Judicial
FGR acusa formalmente a expresidente de ARENA y dos exministros de Defensa por estafa a la Fuerza Armada
Esposados, con chalecos antibalas y casco protector, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento fiscal contra el expresidente del partido ARENA, Gustavo López Davidson y los exministros de Defensa, David Munguía Payés y José Atilio Benítez, como también contra el general Rafael Melara Rivera, el coronel Manuel de Jesús Romero y Héctor Abel Herrera, acusados de estafar a la Fuerza Armada con una permuta de armas.
El documento fue presentado en el juzgado de Paz de turno del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador y hasta donde fueron llevados cuatro de los imputados.
La Fiscalía señala a todos los imputados por los delitos de peculado y por falsedad documental agravada.
La investigación en contra de los sujetos inició luego que el Presidente Nayib Bukele denunciara a Gustavo López Davidson, que en ese momento era la máxima autoridad del Consejo Nacional del Partido ARENA, por estafar a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) durante la realización de una permuta de armas de fuego.
Por este motivo el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy interpuso una demanda en la Fiscalía General de la República para que iniciara el proceso investigación sobre este caso. Nueve meses después de esa denuncia, la Fiscalía ordenó su captura y del resto de los señalados.
“Dijeron que era mentira. Dijeron que era persecución política. Que era una persona honorable y que jamás traficaría con armas, que asesinaron, quien sabe cuánta gente inocente. Pues aquí está, quien hasta hace unos pocos meses, dirigía la organización criminal ARENA”, escribió en su cuenta de Twitter el Presidente Nayib Bukele tras conocer la captura de López Davidson.
Los arrestos fueron ejecutados por agentes de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Gustavo López Davidson es el representante legal de la empresa Centrum S.A de C.V., y es señalado de ser cómplice necesario en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente del Ministerio de la Defensa Nacional por un monto de $2,051,893.00 en un contrato de permuta de armas.
En su momento el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Javier Argueta, explicó que la denuncia que se presentó a la FGR incluyó una serie de documentos y facturas que hace constar el proceso de permuta de armamento que el Gobierno anterior realizó con la empresa Centrum, mismo que “está viciado” desde que se inició en 2013, en el gobierno del expresidente de la República, Mauricio Funes.
El abogado de la Presidencia detalló que, al revisar el contrato y las facturas de la transacción de las armas, se detectaron una serie de irregularidades como enmiendas que fueron hechas de manera informal. Expuso que estaban hechas a máquina de escribir y tenían tachaduras.
En esta operación el precio por unidad del armamento involucrado pasó de valer $480 a $280 y por último a $42, por lo que Argueta indicó que esto refleja una clara manipulación de la comisión que fijó los montos, lo cual evidencia una posible evasión de impuestos.
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El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
