Judicial
Expresidente CSJ Armando Pineda podria ser encarcelado a 10 años por los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes
El grupo de abogados del empresario Enrique Rais, denunció penalmente al expresidente de CSJ Armando Pineda, por los delitos de Actos Arbitrarios e Incumplimiento de Deberes; el acusado podria purgar una pena de 10 años de prision.
Los defensores de José Aquiles Enrique Rais López, demostraron con base a la resolucion que emitió la ONU, que el exmagistrado Pineda Navas, aplicó justicia selectiva en contra de Enrique Rais, y los delitos emitidos por el expresidente de la CSJ, se encuentran la omisión de la ejecución de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), finalizo que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y que se le vulneraron todos sus derechos civiles y politicos.
El grupo de abogados exortaron al ministerio publico a que se lleve a cabo una investigación profundizada e independiente sobre la privación arbitraria de la libertad de José Aquiles Enrique Rais López y aplique medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.
El Abogado defensor Carlos Mauricio Miranda Rubio, afirmo que “Se han vulnerado derechos fundametales y principalmente que su afectación al derecho a la libertad es arbitraria, estamos consientes que el interes del señor Rais, ademas de alcarzar justicia en las demandas penales, se pretende que este caso se vuelba un presedente de justicia para visibilizae todas las demanda penales del sistema de justicia” asi lo descaco el defensor de Rais.
La Corte Suprema de Justicia excluyo dar cumplimiento a lo emitido por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais, ademas ignoro investigacines contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara.
La destitucion de Carlos Sanchez Escobar fue por los actos de violacion a Derechos Humanos y utilizacion Ilegal de su cargo, aplicando a su conveniencia selectivamente las leyes y la Constitucion, se espera que se le formule un antejuicio para comprobar los delitos de los cuales tambien se le acusa.
El exmagistrado Pineda Navas se le imputan los delitos de actos arbitrarios y según el artículo 230 del Código Penal, establece que “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Segun el artículo 321 del mismo código, el delito de incumplimiento de deberes establece que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
