Judicial
Estudiante que denunció a pandilleros por quererlo forzar a entrar a la Mara, fue asesinado por los mismos pandilleros
Por denunciar a un pandillero que lo acosaba para que fuera miembro de la estructura criminal, un joven estudiante fue asesinado en Santo Tomás zona estos mismos criminales asesinaron a un despachador de buses de la ruta 21 que denunció a un colaborador de ellos que trabajaba para otra ruta.
Un pandillero que participó en múltiples crímenes decidió confesar en un proceso judicial contra 23 de sus compinches, a cambio este recibió una serie de beneficios para que su condena no fuera tan severa.
Según el delator, Javier de León Rivera era un estudiante que antes de ser parte de la estructura criminal prefirió dedicarse al estudio y a trabajar con su familia para salir a adelante. Algo que lo condenó a muerte.
El joven habría intentado esquivar a toda costa el acoso de sus “amigos” quienes cada vez que se lo encontraban en la calle le recordaban la oferta para que se convirtiera en un colaborador de ellos.
El acoso ya era demasiado y de León decidió interponer una denuncia contra los delincuentes, algo que no fue del agrado de la pandilla. Por algún medio estos se enteraron de la queja y decidieron cobrar venganza de la única manera que sabían.
Luego de una deliberación Víctor Manuel A., alias el “Ganster”, Alirio Perfecto Q., alias “Gallo”, y otros dos criminales acorralaron al joven que fue privado de libertad y trasladado a una zona alejada de la gente.
Con cintas de zapatos y los cinchos que portaban, los delincuentes comenzaron a asfixiar al joven que intentó soltarse para salvar su vida, pero las cuerdas se estrechaban impidiéndole poder respirar. Los sujetos apretaban cada vez más y más hasta que la mirada del joven se desvaneció.
El cadáver del estudiante fue metido en un saco y trasladado en un taxi robado hasta Ilopango para dejarlo abandonado sobre un promontorio de basura y antes de irse le asentaron varias detonaciones en varias partes del cuerpo.
La muerte de Santiago
Para enero de 2016, Santiago Sánchez, un despachador de la ruta 21, terminó con varios disparos en su cuerpo luego de haber denunciado a un empleado de otra unidad de buses en Santo Tomás.
Según lo declarado por el testigo criteriado del caso, los delincuentes sospechaban que él había sido el responsable de entregar a la Policía a uno de sus colaboradores que trabajaba en cubierto en la ruta 37, que hace su recorrido de ese mismo municipio hasta San Salvador.
El detenido era el encargado de comunicar todos los movimientos extraños de las autoridades o de una persona extraña al lugar. Al quedarse sin su vigía y para demostrar su poderío, convocaron a una nueva reunión donde acordaron matarlo.
A bordo de un carro se aproximaron hasta donde estaba Santiago, sacaron sus armas y sin esperar mucho tiempo soltaron una ráfaga de disparos que terminaron inmediatamente con su vida. Su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto y bajo el sol abrazador del medio día de Santo Tomás.
Los relatos de estos dos casos y de otros delitos son la pieza clave que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso contra la estructura criminal que tiene a algunos de sus integrantes purgando penas por otros delitos cometidos.
Mientras el criteriado iba narrando los hechos de los que fue participe, varios de los imputados se echaban carcajadas y otros movían la cabeza de un lado a otro como muestra de inconformidad.
El Juzgado Especializado de Sentencia “C” dará a conocer este lunes el fallo en contra de los pandilleros para los que se ha solicitado condenas de hasta 150 años por los delitos de privación de libertad, homicidio agravado, robo agravado y organizaciones terroristas.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
