Judicial
Estudiante que denunció a pandilleros por quererlo forzar a entrar a la Mara, fue asesinado por los mismos pandilleros
Por denunciar a un pandillero que lo acosaba para que fuera miembro de la estructura criminal, un joven estudiante fue asesinado en Santo Tomás zona estos mismos criminales asesinaron a un despachador de buses de la ruta 21 que denunció a un colaborador de ellos que trabajaba para otra ruta.
Un pandillero que participó en múltiples crímenes decidió confesar en un proceso judicial contra 23 de sus compinches, a cambio este recibió una serie de beneficios para que su condena no fuera tan severa.
Según el delator, Javier de León Rivera era un estudiante que antes de ser parte de la estructura criminal prefirió dedicarse al estudio y a trabajar con su familia para salir a adelante. Algo que lo condenó a muerte.
El joven habría intentado esquivar a toda costa el acoso de sus “amigos” quienes cada vez que se lo encontraban en la calle le recordaban la oferta para que se convirtiera en un colaborador de ellos.
El acoso ya era demasiado y de León decidió interponer una denuncia contra los delincuentes, algo que no fue del agrado de la pandilla. Por algún medio estos se enteraron de la queja y decidieron cobrar venganza de la única manera que sabían.
Luego de una deliberación Víctor Manuel A., alias el “Ganster”, Alirio Perfecto Q., alias “Gallo”, y otros dos criminales acorralaron al joven que fue privado de libertad y trasladado a una zona alejada de la gente.
Con cintas de zapatos y los cinchos que portaban, los delincuentes comenzaron a asfixiar al joven que intentó soltarse para salvar su vida, pero las cuerdas se estrechaban impidiéndole poder respirar. Los sujetos apretaban cada vez más y más hasta que la mirada del joven se desvaneció.
El cadáver del estudiante fue metido en un saco y trasladado en un taxi robado hasta Ilopango para dejarlo abandonado sobre un promontorio de basura y antes de irse le asentaron varias detonaciones en varias partes del cuerpo.
La muerte de Santiago
Para enero de 2016, Santiago Sánchez, un despachador de la ruta 21, terminó con varios disparos en su cuerpo luego de haber denunciado a un empleado de otra unidad de buses en Santo Tomás.
Según lo declarado por el testigo criteriado del caso, los delincuentes sospechaban que él había sido el responsable de entregar a la Policía a uno de sus colaboradores que trabajaba en cubierto en la ruta 37, que hace su recorrido de ese mismo municipio hasta San Salvador.
El detenido era el encargado de comunicar todos los movimientos extraños de las autoridades o de una persona extraña al lugar. Al quedarse sin su vigía y para demostrar su poderío, convocaron a una nueva reunión donde acordaron matarlo.
A bordo de un carro se aproximaron hasta donde estaba Santiago, sacaron sus armas y sin esperar mucho tiempo soltaron una ráfaga de disparos que terminaron inmediatamente con su vida. Su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto y bajo el sol abrazador del medio día de Santo Tomás.
Los relatos de estos dos casos y de otros delitos son la pieza clave que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso contra la estructura criminal que tiene a algunos de sus integrantes purgando penas por otros delitos cometidos.
Mientras el criteriado iba narrando los hechos de los que fue participe, varios de los imputados se echaban carcajadas y otros movían la cabeza de un lado a otro como muestra de inconformidad.
El Juzgado Especializado de Sentencia “C” dará a conocer este lunes el fallo en contra de los pandilleros para los que se ha solicitado condenas de hasta 150 años por los delitos de privación de libertad, homicidio agravado, robo agravado y organizaciones terroristas.
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
