Judicial
FGR acusa formalmente a expresidente de ARENA y dos exministros de Defensa por estafa a la Fuerza Armada
Esposados, con chalecos antibalas y casco protector, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento fiscal contra el expresidente del partido ARENA, Gustavo López Davidson y los exministros de Defensa, David Munguía Payés y José Atilio Benítez, como también contra el general Rafael Melara Rivera, el coronel Manuel de Jesús Romero y Héctor Abel Herrera, acusados de estafar a la Fuerza Armada con una permuta de armas.
El documento fue presentado en el juzgado de Paz de turno del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador y hasta donde fueron llevados cuatro de los imputados.
La Fiscalía señala a todos los imputados por los delitos de peculado y por falsedad documental agravada.
La investigación en contra de los sujetos inició luego que el Presidente Nayib Bukele denunciara a Gustavo López Davidson, que en ese momento era la máxima autoridad del Consejo Nacional del Partido ARENA, por estafar a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) durante la realización de una permuta de armas de fuego.
Por este motivo el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy interpuso una demanda en la Fiscalía General de la República para que iniciara el proceso investigación sobre este caso. Nueve meses después de esa denuncia, la Fiscalía ordenó su captura y del resto de los señalados.
“Dijeron que era mentira. Dijeron que era persecución política. Que era una persona honorable y que jamás traficaría con armas, que asesinaron, quien sabe cuánta gente inocente. Pues aquí está, quien hasta hace unos pocos meses, dirigía la organización criminal ARENA”, escribió en su cuenta de Twitter el Presidente Nayib Bukele tras conocer la captura de López Davidson.
Los arrestos fueron ejecutados por agentes de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Gustavo López Davidson es el representante legal de la empresa Centrum S.A de C.V., y es señalado de ser cómplice necesario en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente del Ministerio de la Defensa Nacional por un monto de $2,051,893.00 en un contrato de permuta de armas.
En su momento el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Javier Argueta, explicó que la denuncia que se presentó a la FGR incluyó una serie de documentos y facturas que hace constar el proceso de permuta de armamento que el Gobierno anterior realizó con la empresa Centrum, mismo que “está viciado” desde que se inició en 2013, en el gobierno del expresidente de la República, Mauricio Funes.
El abogado de la Presidencia detalló que, al revisar el contrato y las facturas de la transacción de las armas, se detectaron una serie de irregularidades como enmiendas que fueron hechas de manera informal. Expuso que estaban hechas a máquina de escribir y tenían tachaduras.
En esta operación el precio por unidad del armamento involucrado pasó de valer $480 a $280 y por último a $42, por lo que Argueta indicó que esto refleja una clara manipulación de la comisión que fijó los montos, lo cual evidencia una posible evasión de impuestos.
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La Fiscalía General de la República expuso al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador los alegatos finales en el juicio del exalcalde de la capital Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios por retener $5,492,588.48 de cuotas laborales.
Los fiscales hicieron una síntesis de cada uno de los elementos de prueba que durante el juicio fueron presentados y que a su juicio establece la participación de cada uno de los imputados.
Para Muyshondt, los fiscales pidieron condena de 22 años por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
Mientras que, 14 años para el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González, a quien le atribuyen apropiación y retención de cuotas laborales en perjuicio 45 trabajadores de la municipalidad e incumplimiento de deberes.
La Fiscalía solicitó 20 años para el extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, procesado de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes.
Mientras que para para Francisco José Rivera Chacón, señalado de apropiación indebida de retenciones tributarias, los fiscales pidieron 16 años.
La Fiscalía le expresó al tribunal que los testigos presentados fueron contundentes en manifestar la conducta dolosa de retener y apropiarse de los fondos.
Se mencionó que la directora de Finanzas y la pagadora de Desechos Sólidos, declararon que a través de correos electrónicos pidieron que se transfirieran los fondos para pagar las cuotas previsionales, pero Portillo Linares incumplió los procedimientos administrativos para el desembolso del dinero.
El ministerio público pidió a los jueces que se valore los documentos donde evidencia que a los empleados les hicieron las retenciones, pero nunca llegaron los desembolsos para pagar a diversas entidades, entre ellas las AFP e instituciones bancarias.
Rosa Lilian Hidalgo fue declarada culpable de abusar de un adolescente de 14 años de edad en el distrito de Conchagua, La Unión Sur.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó en las últimas horas que la mujer fue condenada a 20 años de prisión.
El informe fiscal revela que Hidalgo se aprovechó de la confianza que existía y abusó del adolescente en varias ocasiones.
Dichos abusos fueron cometidos entre los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, hasta que un familiar de la víctima denunció lo que sucedía.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), Anastasio Membreño Martínez fue condenado a 42 años y 8 meses de prisión por violar y agredir sexualmente a una menor de edad. La víctima tenía 12 años cuando Membreño Martínez cometió los crímenes.
Las pruebas presentadas en juicio fueron suficientes para que el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Morazán, condenara a Membreño Martínez a 26 años y 8 meses por violación en menor e incapaz agravada y a 16 por agresión sexual en menor o incapaz agravada.
En juicio, el fiscal del caso comprobó que entre el 1 y 6 de junio de 2023, el procesado agredió y violó a la menor de edad en la casa de la víctima ubicada en la colonia Prado, del cantón El Norte, del distrito de San Francisco Gotera, en Morazán.
El hombre aprovechó que la menor se encontraba sola en la habitación para cometer los delitos.
La menor de edad le contó a una hermana y a su mamá lo que el procesado le había hecho y denunciaron el crimen a las autoridades. El procesado fue condenado en rebeldía.
