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Feminicidios han reducido en El Salvador hasta en un 70%, según estadísticas fiscales
Hace apenas unos años en El Salvador a diario se registraban muertes violentas de mujeres, asesinadas principalmente por sus esposos o personas cercanas, sin embargo, desde el 2019 se reportó una disminución y a la fecha, estos crímenes continúan reduciéndose drásticamente hasta en 70%, según las estadísticas fiscales.
De acuerdo a los datos de la Fiscalía General de la República, desde 2018 se ha procesado 188 casos por feminicidio agravado, en ese año hubo 87 víctimas; tras finalizar el 2019, cuando inició el actual gobierno, las estadísticas se redujeron en 50% [45 denuncias por este delito]; en el 2020 hubo solo 29 casos y para el año pasado la tendencia continúo a la baja con 27 feminicidios.
La mayoría de víctimas han sido mujeres de entre 18 a 30 años, según el ministerio público. Entre los casos mediáticos de feminicidio recientes está la muerte de Flor García, quien fue asesinada por su esposo, Joel Valle, en marzo del año pasado y enterró los restos de la víctima en un predio en el kilómetro 32 de la carretera Panamericana, en Cojutepeque, Cuscatlán.
García fue reportada como desaparecida después de haber salido de su casa en Cojutepeque, Cuscatlán, hacia San Salvador a comprar insumos médicos para la clínica, en la que ambos trabajaban. En ese momento, su pareja supuestamente «estaba durmiendo», pero en su declaración, Valle sostuvo que «la vio salir», y así se contradijo ante la Policía.
El trabajo arduo de las autoridades permitió que, a los 101 días de haber reportado la desaparición localizaran el cuerpo de la víctima.
Otro caso fue el de Rubia Verónica Henríquez Madrid, de 39 años. Su esposo, Manuel Antonio Berríos, alertó al 911 que «la habían secuestrado hombres armados». Sin embargo, se determinó que Henríquez Madrid fue asesinada el 5 de noviembre por su compañero de vida en el km 34 de la autopista hacia Comalapa.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
