Judicial
Estudiante que denunció a pandilleros por quererlo forzar a entrar a la Mara, fue asesinado por los mismos pandilleros
Por denunciar a un pandillero que lo acosaba para que fuera miembro de la estructura criminal, un joven estudiante fue asesinado en Santo Tomás zona estos mismos criminales asesinaron a un despachador de buses de la ruta 21 que denunció a un colaborador de ellos que trabajaba para otra ruta.
Un pandillero que participó en múltiples crímenes decidió confesar en un proceso judicial contra 23 de sus compinches, a cambio este recibió una serie de beneficios para que su condena no fuera tan severa.
Según el delator, Javier de León Rivera era un estudiante que antes de ser parte de la estructura criminal prefirió dedicarse al estudio y a trabajar con su familia para salir a adelante. Algo que lo condenó a muerte.
El joven habría intentado esquivar a toda costa el acoso de sus “amigos” quienes cada vez que se lo encontraban en la calle le recordaban la oferta para que se convirtiera en un colaborador de ellos.
El acoso ya era demasiado y de León decidió interponer una denuncia contra los delincuentes, algo que no fue del agrado de la pandilla. Por algún medio estos se enteraron de la queja y decidieron cobrar venganza de la única manera que sabían.
Luego de una deliberación Víctor Manuel A., alias el “Ganster”, Alirio Perfecto Q., alias “Gallo”, y otros dos criminales acorralaron al joven que fue privado de libertad y trasladado a una zona alejada de la gente.
Con cintas de zapatos y los cinchos que portaban, los delincuentes comenzaron a asfixiar al joven que intentó soltarse para salvar su vida, pero las cuerdas se estrechaban impidiéndole poder respirar. Los sujetos apretaban cada vez más y más hasta que la mirada del joven se desvaneció.
El cadáver del estudiante fue metido en un saco y trasladado en un taxi robado hasta Ilopango para dejarlo abandonado sobre un promontorio de basura y antes de irse le asentaron varias detonaciones en varias partes del cuerpo.
La muerte de Santiago
Para enero de 2016, Santiago Sánchez, un despachador de la ruta 21, terminó con varios disparos en su cuerpo luego de haber denunciado a un empleado de otra unidad de buses en Santo Tomás.
Según lo declarado por el testigo criteriado del caso, los delincuentes sospechaban que él había sido el responsable de entregar a la Policía a uno de sus colaboradores que trabajaba en cubierto en la ruta 37, que hace su recorrido de ese mismo municipio hasta San Salvador.
El detenido era el encargado de comunicar todos los movimientos extraños de las autoridades o de una persona extraña al lugar. Al quedarse sin su vigía y para demostrar su poderío, convocaron a una nueva reunión donde acordaron matarlo.
A bordo de un carro se aproximaron hasta donde estaba Santiago, sacaron sus armas y sin esperar mucho tiempo soltaron una ráfaga de disparos que terminaron inmediatamente con su vida. Su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto y bajo el sol abrazador del medio día de Santo Tomás.
Los relatos de estos dos casos y de otros delitos son la pieza clave que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso contra la estructura criminal que tiene a algunos de sus integrantes purgando penas por otros delitos cometidos.
Mientras el criteriado iba narrando los hechos de los que fue participe, varios de los imputados se echaban carcajadas y otros movían la cabeza de un lado a otro como muestra de inconformidad.
El Juzgado Especializado de Sentencia “C” dará a conocer este lunes el fallo en contra de los pandilleros para los que se ha solicitado condenas de hasta 150 años por los delitos de privación de libertad, homicidio agravado, robo agravado y organizaciones terroristas.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
