hacen un total de 24 mil 500 dólares.

La PNC fue sentenciada además a garantizar ayuda psicológica para la familia de Karla Ayala, a proporcionarles becas de estudio a los dos hijos sobrevivientes y a brindarles una computadora a cada uno para que la puedan utilizar en sus estudios.

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Nacionales

Estos son los diputados que se recetaron los bonos más altos en plena pandemia

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En plena pandemia de coronavirus, diputados de la Asamblea Legislativa recibieron un bono que asciende a un monto total de $3 millones 183,456.2, el pasado mes de junio, revela una publicación periodística.

Dicho estímulo económico es correspondiente a un salario mensual adicional que se recibe a medio año. Es decir, que los parlamentarios ganaron doble salario en dicho mes, similar al monto recibido en diciembre.

El artículo detalla que quienes reciben mayor bono son los diputados propietarios como el presidente de la Asamblea Legislativa y legislador del PCN, Mario Ponce, quien recibió 5,781.72 dólares adicionales en junio, además de su sueldo que correspondería al mismo monto.

Por su parte, Norman Quijano y Alberto Romero, ambos parlamentarios de ARENA, habrían recibido 5,225.10 dólares, al igual que la legisladora por el FMLN, Yanci Urbina.

Solo la Junta Directiva requirió de $55,808.12 que fueron cancelados mientras el país se encontraba luchando con la pandemia.

Esta información ha sido duramente criticada por parte de los usuarios de las redes sociales, puesto que el alto monto que se pagó en bonos pudo ser utilizado en el combate contra el covid-19 y apoyado a los salvadoreños que fueron afectados económicamente.

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